La acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos, ha solicitado una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años
La Fiscalía se ha opuesto a la nulidad del expediente canónico aportado como prueba en el llamado caso Romanones, rechazando así el planteamiento hecho por la defensa del único procesado en la causa por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 hasta 2007, el padre Román M.V.C.
El Ministerio Público ha señalado en un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Granada, que en esta fase procesal y en este tipo de procedimiento -el de sumario ordinario- «no se considera admisible» la admisión de una petición de nulidad de prueba y «su exclusión de la causa». Apunta, de hecho, que obrar de esta forma «supondría la vulneración del principio de legalidad procesal» al «trasvasar» a la regulación del sumario ordinario las normas del procedimiento abreviado.
Por ello, el fiscal del caso, Francisco Hernández Guerrero, mantiene su criterio inicial de que el expediente canónico siga formando parte de las pruebas en el proceso y se opone al planteamiento de la defensa, señalando que la exclusión de la prueba «es una materia que sólo puede -y debe- dilucidarse en juicio oral».
La defensa, ejercida por el letrado Javier Muriel, señaló en su momento que este expediente canónico había sido traído a la causa en «forma contraria a derecho», al «violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales».
La defensa pidió a finales de julio la libre absolución para el padre Román, para el que la Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión.
La acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos, ha solicitado una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años.
El Arzobispado de Granada -que era la única parte que faltaba por pronunciarse en el proceso- trasladó a principios de octubre un breve escrito a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que expone su disconformidad con la responsabilidad civil subsidiaria que se le presupone en el caso. Igualmente, discrepó de las calificaciones hechas por la Fiscalía y el resto de las acusaciones y manifestó su deseo de que se esclarezca «la verdad».
El Arzobispado de Granada se personó en diciembre del año pasado en el caso como posible responsable civil subsidiario después de que le instara a hacerlo el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investigó los hechos, además de prestar una fianza de 50.000 euros.
(RD/Ep)
