La ley habla de que los delitos no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años. En la parte procesal, se crearán juzgados para violencia contra la infancia, y la presencia de un fiscal especializado en estos temas
(Jesús Bastante).- Este viernes (curiosamente, día de los Inocentes), el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que supondrá una auténtica revolución en el ámbito de protección de los menores en todos los sectores, desde la escuela al ámbito judicial, pasando por el sanitario y, cómo no, la Iglesia católica.
Desde 2015, Save The Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas han estado trabajando en «el esqueleto de la ley», como asegura a RD su directora, Clara Martínez. Un armazón que, después, se ha completado «con muchas otras entidades y expertos».
La búsqueda de consenso ha llevado a que la norma «baje el perfil» de máximos que se llevan trabajando desde 2015, pero aún así, la futura normativa, que cuenta con el apoyo de los principales grupos parlamentarios, supone la creación de «toda una estructura de prevención, penal y procesal bastante novedosa» para luchar de manera integral contra toda violencia contra los menores.
¿Cuál ha sido la participación de Comillas?
La Cátedra, junto a Save The Children, publicamos un documento en 2015, con las bases para una estrategia contra la violencia contra la infancia, en la línea de lo indicado por el Consejo de Europa y el Comité de Derechos del Niño. En ella, indicábamos que la columna vertebral de dicha estrategia debía ser una ley que articulase la intervención de los poderes públicos y de todos los sectores implicados en la infancia.
¿Cuáles son sus ejes?
La Cátedra elaboró la parte más ‘tecnico-juridica’, siguiendo la estructura de la ley de la Violencia de Género. Esta es una ley que se ha basado en la prevención, y tres grandes apartados. La prevención; pequeñas modificaciones en la parte penal; y la parte procesal-judicial, que es bastante novedosa.
¿Qué novedades trae la futura ley?
Lo primero que hay que decir es que no se trata de una ley para combatir los abusos sexaales solamente. Esto está contemplado porque recoge el concepto de violencia, como también los malos tratos o el buylling, pero va mucho más allá. En lo preventivo, afecta a todos los poderes públicos y administraciones, y también a los medios de comunicación, servicios sociales, Policía, sistema educativo, sanitario… Todos los actores que trabajan con la infancia, con un fuerte componente de sensibilización y concienciación.
En la parte penal, se añaden las penas de inhabilitación, y se amplía el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores. Se llegó a hablar de imprescriptibilidad, pero se trata de un tema sin el consenso suficiente. La ley habla de que los delitos no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años.
En la parte procesal, se crearán juzgados para violencia contra la infancia, y la presencia de un fiscal especializado en estos temas. Porque estos casos no pueden ir a Juzgados de Familia, ni a Menores, hay que crear Juzgados especializados.
¿Qué crees que supondrá la nueva ley?
Esperamos que tenga un impacto pedagógico y de conciencia. Va a poner el foco algunos temas, como por ejemplo los castigos corporales. Se sigue consintiendo mucha violencia contra los niños en el ámbito familiar… También creemos que puede servir para debatir sobre la prevención, y elaborar formas de disciplina positiva que no sean violencia, evitar el buylling.
Es muy importante la prevención, bajo el principio del Buen Trato, que pretende no solo responder cuando la violencia se haya producido. Hay que incorporar el ‘tratar bien’, que va más allá de no pegar al hijo o al alumno. Debemos aprender cómo sacar lo mejor de los niños. Tenemos un problema de falta de datos: la gente no es muy consciente de que la violencia contra los niños está muy naturalizada.
Otro efecto importante de la ley es que la respuesta penal es insuficiente. Tenemos que conocer qué estamos haciendo, cuáles son las políticas públicas sobre la violencia, formar a personas para respetar…
En el ámbito sanitario es donde más avanzado está esto. En el ámbito escolar, es más difícil detectar el problema. Y dejamos al niño indefenso ante la violencia. Por eso es importante involucrar a la gente para que sepa que tiene el deber de notificar los casos de abusos.
Uno de los aspectos más polémicos es el de los abusos a menores en la Iglesia…
El tema de los abusos está incluido, está recogido penalmente. Ahí no hay mucho debate, más allá de la imprescriptibilidad. En el caso de la Iglesia, creo que hay que diferenciar cómo ha respondido la institución frente a los casos del pasado, y cómo afronta los casos que se den ahora y de cara al futuro. Lo que corresponde es dar una respuesta en ambos casos, siempre pensando en la víctima. Eso es lo más importante.
Al tratarse de una institución tan peculiar, no es que haya un agresor con una víctima, sino que hay se produce un abuso más profundo, que toca la fe, la institución a la que perteneces… La Iglesia tiene que aprender a trabajar la reconciliación, pero siempre desde la victima. Hay que abordar el encuentro con la víctima. En este sentido, se está viendo un punto de inflexión. Se va aceptando que esto es un problema y que, como subraya Hans Zollner, sj., la Iglesia es una de las instituciones más afectadas por estos problemas, y hay que hacer algo.
¿Y qué hacemos como Iglesia?
Podemos estar pidiendo perdón, o también liderar ese cambio, y cobrar conciencia de que la víctima merece una respuesta más integral. En Comillas, contamos con un grupo de investigación que trabaja en el concepto de ‘reconciliación preventiva’, que tiene que ver con el buen trato. La Iglesia debe saber cómo detectar, cómo prevenir, cómo reconciliar. Pero la clave siempre está en la víctima.
