La CUP anunció ayer que, en una hipotética República catalana, "la Iglesia católica no será la quinta columna del patriarcado"
(Jesús Bastante).- Por primera vez, en muchos años, la Conferencia Episcopal no entra en política. O, si lo hace, no de una manera claramente partidista. Se nota el «espíritu Francisco», al menos en la Comisión Permanente, coordinada por los tres hombres del Papa en España: los cardenales Blázquez, Osoro y Omella. La reciente nota sobre la situación en Cataluña es buena muestra de ello. Por primera vez en muchos años, también, la respuesta más crítica a la Iglesia proviene… del Partido Popular.
Así, mientras la ‘Declaración institucional’ leída ayer por el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no apela a la unidad de España como «bien moral», reivindica el diálogo y pide mesura para evitar «decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que sitúen a las administraciones y partidos al margen de la práctica democrática», pero sin cargar las tintas en el Govern o el independentismo (ni siquiera se pronuncia el término ‘referéndum’), el vicesecretario del PP, Javier Maroto, pidió a los obispos «dejar la política para los políticos«.
«Creo que la Iglesia siempre acierta cuando se mantiene en posiciones que pertenecen a la moral y a la ética y deja la política para los políticos«, señaló Maroto, quien añadió que «ésa es la posición que siempre ha llevado a la Iglesia a acertar, y que debería ser también en esta ocasión».
«Hay mucha confrontación en Cataluña», recalcó Maroto en el Congreso. Aunque señaló que «todas las opiniones son bienvenidas», matizó que cuando alguien, en este caso el presidente del Episcopado, trata de representar a todo un colectivo, «puede tener dificultades en conseguirlo».
«Respeto profundamente a la Iglesia, que siempre acierta cuando habla de cuestiones éticas y morales. El resto de cuestiones, pertenecen a otro ámbito», concluyó el vicesecretario del PP.
Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha querido interpretar las palabras de la Comisión Permanente de la CEE, apuntando que «yo también les he escuchado hablar de la legalidad y estoy seguro de que cuando hablan de legalidad se están refiriendo a la Constitución española y la legalidad que representa el Parlamento español».
En otro orden de cosas, la CUP anunció ayer que, en una hipotética República catalana, «la Iglesia católica no será la quinta columna del patriarcado». En un acto ante la catedral de Tarragona, la diputada Mireia Vehí indicó que la formación pretende obligar a la Iglesia a pagar el IBI, y eliminar cualquier tipo de subvención pública a los centros educativos religiosos.
«Hay que suprimir inmediatamente los privilegios de esas escuelas de élites y que segregan por sexo», dijo la concejal de la CUP en Reus Marta Llorens. Por su parte, Laia Estrada, concejala en el Ayutamiento de Tarragona, destacó que «con el dinero que se pierden a nivel local con la exención del IBI a la Iglesia se garantizarían servicios públicos de calidad».
