Asegura que la CEE está "preocupada" por la "falta de espacios de entendimiento" tras tres meses desde las elecciones
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha advertido contra «el laicismo que intenta imponer una confesionalidad laica» en el espacio público y «los fundamentalismos que pretenden imponer por la fuerza unas convicciones a los demás», dos de las cuestiones que, a su juicio, «pueden suponer problemas a medio y largo plazo».
«Los cristianos tenemos una manera de entender la vida, la muerte, el amor, la familia, y eso no lo podemos dejar en casa guardado, o solo para casos de dificultad. Lo mostramos en nuestras fiestas, lo mostramos en nuestro aprecio a la vida, lo mostramos en nuestra cultura. Y es lo que ha conformado nuestra cultura española a lo largo de los últimos 2000 años«, ha manifestado.
En todo caso, ha subrayado que, en estos momentos, la preocupación de la Iglesia española son «los via crucis de la gente que lo está pasando mal», especialmente aquellos que «no llegan a fin de mes» y tienen que acudir a los dispensarios, así como los jóvenes que emigran en busca de oportunidades.
«Es un via crucis que está en nuestras calles no solamente en Semana Santa sino el resto de días santos del año», ha asegurado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, al ser preguntado por la intención expresada en algunos municipios de eliminar las celebraciones públicas de la Semana Santa.
Sobre el sentido de la celebración del Viernes Santo, ha explicado que «un mensaje de paz y de consuelo y de cercanía». «Recordamos la muerte de alguien que dividió el tiempo en dos partes. Murió en una cruz perdonando pero, al mismo tiempo, murió para ser consuelo de todos aquellos que se ven metidos en el sinsentido de mucha gente, como en este caso el golpazo de la muerte, de la violencia, de una injusticia manifiesta hacia lo más esencial que es la vida».
Así, ha señalado el Viernes Santo como una festividad que pone a la sociedad «muy delante» de las víctimas de los atentados de Bruselas y «de las víctimas de todas las injusticias, los refugiados y tanta gente que está sufriendo». «Por la cruz se llega a la resurrección, la palabra final no la tiene el mal, no la tiene la muerte, la tiene la esperanza, la tiene la resurrección, la tiene Cristo, la tiene Dios», ha explicado.
En este sentido, ha recordado a las víctimas del atentado en Bélgica y ha condenado el hecho como «la irracionalidad más absoluta» y como una «profanación del nombre de Dios» que «no puede justificar nunca una violencia contra algo tan elemental como es el derecho a la vida y, sobre todo, la vida de unos inocentes».
También se ha referido a los refugiados y ha condenado el acuerdo alcanzado por los países de la UE como «un acuerdo injusto» y como «encaje de bolillos» desde el punto de vista legal. «Europa no puede perder, por la presión que sea o por las circunstancias que sean, lo que constituye una de sus esencias y uno de sus valores que es la hospitalidad. Incluso cuando falsamente se extiende la sospecha de que pueden alterar nuestra seguridad. La seguridad se basa en el respeto y en la justicia, no simplemente en una cerrazón», ha reivindicado.
PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN POLÍTICA
En lo referente a la situación política española, Gil Tamayo ha asegurado que la CEE está «preocupada» por la «falta de espacios de entendimiento» tras tres meses desde las elecciones del 20 de diciembre y ha asegurado que la ciudadanía «exige un entendimiento pronto para una gobernabilidad segura, que garantice la mejora, la situación económica, las condiciones de vida y el ejercicio y desarrollo de una vida democrática plena», eso sí «de acuerdo con la Constitución, que es incuestionable».
«Los tiempos han cambiado pero yo creo que hay cuestiones a las que España y los grandes hombres de nuestra Transición Política llegaron y yo creo que es una herencia que no podemos perder. Es un estilo que nos ayudará como pueblo a afrontar el futuro con esperanza porque vamos de la mano unos y otros sin buscar y sin mirar tanto lo que nos para o lo que nos diferencia y sí lo que nos une, que es infinitamente más», ha apostillado.
ROMPER LOS ACUERDOS IGLESIA-ESTADO
Además, en referencia a las promesas de algunos partidos de revisar o romper los acuerdos del Estado con la Iglesia Católica, se ha mostrado convencido de que «a la gente no le preocupan los acuerdos» sino «el paro» y ha asegurado que el modelo de acuerdo que tiene España es similar a «los que la Iglesia tiene pactados con la mayoría de los países del mundo».
«No estamos en un régimen de excepcionalidad. Hay quien piensa e incluso lo llama todavía Concordato, que los acuerdos son del régimen de Franco. España es el Estado que tiene relaciones con la Santa Sede desde el siglo XV y esos acuerdos su contenido hoy es de uso común con el resto de confesiones religiosas con las que el Estado tiene acuerdos: con las comunidades evangélicas, con las comunidades judías y con las comunidades islámicas. No es un privilegio», ha manifestado.
Por eso, ha asegurado que si se modifica la ley para que la Iglesia pague el IBI «entonces tendría que pedírsele a los partidos, a las organizaciones sin ánimo de lucro, a las fundaciones sin ánimo de lucro», y ha señalado que en la aportación económica a la Iglesia a través del IRPF «el Estado es un puro intermediario entre lo que los ciudadanos dicen y la realidad de la Iglesia».
En cuanto a la condena de Rita Maestre por la protesta en una capilla en la Universidad Complutense de Madrid, pese a que el arzobispo de Madrid manifestó su perdón por los actos, ha señalado que la condena es «legal» y que «una cosa es el perdón, pero ante las autoridades, ante la ciudadanía, tiene una responsabilidad».
Además, se ha mostrado convencido de que la condena no tiene que ver con que «a los españoles les da mucho por la pasión religiosa» sino con la «armonización de los derechos» y ha señalado que en otros países como Alemania o Francia la legislación «es más dura» con esta clase de actos.
Por otra parte, ha defendido la presencia de capillas en universidades, hospitales o centros penitenciarios al argumentar que la práctica religiosa «es un derecho» y que la presencia de estas instalaciones en centros de titularidad pública es beneficiosa para sus usuarios.
«En los acuerdos se prevén esos espacios religiosos igual que se prevén espacios deportivos, pese a que hay gente a la que puede no gustarle el deporte. Es un derecho que se tiene, el Estado tiene que garantizar ese derecho, los católicos pagan sus impuestos», ha señalado.
En todo caso, también ha abogado por aplicar este principio «con distinción y proporcionalidad» (en referencia a la instalación de templos de otras confesiones), al considerar que «el peso de la Iglesia católica en este país no es igual al peso de otras confesiones, como no es igual en Suecia el peso de la confesión luterana al de los católicos que son una minoría». (RD/Ep)
