El recorte que propone IU persigue la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis
El Partido Popular ha presentado en una de sus enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) un nuevo mecanismo de financiación de la Iglesia Católica, con el objetivo de establecer un sistema «con carácter estable», según consta en la justificación de la propuesta, que ha sido recogida por Europa Press.
Así, el texto presentado por el Gobierno en un principio establece que el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros en 2016, lo que supone cerca de 159 millones de euros para el próximo año, a cuenta de lo que espera recaudar con la casilla de la Iglesia del IRPF.
De esta forma se mantendría la cuantía que la Iglesia recibió por parte del Estado durante 2015 (en 2014 el Gobierno incrementó levemente esta cuantía, de los 158,4 millones anuales, a los cerca de 159 que planeó para 2015).
Estos 159 millones previstos por el Gobierno en el proyecto de ley equivalen a la previsión de ingresos por los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia del IRPF, por la que otorgan el 0,7% a la institución.
La previsión de este anticipo, según precisan a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal, se realiza en base a lo recaudado el año anterior a través de la ‘X’ a la Iglesia en el IRPF, que según el último ejercicio, correspondiente a la Declaración de 2013 ascendió a 247,5 millones de euros, lo que supondría entregar a la Iglesia 20,6 millones al mes.
Ahora bien, el PP en su enmienda plantea que el cálculo de las transferencias mensuales se realice en función de la última Declaración liquidada, en lugar de la previsión de ingresos para el ejercicio corriente como se hacía hasta ahora.
Por otro lado, se mantendría, tal y como aparece en el proyecto de ley, la obligación de que antes del 30 de noviembre de 2017 se efectúe una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2016, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2018.
En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente, según recoge el texto.
IU quiere recortar la financiación eclesiástica
Izquierda Unida, por su parte, ha solicitado en una de sus enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que se rebaje del 0,7% actual al 0,5% la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la Declaración de la Renta su voluntad de financiar la Iglesia Católica.
Asimismo, plantea disminuir hasta los 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la Iglesia en 2016, al mismo tiempo que pone como fecha el 31 de diciembre de 2018 el plazo para que ésta se autofinancie con las donaciones de los fieles.
«Se propone recortar razonablemente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia Católica a su autofinanciación», señala IU en la argumentación de la enmienda recogida por Europa Press.
A su vez, IU plantea en otra enmienda al PGE la supresión del «privilegio de emisiones de certificaciones sobre bienes inmobiliarios de la Iglesia Católica».
Según justifica en su enmienda, la Ley Hipotecaria autoriza a la Iglesia a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos. Entre otros casos, destaca el de la Mezquita de Córdoba, «del que la Iglesia se apropió en 2006».
Por ello, cree que hay que promover la revisión de la Ley Hipotecaria para suprimir ese «anacrónico privilegio». De hecho, en su enmienda llama a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Hipotecaria por «vulnerar lo establecido» en la Constitución sobre la aconfesionalidad del Estado. (RD/Agencias)
