Maestre, la poeta Dolors Miguel o el artista Abel Azcona
Izquierda Unida ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla un grupo de medidas para promover un estado laico, separado de la religión. La iniciativa busca acabar con los privilegios de la Iglesia Católica» en sus relaciones con los poderes públicos y a avanzar hacia un «Estado más democrático, que esté libre de injerencias y ataduras religiosas».
Entre las propuestas figura que el Ayuntamiento no mantenga su presencia, como representantes públicos, en acontecimientos y/o manifestaciones religiosas. Esto implica «el cese de las invitaciones que se hacen desde la Alcaldía a estos actos y la reserva de espacios para los grupos municipales en misas, procesiones u otros eventos de cualquier confesión».
Que todos los actos organizados por el Ayuntamiento sean «exclusivamente civiles y sin connotaciones ni simbologías religiosas».
Por su parte, UPN ha planteado en el Pleno de la Cámara del Congreso que se ratifique el artículo 16 de la Constitución que vela por la libertad religiosa e ideológica, pidiendo que se persigan «todos los ataques y ofensas» que en los últimos tiempos se han producido contra la libertad religiosa, contra la religión católica y sus fieles, y contra el derecho de los ciudadanos a profesar su fe de forma libre.
Así, recuerda la actuación de la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o del artista pamplonés Abel Azcona, con su obra basada en el robo de formas consagradas.
«Recientemente hemos conocido innumerables actos, algunos de los cuales bien han sido protagonizados personalmente por cargos públicos bien han sido promovidos y financiados desde distintas administraciones públicas«, sostiene la formación regionalista en la argumentación de esta proposición no de ley, que ha sido recogida por Europa Press, para su debate en el Pleno del Congreso.
Concretamente, apunta a la actuación de la actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, irrumpiendo en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid mientras otros estudiantes y personal de la universidad rezaban; la exposición organizada por el Ayuntamiento de Pamplona del artista local Abel Azcona, basada en el robo de formas consagradas; o la versión del Padrenuestro de la poetisa Dolors Miguel, con motivo de los Premios Ciudad de Barcelona, «saludado con entusiasmo por la alcaldesa de Barcelona».
Garantizado en la Constitución
Según defiende, la libertad religiosa es una de las libertades públicas que la Constitución garantiza y protege y, además, señala que «corresponde a los poderes públicos» promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean «reales y efectivas».
«Expuesto el marco constitucional que ampara la libertad religiosa, sin embargo, en demasiadas ocasiones y con una excesiva contemporización o indiferencia general observamos que los ataques y ofensas al sentimiento religioso son cada día más frecuentes y, mucho tememos, más organizados. Si la convivencia deja de alimentarse de tolerancia, sencillamente se seca», lamenta el diputado de UPN Carlos Salvador, autor de la iniciativa.
A su juicio, la proliferación de actos ofensivos contra la libertad religiosa supone un «retroceso objetivo» de la convivencia, a pesar de que «algunos» tratan de amparar dichas manifestaciones dentro del paragüas de la libertad de expresión y de creación artística.
En este sentido, subraya que deben carecer de justificación o amparo constitucional los actos ofensivos, las campañas injuriosas, los escraches o, «todavía más doloroso», los actos de acoso acompañados de presión o violencia en las personas.
«El ejercicio de las libertades de cada cual exige un espacio de respeto con las libertades de los demás, y así el Estado en todas sus manifestaciones y foros debe, a juicio de UPN, contribuir positivamente a que ese espacio no sea violado», añade.
Votación en el Congreso
Por todo ello, plantea en primer lugar una votación en el Pleno de la Cámara Baja en la que se reafirme la vigente del artículo 16 de la Constitución, donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos.
A su vez, quiere instar al Gobierno a promover aquellas condiciones que mejor garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en España, así como a velar para que el Estado y las distintas confesiones religiosas mantengan las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.
Por otro lado, plantea fiscalizar la actuación de las administraciones públicas, de modo que respeten el carácter aconfesional del Estado, sin que se transforme en laicidad negativa, además de que se mantenga en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que le son propios, y extremar la vigilancia para combatir eficazmente el fenómeno de la radicalización.
(RD/EP)
