La Fiscalía pidió para el padre Román como único procesado nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, pena que la acusación particular elevó a 26 años de prisión y la popular a 15
(Jesús Bastante).- El «caso Romanones» tiene, al fin, fecha de comienzo. Según ha confirmado la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, el 6 de marzo arrancará el juicio contra el padre Román, el único de los inicialmente imputados cuya causa no ha prescrito. El sacerdote está acusado de abusos sexuales con prevalimiento.
La causa, que tiene previstas nueve sesiones, vera cómo el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, declara como testigo en la causa. Su declaración será el 10 de marzo, dentro de las investigaciones que tienen a la Archidiócesis de Granada como responsable civil subsidiario. La víctima, «Daniel», lo hará el 8 de marzo.
La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para Román, mientras que la acusación particular, que representa a «Daniel», ha solicitado una condena de 26 años de cárcel, mientras que la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años.
La Audiencia de Granada ha resuelto además que la petición de la defensa del padre Román, que solicitaba la nulidad del expediente canónico, se analice como cuestión previa, después de que todas las partes rechazaran el escrito del abogado Muriel, que quería que se eliminara directamente al considerar que se trataba de un expediente privado, cuya propiedad residía en la Santa Sede.
Una Santa Sede que ya ha declarado su intención de que se sepa toda la verdad, «cueste lo que cueste», como apuntó el Papa Francisco. De hecho, tal y como ha podido saber Religión Digital, Roma ha reactivado la causa, esta vez a través de la Congregación de Obispos, que tendrá que dilucidar si la actuación del arzobispo de Granada fue la más adecuada o si, por el contrario, no hizo lo necesario para salvaguardar los derechos de la víctima.
De hecho, aunque la diócesis argumenta que ha hecho todo lo posible por aclarar los hechos, lo cierto es que de los diez sacerdotes inicialmente imputados (nueve de los cuales no van a juicio, según afirmó el juez instructor, única y exclusivamente por la prescripción de los delitos), siete continúan en sus parroquias, en contacto con menores, para mayor escándalo de muchos feligreses.
El juicio se celebrará en nueve sesiones fijadas entre el 6 y el 16 de marzo, en las que declararán en calidad de testigos los sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa hasta que la Audiencia decretó que habrían prescrito los delitos que se les podrían imputar.
La declaración del joven denunciante de los supuestos abusos está fijada para el 8 de marzo del próximo año y la del arzobispo de Granada, Javier Martínez, se ha previsto para dos días después, el 10 de marzo, también en calidad de testigo, ya que el Arzobispado es responsable civil subsidiario en la causa.
