En el escrito enviado a Roma se transmite el desencanto por la actuación del Papa Francisco, quien llamó a la víctima y no hizo lo propio con los presuntos abusadores, encubridores o cómplices
(Jesús Bastante).- Cambio de estrategia en la defensa del «clan de los Romanones». Si hasta la fecha todos los intentos, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, se basaban en intentar demostrar las pruebas contra los diez sacerdotes y dos laicos acusados de abusos sexuales a menores en la diócesis de Granada, después de que la Santa Sede forzara al arzobispo Javier Martínez a entregar al juez instructor la documentación canónica del caso, las cosas han cambiado.
Según ha podido saber RD, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha recibido, por dos vías, una dura carta de los representantes de este grupo en la que arremeten contra el Vaticano, a quien acusan de revelación de secretos e indefensión. Al tiempo, atacan con fiereza a Martínez, a quien achacan haberles abandonado a su suerte. La misiva se conoce justo en el momento en que la Audiencia Provincial debe decidir sobre la prescripción o no de los delitos por los que son investigados.
El escrito, remitido el pasado mes de agosto al Vaticano por los abogados y el asesor canónico de los doce investigados, tiene como origen la decisión de Roma de entregar (contra el insistente criterio inicial del arzobispo de Granada) toda la documentación eclesiástica, en la que se reconoce que existe «apariencia delictiva» en los hechos denunciados por el joven «Daniel» y que motivaron la llamada del Papa Francisco, quien le pidió perdón en nombre de la Iglesia y le animó a denunciar.
En concreto, la defensa del padre Román y sus compañeros critica que la Santa Sede haya entregado al juez la documentación eclesiástica, que consideran vulnera las reservas del procedimiento canónico, y provoca indefensión en sus defendidos. Fuentes vaticanas consultadas por este diario estiman que, después de la confusión de los primeros meses -alimentada por la falta de colaboración del arzobispo de Granada-, la Santa Sede decidió seguir los pasos indicados por el Papa. «Que cada palo aguante su vela».
Mientras tanto, Javier Martínez pasaba de una petición pública de perdón -con escenificación en el suelo de la catedral incluida- a una defensa numantina de sí mismo, para -después de las instrucciones de Roma- pasar a un segundo plano a la espera de los acontecimientos.
En el escrito enviado a Roma se transmite el desencanto por la actuación del Papa Francisco, quien llamó a la víctima y no hizo lo propio con los presuntos abusadores, encubridores o cómplices. Para la defensa de los «Romanones», la actuación del Vaticano y de Martínez ha fomentado la presunción de culpabilidad de los investigados.
En los informes eclesiásticos remitidos al juez instructor, Javier Martínez asume la verosimilitud de las acusaciones contra los miembros del clan, al tiempo que reconoce que varios de los «Romanones» pudieron ser víctimas de abusos en el pasado, para posteriormente convertirse en cómplices de las atrocidades cometidas contra varios menores. Siete de esos sacerdotes continúan, a día de hoy, ejerciendo como tales en diversas parroquias de Granada, mientras que el profesor de Religión, S. Q., ha sido readmitido en su puesto en virtud de una resolución judicial, recurrida tanto por la Junta como por el Arzobispado.
En cuanto al informe del sacerdote encargado de la investigación canónica, se sostiene que «los sacerdotes forman un grupo muy compacto y cerrado», avalando las tesis de las acusaciones particulares, quienes esperan que la Audiencia estime los recursos para considerar a los doce investigados como «asociación ilícita» y corruptores de menores, de modo que sus posibles delitos no hubieran prescrito desde el punto de vista penal. Canónicamente ninguno de ellos ha prescrito.
Como se recordará, en el informe canónico el arzobispo de Granada admite expresamente ante la Congregación para la Doctrina de la Fe que este grupo de sacerdotes están desproporcionadamente presentes en el Consejo Presbiteral de la diócesis, y que uno de ellos -como ya se publicó- era juez del Tribunal Eclesiástico. Al tiempo, advierte de su actitud virulentamente defensiva y su distanciamiento doctrinal con la Iglesia, pese a dar la impresión de una radicalidad en su vida en común.
Los datos confirman que todos los imputados mantenían una vida en común, con propiedades comunes, pese a no conformar oficialmente una hermandad o asociación aprobadas por la diócesis. Pese a todo, se les permitió -aún lo hacen muchos- continuar viviendo juntos y compartiendo sus bienes.
De hecho, la semana pasada, el juez instructor del caso, Antonio Moreno, al declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada, asumía que los sacerdotes investigados formaban un grupo «muy conocido en una ciudad como Granada, en el propio Arzobispado y por el arzobispo por su idiosincrasia propia de vida comunal, y bajo cuya autoridad se encuentran de forma directa». Se da la circunstancia de que la diócesis, hasta el momento no ha recurrido esta posible responsabilidad civil, que se daría en el caso de que alguno de los imputados fueran condenados.
