Las consagradas acusan al ex capellán de Orden y Mandato de haber sido "el instigador del caso" y de "haber abusado de su autoridad y de su poder"
(José Manuel Vidal).- «Vamos a dar un vuelco al caso». La defensa de Miguel Rosendo, el líder de los miguelianos que lleva tres años y cinco meses en prisión preventiva, pide la nulidad del proceso judicial abierto contra él, tras haber constatado y documentado «graves irregularidades en el procedimiento». Basándose en eso y en sendos informes, uno pericial y el otro psicológico, han pedido la libertad provisional sin fianza del fundador de la asociación religiosa y que se declare nulo el proceso.
El informe pericial que la defensa, dirigida por Marcos García Montes, ha remitido a la audiencia provincial de Pontevedra, enumera toda una serie de «irregularidades en el proceso». Por ejemplo, la «prisión preventiva sin acusación formal» de Miguel Rosendo, algo «inédito en los anales de la Justicia española y mundial».
Más aún, «el juzgado de Tui tuvo durmiendo el proceso durante un año», el proceso se inició «con la denuncia de un sacerdote a base de un informe de un pseudo detective», además de que la acusación particular está integrada por los padres de las consagradas, siendo éstas mayores de edad. En definitiva, «el informe del detective «es un argumento novelesco más que indigesto de novela de tintes policíacos», que fue utilizado «por un sacerdote con motivos espurios y de venganza», concluyó García Montes.
Amén de desmontar el informe del detective privado que fundamentó el caso, la defensa de los miguelianos acaba de enviar también a la audiencia de Pontevedra un informe del doctor Iñaki Piñuel, en el que se certifica que las cuatro consagradas encausadas muestran «un cuadro de estrés postraumático», tras haber sufrido «maltrato psicológico, verbal y modal de otro miembro de la asociación que no voy a citar», explicó el psicólogo y no dio el nombre del supuesto maltratado por motivos de secreto profesional.
Sí dijo que el cuadro que presentan las cuatro consagradas miguelianas es «el de las personas que sobreviven a guerras, torturas o secuestros» y que, en este caso, el maltrato y el abuso tiene unas connotaciones más profundas porque este moobing se hace «in nomine Domini» (en el nombre del Señor), un acoso típico de organizaciones religiosas.
Sí pusieron el nombre al supuesto maltratador las consagradas miguelianas, que intervinieron en la rueda de prensa. «El instigador de todo el proceso es Isaac de Vega, que, a partir de ahora, tendrá que dar la cara», dijo, con cierta indignación en el rostro Ivana María, la que fuera superiora de las consagradas. En términos parecidos se pronunció Lorena García: «Isaac de Vega abusó de su autoridad y de su poder».
Todas las consagradas negaron que hubiesen sido «abducidas por Miguel», desgranaron sus sufrimientos y la persecución mediática y judicial que sufrieron durante estos años. Por ejemplo, Marta Paz, la denominada ‘bastón’ de Miguel Rosendo, fue detenida, y tuvo que comparecer semanalmente en el juzgado durante tres años y, ahora, ni siquiera ha sido procesada. «He sido violada en este proceso judicial injusto, ejemplo vivo de la injusticia, porque todo ha sido un montaje», dijo.
Además, la consagrada migueliana tuvo que someterse a un peritaje psicológico, para demostrar que no estaba abducida, y a otro ginecológico, para demostrar que sigue siendo virgen, a pesar de que la acusación asegura que fue violada por el fundador de Orden y Mandato. «Esto es violencia de género. Rosendo no me ha tocado jamás. Y no es no, también en este caso», pidió casi entre lágrimas.
O, como decía Iria Quiñones, otra consagrada, «esto es una vergüenza, porque detrás hay mucho sufrimiento personal y familiar, además de que se ha pisoteado nuestra dignidad y nuestra honor como personas».
Precisamente por eso, el abogado de las miguelianas, Marcos García Montes, va a «exigir todo tipo de responsabilidades a los padres denunciantes y a los demás actores del caso» y, además, asegura que «no va a haber conformidad ni negociación con la parte acusadora porque no se puede negociar lo innegociable».
Y porque el tratamiento que ha sufrido Miguel Rosendo durante estos tres años y cinco meses de prisión provisional merece reparación. «Tiene diabetes y está muy mal física y psicológicamente por culpa de este circo», aseguraba con pena su mujer, Carmen Sánchez, al tiempo que pedía al fiscal que abriese los ojos ante los «datos presentados, porque, hasta ahora, parece que estaba ciego».
