El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia
Todas las acusaciones personadas en el conocido como ‘caso Romanones’, por el que está procesado el padre Román M.V.C. por presuntamente abusar sexualmente de un menor de edad, propondrán que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, declare como testigo en el juicio que tendrá que celebrarse en la Audiencia Provincial de Granada.
Concretamente, la Fiscalía, que reclama para el único acusado nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, ha solicitado que comparezcan como testigos, además del prelado, otras quince personas más, entre ellas algunos de los religiosos inicialmente imputados en el caso.
Por su parte, la acusación particular, que representa al denunciante, un joven que hoy tiene 26 años, también propondrá el testimonio del arzobispo, con el objetivo de «afianzar la responsabilidad civil subsidiaria» que se reclamará al Arzobispado.
Precisamente esta acusación, de la que se encarga el letrado Jorge Aguilera, acaba de obtener el visto bueno de la Audiencia Provincial de Granada para contar con 20 días más para redactar su escrito de conclusiones provisionales, tras el hecho público recientemente por la Fiscalía.
Así, según ha explicado Aguilera a Europa Press, dispondrá hasta el próximo 13 de julio para presentarlo, tras lo que tendrán que hacer lo propio la acusación popular (que ejerce la Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni), la defensa y finalmente el Arzobispado como responsable civil subsidiario.
También Prodeni, según ha indicado a Europa Press su presidente, Juan Pedro Oliver, va a pedir que el arzobispo declare como testigo, teniendo en cuenta que la propia Iglesia consideró que existía ‘fumus delicti’ (apariencia delictiva) en la actuación de los inicialmente acusados en el asunto que instruyó el Juzgado de Instrucción 4 de Granada. Esta acusación ya está ultimando su escrito de acusación para presentarlo cuando le corresponda.
La defensa del único procesado, que lleva el letrado Javier Muriel, no necesitará más plazo adicional para formular su escrito de conclusiones provisionales y aún está valorando si sumarse o no a la solicitud de testimonio del arzobispo.
La Fiscalía de Granada ha solicitado nueve años de prisión para el padre Román M.V.C., sacerdote en la parroquia de San Juan de Vianney, en el barrio del Zaidín, en Granada, por la posible comisión de un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, por el que se enfrenta además al pago de 50.000 euros en concepto de daño moral a su supuesta víctima, de la que tendría que responder subsidiariamente el Arzobispado de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el religioso aprovechó su «situación de ascendencia moral» sobre el joven para someterlo a tocamientos o abusos sexuales, tanto en la casa parroquial inicialmente, como en las viviendas en las que el grupo de sacerdotes liderados por Román M.V.C. pasaban sus periodos de descanso, en Los Pinillos, en Cenes de la Vega, y en Salobreña.
El fiscal señala que el procesado formó un grupo de convivencia con otros sacerdotes a los que conoció a lo largo de su carrera sacerdotal, llegando a convivir y mantener propiedades en común, como una casa en la Urbanización Los Pinillos, de Cenes de la Vega; y un dúplex en Cala Verde (Salobreña), pero advierte de que «no consta que formaran una corriente o cualquier otra forma de asociación sacerdotal con entidad legal reconocida por la Iglesia Católica».
La supuesta víctima y denunciante comenzó a tomar contacto con la parroquia de San Juan de Vianney y el padre Román M.V.C. a los siete años, yendo a misa dominical. Tras recibir la Primera Comunión, con diez años, frecuentó de forma creciente la parroquia, y pasaba más tiempo en compañía del procesado y sus compañeros sacerdotes, ayudando en las actividades de la comunidad. Las reuniones de tarde de domingo se celebraban, por entonces, en una casa en la calle Pavía.
La convivencia fue ampliándose poco a poco hasta que en 2003 incluso llegó a trasladarse con los sacerdotes a la casa de Los Pinillos. El acusado, que ejercía de «mentor espiritual» del grupo de sacerdotes, comenzó a atraer al menor, «manteniendo propósitos de contacto sexual con él».
En 2004, las estancias del menor en la casa parroquial anexa a la Iglesia eran más prolongadas, y llegó incluso a pernoctar en ella. La vinculación emocional del denunciante con Román M.V.C. «se intensificó mucho más por causas de esta convivencia y por el ejemplo que suponían el resto de sacerdotes del grupo, quienes se mantenían fieles al procesado tras sus muchos años de liderazgo espiritual».
Esta situación de «ascendencia moral» sobre el joven fue «aprovechada» por el procesado a partir de la tercera o cuarta estancia nocturna de éste en la casa «para hacerle tocamientos con propósito sexual», y obligarle a masturbarle «tras realizarle un masaje corporal so pretexto de relajarse».
El religioso intentaba caricias en «la zona genital», pero el joven se lo impidió en las primeras ocasiones, según el Ministerio Público. En el curso de sucesivas actuaciones similares, el párroco consiguió ir más allá y a agravar los presuntos abusos, e intentó tener relaciones sexuales, que sin embargo contaron con el rechazo del menor.
Estos actos fueron realizados desde 2004 a 2007 tanto en la casa parroquial de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, inicialmente, como en Los Pinillos y en Salobreña, según el lugar adonde se desplazaran los sacerdotes, que pasaban allí sus períodos de descanso comprendidos entre las 21,00 horas del domingo a mediodía del martes.
Los abusos cesaron al abandonar el menor la convivencia y contacto con el grupo de sacerdotes en 2007, al sostener una discusión con el procesado por el hecho de descubrir éste que su víctima mantenía una relación sentimental con una compañera del instituto, lo que consideraba incompatible con la permanencia en el grupo.
El joven ha estado sometido a tratamiento psicológico a raíz de la denuncia por estos hechos.
El caso se hizo público el mes de noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Granada declaró prescritos los delitos que se le atribuían a once de esas doce personas, diez sacerdotes y dos laicos, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.
Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que «la verdad es la verdad» y «no debe esconderse». El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los «escándalos» que afectaban entonces a la Iglesia.
(RD/Ep)
