La transición no se puede cerrar "mientras no se cierren las heridas" de unas personas que "están sufriendo y cuyos derechos humanos han sido conculcados"
Una docena de víctimas de casos de bebés robados se han concentrado este miércoles 30 de agosto ante el Congreso para denunciar que el Estado no está lo suficientemente involucrado en esta materia y que, aunque reciben «buenas palabras» desde las instituciones, su situación está «en el mismo punto» en el que estaban cuando comenzaron a luchar.
El coordinador de la plataforma ‘Camino de la Justicia’, Pedro Caraballo, que ha actuado de portavoz de los afectados, ha indicado que las instituciones no actúan «como deberían» y son las asociaciones de víctimas las que están «presionando» para obtener soluciones.
«Hemos escrito a todas las instituciones y, con muchas de ellas, tenemos contacto permanente», ha indicado Caraballo, quien ha añadido que, en la mayoría de los casos, desde éstas «sólo hay buenas palabras» pero no se realiza el trabajo para que «los hechos salgan adelante». A su juicio, la transición no se puede cerrar «mientras no se cierren las heridas» de unas personas que «están sufriendo y cuyos derechos humanos han sido conculcados».
Desde donde sí ha reconocido que tienen apoyo es de la mayoría de los representantes parlamentarios y, en este sentido, ha apuntado que se han producido «avances» con diversas iniciativas presentadas en la Cámara Baja. «Pero necesitamos que la causa sea algo que la gente tenga en su memoria y que realmente podamos sacarla adelante con mucha más fuerza de lo que hasta este momento se esta haciendo», ha señalado ante los medios de comunicación.
Preguntado por esos avances a los que se refiere, el portavoz de las víctimas ha señalado la partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a crear un banco de ADN, aunque ha reconocido que aún no saben cómo se ha planteado esta iniciativa.
Del mismo modo, pide que «los archivos queden abiertos» para que los afectados puedan acceder a todos los datos que existen de sus casos y que éstos puedan salir adelante. Uno de los principales escollos con los que ahora se encuentran las víctimas, según ha denunciado Caraballo, es la ley de protección de datos. Por este motivo, también reclama un estatuto especial para estos casos y que los inscritos en el censo de víctimas puedan tener acceso a toda la información existente.
«Es posible que no hayan más datos, pero es necesario que puedan acceder a ellos y tengan la tranquilidad que han hecho hasta donde podían», ha declarado.
Finalmente, ha recordado que estos sucesos están dentro de lo que las Naciones Unidas contemplan como delitos de lesa humanidad y, por eso, reclaman esta consideración. «No sólo reclamamos casos dentro del periodo de memoria histórica«, apunta Caraballo, quien ha recordado que también se han registrado casos de robos de bebés en los primeros años de democracia.
(RD/Ep)
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