Hoy termina el plazo para recibir alegaciones a la exhumación del dictador

El Gobierno evalúa incluir un protocolo de inhumación a la ley para impedir el entierro de Franco en La Almudena

El Vaticano respalda al Arzobispado de Madrid en la polémica decisión de la familia Franco

El Gobierno evalúa incluir un protocolo de inhumación a la ley para impedir el entierro de Franco en La Almudena
Los Franco, en la cripta de La Almudena Agencias

El Ejecutivo baraja incluir, dentro del proceso de alegaciones, un 'protocolo de inhumación' que incluiría un cauce legal mediante el cual no se permitiría el entierro de Franco en un lugar donde se pueda alterar el orden público

(Jesús Bastante).- Una cuestión de «orden público». Esta es la tesis que baraja el Gobierno para impedir que los restos de Franco, una vez sacados del Valle de los Caídos, sean enterrados en la cripta de la catedral de La Almudena. Hoy concluye el plazo para recibir alegaciones a la exhumación del dictador, prevista en el decreto-ley aprobado a finales de agosto y refrendado por el Congreso de los Diputados.

En el mismo, se daba 15 día a las partes -especialmente a la familia, pues la Iglesia, a través del Arzobispado, ya anunció que cumpliría la norma y, pese a lo que se ha especulado, el prior del Valle no es quien para presentar objeciones- para presentar alegaciones a lo aprobado en el Consejo de Ministros. El plazo se ha alargado, pues se tardó un tiempo en encontrar a uno de los nietos de Franco para hacerle entrega, vía burofax, de la orden ministerial, y a partir de ahora habrá de ser el Gobierno quien toma decisiones.

El principal escollo está en la decisión de la familia de evitar, a toda costa, la exhumación del dictador, con el inestimable apoyo de la Fundación Francisco Franco. Si los recursos no prosperan (el decreto dio el plazo de un año para concluir todo el proceso), los nietos de Franco han anunciado su decisión de que los restos de su abuelo reposen en la tumba que la familia posee a perpetuidad en la cripta de la catedral de La Almudena, y donde ya reposan Carmen Franco y su marido, el marqués de Villaverde.

 

 

¿Quién puede impedir que los restos de Franco, una vez sacados del Valle de los Caídos, acaben en la cripta de la catedral de La Almudena? El Gobierno ya sabe -por vías extraoficiales- que la Iglesia no… pero sí la ley. Según ha podido saber RD, el Ejecutivo baraja incluir, dentro del proceso de alegaciones, un ‘protocolo de inhumación’ que incluiría un cauce legal mediante el cual no se permitiría el entierro de Franco en un lugar donde se pueda alterar el orden público, o perjudicar el desarrollo normal de la actividad que allí se desarrolle, ya sea de culto católico (como sucedería en la cripta) o de otro tipo. Así, también se evitaría la otra petición de la familia Franco: que el general fuera despedido conforme a las leyes militares, con salvas de cañones y toda la parafernalia castrense al uso.

Las directrices de este proceso están siendo dirigidas desde Vicepresidencia, junto con el Ministerio de Justicia y la Abogacía del Estado, con la premisa de evitar actos masivos de exaltación de la dictadura, que contravendrían la Ley de Memoria Histórica. En todo caso, no se ha descartado la posibilidad de que uno de los nietos (algunas fuentes hablan de Carmen Martínez Bordiú) rompa la unanimidad que parece estar mostrando la familia en este tema.

Precisamente, una de las claves que estaría manejando la Abogacía del Estado para impedir la inhumación de los restos del dictador está en que la cripta tiene actividad parroquial, y ésta se vería alterada con la presencia de Franco. Del mismo modo, su ubicación junto al Palacio Real podría suponer, entienden fuentes jurídicas, un ‘efecto llamada’ para posibles concentraciones de nostálgicos del régimen.

 

 

Por otro lado, el Gobierno ya sabe que la Santa Sede respalda a la Iglesia española en su postura de no impedir que Franco sea enterrado en la cripta, entre otras razones porque no puede hacerlo. Así se lo transmitirá el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, a la vicepresidenta Carmen Calvo, si el tema sale durante la reunión que ambos mantendrán en Roma el próximo 29 de octubre.

El Vaticano entiende las razones esgrimidas por el cardenal Osoro, quien además en su día ya advirtió al Ejecutivo de que la familia tenía una tumba a su nombre en la cripta, y así lo hará saber a Calvo, aunque fuentes gubernamentales niegan haber sido informados. No será Roma la que saque el tema, y hay serias dudas de que la Vicepresidenta, finalmente, siquiera lo plantee, sabedora de que, además de una institución religiosa, el Vaticano es un Estado, y como tal no debe interferir en una cuestión que, entiende la Iglesia, compete única y exclusivamente a Gobierno y familia.

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Autor

Jesús Bastante

Escritor, periodista y maratoniano. Es subdirector de Religión Digital.

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