Hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que estos actos de inmatriculación vulneran la convención europea de los Derechos Humanos
(C.D./EFE).- Puerta entreabierta para que instituciones y particulares recuperen los bienes «indebidamente» inmatriculados por la Iglesia. El Ministerio de Justicia está «procesando los datos» para la realización del listado de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por las autoridades eclesiales, un paso que el diputado socialista Antonio Hurtado ha saludado como un avance «en la aconfesionalidad del Estado y la eliminación de los privilegios históricos de la Iglesia católica» y en la justicia, ya que «hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que estos actos de inmatriculación vulneran la convención europea de los Derechos Humanos».
Así lo señala el Ministerio en respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Hurtado, quien, en declaraciones a Efe, ha considerado que se trata de un ejercicio de cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos, así como «un paso adelante después de muchos años mareando la perdiz por parte del Gobierno de Mariano Rajoy».
El parlamentario socialista ha valorado que Justicia se haya comprometido a hacer público el listado, ya que el anterior Ejecutivo, en una repuesta al mismo diputado, en noviembre de 2017, le informó de que había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud de la Ley Hipotecaria, «pero nada más».
Hurtado ha incidido en la importancia de que se haga público el listado, porque «es el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes, que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio nacional«, aunque «se concentran más en unas provincias que en otras», lo que el diputado achaca a la mayor o menor «permisividad de los notarios».
Hurtado ha considerado que la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP que daba a la Iglesia la potestad de actuar como una institución pública «ha significado una enorme capitalización» de ésta, a espaldas de todos y con una opacidad escandalosa», unida a «una avidez impropia de la Iglesia».
Esa reforma posibilitaba a la Iglesia inmatricular los bienes «sin acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos» y, a veces, se trataba de bienes de dominio público, como la Plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita de Córdoba, que «está en estos momentos a nombre de la Iglesia».
Los obispos muestran su conformidad «siempre que se haga conforme a la legislación vigente»
Mientras tanto, los obispos han mostrado su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados por la Iglesia católica «siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación» y han matizado que ellos no disponen de esos datos.
«La Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia», ha asegurado en declaraciones a Efe el responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.
Barriocanal ha recordado que en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica «que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles».
Además, ha añadido que 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. «En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos», ha asegurado.
Y ha considerado que el proceso de inmatriculación por certificación -procedimiento por el que las administraciones públicas territoriales y la Iglesia católica pueden inmatricular sus fincas y acceder a la condición de titular registral- «no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien».
«El acto de registrar no concede la propiedad; simplemente, la registra», ha matizado Barriocanal, tras lo que ha explicado que «los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general».
Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley, que, según ha dicho, dejaron de ser operativos en 2015, «lo único que se procuró era dejar constancia de una realidad, que es anterior al propio acto de registrarla».
«En cualquier caso, la propia legislación prevé mecanismos para corregir los errores de dicho proceso», dado que, ha insistido, «la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad».
Barriocanal ha opinado que los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España «aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y, por supuesto, económica muy relevante».
Y para demostrarlo ha hecho referencia al estudio publicado por la consultora PWC, según el cual «la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aporta a la economía española unos 22.000 millones de euros al año, el equivalente al 2 % del PIB», ha concluido Barriocanal.
