La Audiencia Provincial decretó el pago, en depósito, de 50.000 euros al Arzobispado de Granada, que se ha personado en la causa como posible "responsable civil subsidiario"
(Jesús Bastante/Agencias).- Nueve años de prisión. Con varias semanas de retraso, el fiscal de la Audiencia Provincial de Granada, Francisco Hernández Guerrero, ha remitido su escrito para que arranque el conocido como «caso Romanones». Y lo hace reclamando una pena de nueve años de prisión para el padre Román, único imputado por el caso de abusos a menores denunciado por el joven «Daniel» y que provocó la intervención directa del Papa Francisco.
En el escrito, al que ha tenido acceso RD, la Fiscalía de Granada hace suyas las principales conclusiones del auto del juez instructor, que da por sentado que el padre Román profirió los abusos «con prevalimiento» contra «Daniel» merced a su «ascendencia moral» sobre la víctima, y confirma que el resto de inicialmente imputados formaban parte de una asociación, no reconocida legalmente, que funcionaba como un clan. «El clan de los Romanones».
En su intervención, la Fiscalía declara probado que Román aprovechó su «situación de ascendencia moral» sobre el joven para someterlo a tocamientos o abusos sexuales, tanto en la casa parroquial del barrio del Zaidín, como en las viviendas en las que el grupo de sacerdotes liderados por Román M.V.C. pasaban sus periodos de descanso, en Los Pinillos, en Cenes de la Vega, y en Salobreña. Para el fiscal, los sacerdotes y laicos pertenecientes al clan de los Romanones, «se mantenían fieles al procesado tras sus muchos años de liderazgo espiritual».
Esta situación de «ascendencia moral» sobre el joven fue «aprovechada», según el escrito de la Fiscalía, por el padre Román para «hacerle tocamientos con propósito sexual», y obligarle a masturbarle «tras realizarle un masaje corporal so pretexto de relajarse», primero en la parroquia y después en otras residencias.
El religioso intentaba caricias en «la zona genital», pero el joven se lo impidió en las primeras ocasiones, según el Ministerio Público. En el curso de sucesivas actuaciones similares, el párroco consiguió ir más allá y a agravar los presuntos abusos, e intentó tener relaciones sexuales, que sin embargo contaron con el rechazo del menor.
Estos actos fueron realizados desde 2004 a 2007 tanto en la casa parroquial de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, inicialmente, como en Los Pinillos y en Salobreña, según el lugar adonde se desplazaran los sacerdotes, que pasaban allí sus períodos de descanso comprendidos entre las 21,00 horas del domingo a mediodía del martes, informa Ep.
Los abusos cesaron al abandonar el menor la convivencia y contacto con el grupo de sacerdotes en 2007, al sostener una discusión con el procesado por el hecho de descubrir éste que su víctima mantenía una relación sentimental con una compañera del instituto, lo que consideraba incompatible con la permanencia en el grupo.
El fiscal apunta que el padre Román formó un grupo de convivencia con otros sacerdotes a los que conoció a lo largo de su carrera sacerdotal, llegando a convivir y mantener propiedades en común, como una casa en la Urbanización Los Pinillos, de Cenes de la Vega; y un dúplex en Cala Verde (Salobreña), pero advierte de que «no consta que formaran una corriente o cualquier otra forma de asociación sacerdotal con entidad legal reconocida por la Iglesia Católica».
Cabe resaltar que la Audiencia Provincial decretó el pago, en depósito, de 50.000 euros al Arzobispado de Granada, que se ha personado en la causa como posible «responsable civil subsidiario». Tanto el juez instructor como el fiscal dejan constancia de que la única razón por la que el resto de los inicialmente imputados no estén, junto a Román, en el banquillo de los acusados, es la prescripción de los posibles delitos que cabrían imputarles. Algo que, en el caso del padre Román, no ha sucedido.
Otra cosa es la vía canónica, que se ha reactivado ahora y que podría acabar con la carrera episcopal de Javier Martínez, según la nueva normativa que entrará en vigor el próximo 5 de septiembe. Todo ello si el prelado, finalmente, no acepta la petición papal y presenta su renuncia.