El juez afea a Javier Martínez que entregara la documentación ante el Juzgado de Guardia, y no ante el instructor
(Jesús Bastante).- El «caso Romanones» sigue su curso con importantes novedades, después de que tras varios requerimientos y ser forzado por la Santa Sede el arzobispo de Granada entregara al juez «la documentación integra reiteradamente solicitada» sobre los abusos a Daniel. En un nuevo auto, que esta tarde se ha notificado a las partes, el magistrado Antonio Moreno ha ordenado la apertura de una pieza separada para investigar toda la documentación.
En un auto al que ha tenido acceso RD, el magistrado agradece la colaboración del Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe, y desmiente, como aseguraba Javier Martínez, que la documentación entregada sea de carácter privado o pueda acogerse al secreto pontificio. A la vez, aclara que, hasta que la Audiencia Provincial de Granada no se pronuncie respecto a los recursos, los doce investigados -diez curas y dos laicos- siguen estando imputados por delitos de abusos y contra la identidad sexual.
En un principio, la documentación solicitada reiteradamente por el magistrado debería contener los informes con los interrogatorios íntegros a los diez sacerdotes y dos laicos encausados, aunque algunas fuentes consultadas apuntan a que, previsiblemente, el arzobispo únicamente rindiera informe sobre los tres curas sancionados a divinis, en cuyo caso estaría cometiendo un delito canónico.
Respecto a los «Romanones», como decimos, el juez vuelve a aclarar en su auto que, hasta que la Audiencia Provincial de Granada no resuelva -previsiblemente en septiembre- acerca de la prescripción o no de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales que se investigan, se mantiene la imputación de los diez sacerdotes y dos laicos denunciados por Daniel. No es cierto, pues, que la investigación se circunscriba única y exclusivamente al padre Román, como algunos pretenden difundir.
Según ha podido saber RD, el magistrado agradece en dicho auto la estrecha colaboración tanto del Papa Francisco como de la Congregación para la Doctrina de la Fe, obviando a Javier Martínez, a quien sí afea el hecho de que entregara la documentación ante el juzgado de Guardia, y no ante el juez instructor.
Para el juez, una primera lectura del contenido ratifica la necesidad de las pruebas solicitadas al arzobispo de Granada en una decena de ocasiones -con tres apercibimientos- y subraya cómo la documentación no afecta a actos privados fuera de los investigados.
Además, el magistrado deja claro que, en contra de lo que afirmó en repetidas ocasiones el arzobispo de Granada como pretexto para evitar entregar la documentación, la Congregación para la Doctrina de la Fe no hace constar en ningún momento que la información requerida sea secreta, como tampoco lo es la instrucción, una vez que en enero pasado se levantó el secreto de las investigaciones. Es más: achaca al prelado que, si consideraba secretas las mismas, no debía haberlas entregado en otro juzgado que no fuera el de Instrucción número 4.
En cuanto al tan manido «secreto pontificio», el magistrado subraya que no existe tal, y se apoya en las declaraciones del Papa Francisco reclamando la investigación hasta el último detalle, y en los propios Acuerdos Iglesia-Estado. No obstante, dada la especial situación de algunos imputados -sacerdotes que podrían estar afectados, en caso de juicio penal, por la legislación internacional-, el juez Moreno declara reservada la citada documentación, que pasará a constituir pieza separada (aunque unida a la instrucción del proceso penal), de forma que las actuaciones canónicas no sean divulgadas a personas ajenas a la causa.
En consecuencia, las partes -acusaciones particulares, fiscalía y abogados defensores- podrán acceder a dicha documentación personándose en la Secretaría del Juzgado para su examen, pero éstas no podrán ser entregadas en copia, imágenes o datos. En dicho momento, las partes podrán saber si el arzobispo de Granada interrogó, o no, a todos los «Romanones», qué novedades plantean dichos interrogatorios -que supuestamente se llevaron a cabo semanas antes de que se destapara el caso y de que fueran interrogados o detenidos por la Policía- y, también, si la máxima autoridad eclesiástica en la diócesis tiene algún tipo de responsabilidad en el caso.
