Podría darse el caso de que familia y Ejecutivo forzaran la situación, y la primera esperara al último momento para presentar el recurso, y el Gobierno quisiera ejecutar la medida antes de que comenzara la campaña electoral. ¿Qué ocurriría entonces?
(Jesús Bastante).- El Gobierno quiere sacar a Franco del Valle antes de las elecciones generales del 28 de abril. Para ello, aprobó el viernes el decreto de exhumación de los restos del dictador, último paso antes de proceder a su salida. ¿Último? Tal vez no.
El propio Ejecutivo admite en el acuerdo del Consejo de Ministros que necesita la autorización de la comunidad benedictina para acceder a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad jurídica competente, en este caso el Tribunal Supremo.
El problema principal estriba en que el Gobierno ha dado a la familia un plazo de 15 días para responder a su requerimiento, pero también que los descendientes de Franco tienen dos meses para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con una petición expresa de suspensión cautelar de la medida acordada por el Consejo de Ministros.
Esto es: podría darse el caso de que familia y Ejecutivo forzaran la situación, y la primera esperara al último momento para presentar el recurso, y el Gobierno quisiera ejecutar la medida antes de que comenzara la campaña electoral. ¿Qué ocurriría entonces? Nadie se atreve a decirlo.
Lo que todos tienen claro -familia, Iglesia, Gobierno y prior- es que, en caso de conflicto, todos acatarán la decisión del Tribunal Supremo. Una circunstancia que, como apunta Ep, no impide la exhumación, pero sí podría conducir «a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo».
En este sentido, el Ejecutivo socialista admite en esta fase del procedimiento que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en los Acuerdos Iglesia-Estado provoca «la necesidad de requerir la autorización eclesiástica o de la confesión respectiva para acceder al lugar de culto y dar cumplimiento de una disposición legal».
«En ningún caso -abunda el Gobierno en respuesta a las alegaciones recibidas por la abadía de los benedictinos- se ha cuestionado este efecto, y precisamente por ello se ha requerido la correspondiente autorización a la comunidad benedictina a cuyo cargo se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos». El problema es que hasta la fecha, esa autorización se ha denegado.
No obstante, el Ejecutivo recuerda que esta inviolabilidad no se puede entender como que los lugares de culto estén al margen de la intervención de la autoridad civil, sino que ésta, de producirse, deberá ser acorde a la legalidad vigente.
Es decir, que si la autorización de los benedictinos sigue sin llegar, el Consejo de Ministros, según establece el propio acuerdo, podrá decidir «los actos que resulten necesarios» para ejecutar la exhumación, «incluyendo los relacionados con el acceso a lugares de culto según la normativa vigente».
Pero estos actos, como cualquier decisión del Consejo de Ministros, pueden ser recurridos por las partes ante el Tribunal Supremo por la vía contenciosa administrativa. Algo que tendría que hacer la familia o la Abadía.
