Los consejeros del Tribunal de Cuentas que suscriben el voto particular inciden en que la fiscalización del dinero de la Renta "pretende constituir una primera aproximación a las diversas fuentes de financiación de la Iglesia católica"
(J. Bastante/Agencias).- El Congreso de los Diputados exigirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice los 250 millones que la Iglesia católica recibe a través del IRPF. Así lo han solicitado Unidos Podemos y PSOE tras la negativa del organismo a elaborar un informe sobre cuál es el destino del dinero que recibe la institución a partir del IRPF. Ciudadanos apoyará la iniciativa.
Unidos Podemos y el PSOE consideran que el organismo fiscalizador, que depende de las Cortes, debe analizar las cuentas de la Iglesia puesto que recibe dinero público a través de las personas que marcan la X al elaborar la declaración de la renta para que el dinero destinado a fines sociales se destine a la Iglesia católica.
«Todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro», ha expresado el diputado de Unidos Podemos Segundo González.
El PSOE, por su parte, recuerda en su escrito que la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas reconoce «a las Cortes Generales la iniciativa para el ejercicio de la función fiscalizadora». Así, reclaman que el órgano fiscalizador incluya a la Iglesia en su programa para el año 2017.
Ciudadanos apoyará la iniciativa, según ha confirmado Albert Rivera: «Nos parece razonable que se pueda fiscalizar a todas las entidades que reciben dinero a partir de la declaración de la renta», ha contestado.
El escándalo se ha desatado después de que el Tribunal de Cuentas haya decidido no fiscalizar el dinero recibido por la Iglesia vía IRPF, gracias al voto de los siete consejeros del PP en el Tribunal de Cuentas, mientras que los 5 consejeros socialistas han presentado un voto particular. En el mismo, se asegura que fiscalizar la asignación tributaria a la Iglesia católica «responde a una demanda social que, en el marco de la exigencia de transparencia en la gestión de los fondos públicos, clama porque el Tribunal de Cuentas realice fiscalizaciones sobre órganos, sectores e instituciones que perciben ingentes ingresos públicos sin que, en ningún momento, rindan cuentas de su destino. Y una de estas instituciones, que cuenta con un sistema de financiación si no opaco, al menos poco transparente, es, sin duda, Iglesia Católica».
Al tiempo, denuncian cómo la Memoria Económica que la Conferencia Episcopal presenta cada año al Ministerio de Hacienda «no ofrece suficiente información sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas, limitándose, básicamente a informar sobre el reparto territorial de los fondos. La Memoria igualmente tampoco constituye un documento representativo de la gestión económico-financiera realizada, dado que realmente se configura como una autentica Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España».
En la citada Memoria únicamente aparece el destino de los bienes con carácter general. Esto es: no se sabe, a ciencia cierta, cuál es el destino final de los 250 millones de euros, aunque distintas fuentes aseguran que «el grueso del dinero» se reparte entre las diócesis para pagar los sueldos de los 19.000 sacerdotes españoles, así como la Seguridad Social del Clero.
En este sentido, la Conferencia Episcopal apunta que «el 80% de esa cantidad, 200 millones de euros, se envía a las diócesis para mantener la actividad de la Iglesia en esos lugares (cantidad que se suma a la que allí aportan directamente los fieles en sus parroquias o comunidades). Las siguientes partidas más relevantes son la Seguridad Social del Clero (16 millones), la Aportación a las Cáritas diocesanas (6 millones), los centros de formación de la Iglesia (6 millones), la campaña de financiación de la Iglesia (4,6 milones) y la ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos (4,5 millones)».
Por contra, los obispos sí que desglosan las cantidades que, en su opinión, «ahorra la Iglesia al Estado» en materia educativa, cultural o asistencial. Así, apuntan en su memoria, «2.692 millones de euros es el ahorro que supone al Estado los 2.449 centros católicos concertados».
La empresa KPMG, afirman, realizó también un estudio de impacto socioeconómico de los bienes inmuebles de la Iglesia que produjeron un impacto en el PIB de España de 22.620 millones y generaron 225.300 empleos totales.
Los consejeros del Tribunal de Cuentas que suscriben el voto particular inciden en que la fiscalización del dinero de la Renta «pretende constituir una primera aproximación a las diversas fuentes de financiación de la Iglesia católica» para aclarar si se los procedimientos para su asignación «se ajustan al marco normativo en vigor». El escrito también recuerda los privilegios de los que disfruta la institución en modo de exenciones en los impuestos de Sociedades o Sucesiones, IBI o actividades económicas.
En respuesta al propio Tribunal, el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ha subrayado en «Hoy por Hoy» que «el Tribunal de Cuentas fiscaliza subvenciones o conciertos, pero la asignación tributaria es un dinero decidido por los contribuyentes y no por el Gobierno«. Para Barriocanal, la cantidad que recibe a través de la casilla de la Rentea «es jurídicamente diferente» al dinero público que recibe por ejemplo la Casa del Rey, y por lo tanto, la ley no le obliga a someterse a dicho control.
Barriocanal ha subrayado que la Conferencia Episcopal, en un ejercicio de transparencia, entrega todos los años al Gobierno la documentación con la que la iglesia elabora su memoria de actividades -que el Tribunal de Cuentas considera insuficiente- y que están dispuestos a llevar esa documentación donde se les pida.
