Los padres, satisfechos "por ver que en el auto hay un reconocimiento expreso y practicamente incondicional de todos los daños que sufrió nuestro hijo, tanto abuso como acoso"
(José M. Vidal).- La Justicia terrenal parece dispuesta a enmendarle la plana a la eclesial. Mientras Doctrina de la Fe cerró el caso de abusos a ‘Asier’ (menor en el momento en que ocurrieron los hechos), por parte de un profesor del colegio del Opus Dei de Gaztelueta, la audiencia provincial de Bilbao imputa al docente, le abre juicio por un delito continuado de abusos, al tiempo que reconoce que en el colegio «padeció acoso escolar (bullying)».
Según el auto a la que ha tenido acceso Religión Digital, el profesor pasa de ser «imputado» a «procesado», un «salto cualitativo» según la familia. Además, será procesado «a titulo de sumario» y no abreviado, como pretendía la fiscalía, lo cual lleva aparejado una mayor amplitud en las eventuales penas de las que sea acreedor.
En el auto, el juez Emilio Lamo de Espinosa dictamina «el procesamiento por este procedimiento y con sujeción a sus resultas del encausado(…), por la presunta comisión de un delito de abuso sexual consistente en introducción de objeto por vía anal sobre un menor de edad que en el momento de los hechos contaba con 13 años de edad, tipificado a la fecha de los hechos en el artículo 182.1 CP (actual artículo 181.4 CP), en relación con un delito continuado de abuso sexual, previsto y penado en el artículo 181.1 y 74.1 del Código Penal vigente al tiempo de cometerse los hechos (actual artículo 181.1 CP), concurriendo la circunstancia de haberse prevalido el responsable de una relación de superioridad manifiesta prevista y penada en el artículo 181.3 CP vigente al tiempo de cometerse los hechos (actual artículo 181.3 CP)».
Asimismo, el escrito le obliga a proveer una suma de 40.000 euros. «Fórmese pieza separada sobre responsabilidad pecuniaria del procesado, requiriéndole para que presente fianza en cantidad de cuarenta mil euros (40.000 euros), y, si no cumplimentara dicho requerimiento en el plazo de una audiencia desde la notificación de este auto, procédase al embargo de bienes de su propiedad bastantes para atender dicha suma dineraria o acredítese su insolvencia en legal forma y formándose con testimonio de la presente la correspondiente pieza de responsabilidad civil», reza la sentencia.
«Estamos satisfechos. Por fin, después de años de lucha, se va abriendo el horizonte. Ésta es una batalla más que hemos ganado en esta larga lucha por una justicia debida y anhelada», dice el padre del chaval abusado en el colegio de la Obra.
Los padres también están satisfechos «por ver que en el auto hay un reconocimiento expreso y practicamente incondicional de todos los daños que sufrió nuestro hijo, tanto abuso como acoso«.
En cuando al papel de la Iglesia en el caso, los padres «hacen un llamamiento a la institución, para que emita un comunicado, que actualice su posición sobre el caso acorde a las nuevas noticias, pruebas periciales del juzgado y procesamiento, desterrando el contenido de aquel fax de monseñor Ladaria, secretario de Doctrina de la Fe, al colegio Gaztelueta, en el que decía que había que reponer el buen nombre del docente».
Por eso, los padres del menor abusado piden a la Iglesia que «reabra el caso, que nunca llegó a abrir y que, sin embargo, dijo cerrar, aunque, a nuestro juicio, lo cerrase en falso».
Por otra arte, los padres quieren aprovechar la ocasión, «para pedir a los poderes publicos que sigan el ejemplo del Parlamento de Cataluña y articulen medidas para promulgar una ley consensuada entre todos los partidos para apoyar el antes y el después de estas víctimas. Es decir, que no prescriban este tipo de delitos, que se adopten pensiones de discapacidad para las víctimas y que, en resumen, siempre sea la Ley la que se adapte a los casos y no los casos a la Ley».
Y concluyen: «Es un camino que esta sociedad y sus representantes tienen que recorrer con la urgencia debida y sin más demora».
El recorrido del caso
El caso se hizo público en enero de 2013, cuando el padre de la víctima explicó los abusos que había sufrido el menor en su centro escolar de Gaztelueta y la falta de una respuesta oportuna por parte del colegio, donde «lo negaron todo, porque quieren tapar la mala imagen del centro», reprochó entonces el padre.
Los presuntos abusos sexuales se cometieron en los cursos 2008-09 y 2009-10, cuando el niño cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía 12-13 años. La familia decidió no llevar el caso a los tribunales hasta que el estado anímico del joven le permitiese afrontar un proceso legal, y de esa manera esperó hasta junio del año pasado para presentar una querella en un juzgado de Getxo, cuando el chico ya era mayor de edad.
Como se recordará, el caso llegó al juzgado después de que la congregación para la Doctrina de la Fe concluyera, a toda velocidad, una investigación ordenada directamente por el Papa Francisco, quien mantuvo correspondencia con los padres del chico presuntamente abusado. Según Doctrina de la Fe, los hechos denunciados «no han sido probados y, en consecuencia, se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida en relación a la citada persona».
