El auto deja en mal lugar a la diócesis, toda vez que la única razón para la desimputación es la prescripción civil. Pero en el ámbito eclesiástico, los delitos no han prescrito
(Jesús Bastante).- Un año después de que salieran a la luz los presuntos abusos sexuales sufridos por el joven «Daniel» por parte de varios sacerdotes de Granada, conocidos como el «clan de los Romanones», y tras la intervención directa del Papa Francisco, el juez instructor del caso, Antonio Moreno, ha decretado el fin de la instrucción y su traslado a sumario, que a partir de ahora pasa a la Audiencia Provincial de Granada, quien habrá de poner fecha al comienzo del juicio.
En el auto final, al que ha tenido acceso RD, el magistrado confirma que de la instrucción del caso «se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten (…) imputar a Roman Martinez Velazquez de Castro por los hechos presuntamente cometidos por el mismo sobre la persona de («Daniel»), que podrían ser constitutivos de delito de Abuso Sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal, y tentativa de introducción de miembro viril, y prevalimiento del art. 181,1.3.4. y 5 del código penal castigado con pena de prisión de cuatro a diez años , y en su mitad superior».
Al tiempo, el juez explicita, hasta en dos ocasiones, que la única razón para la prescripción de los delitos de los que han sido investigados los otros once miembros del clan es la «aplicación legal obligatoria». Esto es: que el tiempo transcurrido entre la comisión de los posibles delitos y su denuncia ha sido demasiado.
Por si cupiera duda, el magistrado recalca, en otro momento del auto, que por providencia de fecha 7 de octubre de 2015 en cumplimiento de dicho auto «se dejan sin efecto, por la prescripción declarada, y no por otro motivo», la imputación de todos a excepción de Roman Martinez Velazquez de Castro.
Al tiempo, el auto recuerda que «se declara la responsabilidad civil Subsidiaria del Arzobispado de Granada«. La lectura del escrito deja en un lugar delicado a la diócesis, toda vez que se reitera que la única razón para no seguir investigando los hechos no relativos al padre Román está en la prescripción civil de los presuntos delitos. La diferencia se encuentra en que, en el ámbito eclesiástico, dichos delitos no han prescrito y deberían ser juzgados.
A partir de ahora, será la Audiencia Provincial de Granada la que determine la fecha de inicio del juicio, así como nuevas tomas de declaración. Pero, un año después, el «caso Romanones» toma un nuevo rumbo.
Por otro lado, un grupo de padres de Atarfe (Granada) ha iniciado una recogida de firmas en rechazo a que dé clases de catequesis a sus hijos en la Iglesia Santa Ana de la localidad un sacerdote que fue inicialmente imputado en el llamado ‘caso Romanones’, en el que se investigan supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes a menores en Granada, pero cuyos delitos quedaron declarados como prescritos.
Aunque este sacerdote fue imputado en un principio en la causa, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el asunto, declaró prescritos los delitos que se le atribuían a él y otros diez imputados más, decisión que posteriormente respaldó la Audiencia Provincial, por lo que la causa sólo continúa contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C..
Pese a ello, los padres se muestran reticentes a que este sacerdote dé clases de catequesis a sus hijos, de entre 7 y 9 años, y reclaman al Arzobispado de Granada que le sustituya por otra persona, según ha detallado a Europa Press una de las madres afectadas, Esther Moreno, quien ha precisado que el asunto afecta a un centenar de escolares.
Algunos de ellos han dejado de ir a catequesis porque sus padres «no están tranquilos», tal y como avanza este miércoles ‘Ahora Granada’ y, aunque se muestran conscientes de que esta persona «tiene derecho a seguir con su vida», censuran el «poco tacto demostrada por el Arzobispado» al ocuparle en esta labor.
Moreno ha querido subrayar que el Juzgado declaró prescritos los delitos que se atribuían inicialmente al sacerdote en cuestión, pero no se abordó el fondo del asunto, por lo que creen que lo más correcto es que otra persona se haga cargo de las clases de catequesis.
«Judicialmente tenemos las manos atadas», ha reconocido Moreno, motivo por el que los padres han iniciado una recogida de firmas y han convocado una concentración para el próximo viernes en Atarfe para pedir la sustitución de este sacerdote.
