Aunque ha sido condenado en un proceso canónico, ahora se enfrenta a la cárcel, en el caso de que puedan probarse estos hechos en un juzgado, y que éstos no hubieran prescrito
(J.B./Agencias).- La fiscal-jefe de Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, ha abierto diligencias de investigación contra el que fuera vicario general y «número dos» de Munilla al frente de la Iglesia de San Sebastián, Juan Kruz Mendizabal, después de que el Obispado reconociera el martes que dos menores habían sufrido abusos sexuales en 2001 y 2005.
Mendizábal ya ha sido condenado en el proceso canónico a «penas expiatorias y otras medidas administrativas y disciplinares», pero ahora se enfrenta a la cárcel, en el caso de que puedan probarse estos hechos en un juzgado, y que éstos no hubieran prescrito.
Fuentes de la Fiscalía han aclarado que, en este tipo de delitos contra la libertad sexual, el juzgado no puede actuar de oficio sino que debe hacerlo a instancia de las víctimas o del Ministerio Público. Estas fuentes han precisado asimismo que el hecho de que las víctimas deseen mantener su anonimato, como se desprende del comunicado del Obispado, no impediría que eventualmente el fiscal presente una querella, en caso de que lo considerara oportuno.
Sobre la posibilidad de que los hechos que ahora se van a investigar se encuentren prescritos, las fuentes han indicado que se trata de una cuestión a «valorar», ya que hubo una reforma legal que determinó que, «cuando las víctimas son menores de edad, los plazos de prescripción no empiezan a correr hasta que alcanzan la mayoría de edad».
El proceso administrativo penal canónico llevado a cabo contra Mendizabal conlleva que, aunque seguirá siendo sacerdote, no puede ejercer en ninguna parroquia. Según el comunicado emitido ayer por la Diócesis de San Sebastián, el proceso habla de las penas incluidas en los cánones 1336 al 1338 del Código de Derecho Canónico.
Dichos cánones hablan de la «prohibición o mandato de residir en un determinado lugar o territorio» o el «traslado penal a otro oficio», una medida que buscaría alejar al culpable del lugar en el que residen las víctimas de los hechos. No obstante, fuentes de la Diócesis de San Sebastián señalaron ayer que el sacerdote seguirá residiendo en Guipúzkoa.
Asimismo, en las medidas impuestas a Mendizabal, que ya ha mostrado su «profundo arrepentimiento por los hechos cometidos», se incluye que siga «un proceso terapéutico psicológico y espiritual, colaborando en la reparación de lo ocurrido». Este proceso ya ha comenzado y se lleva acabo bajo «la tutela» de un miembro de la Diócesis, según las fuentes consultadas.
Por otro lado, la Fiscalía de Granada ha solicitado a la Audiencia Provincial que prorrogue la medida cautelar que pesa sobre el padre Román M.V.C., procesado por supuestos abusos sexuales a un menor en el llamado ‘caso Romanones’, de modo que siga vigente la orden que le impide acercarse a la supuesta víctima, en el marco de una causa que será enjuiciada a partir del 6 de marzo.
En un escrito fechado a finales de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal del caso, Francisco Hernández Guerrero, aboga por la prolongación de esta orden de alejamiento «visto el estado de tramitación de la causa y las fechas de señalamiento», entendiendo que «persisten los motivos que justificaron su adopción en su momento».
Fuentes del caso han señalado a Europa Press que la Sección Segunda de la Audiencia de Granada aún no se ha pronunciado al respecto de esta petición del Ministerio Fiscal, que adelanta este miércoles el diario ‘Ideal’. La Audiencia de Granada ha fijado para el 6 de marzo el inicio de la vista oral de este caso, en el que el único procesado es el padre Román por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 hasta 2007, acusación por la que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de prisión.