LIBERTAD RELIGIOSA

Una sentencia anula la retirada de símbolos religiosos aprobada por el Ayuntamiento de Valladolid

Una sentencia anula la retirada de símbolos religiosos aprobada por el Ayuntamiento de Valladolid
El crucifijo en la escuela. EP

Cada vez más, el ejercicio del derecho de libertad religiosa se ve afectado por los desarrollos normativos y las actuaciones competenciales de Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales (Gil Tamayo: “En España peligra la libertad religiosa a manos de un laicismo excluyente, que convierte a los cristianos en sin papeles”).

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid ha estimado de manera parcial el recurso que la Asociación Española de Abogados Cristianos interpuso contra la moción laicista aprobada por el Ayuntamiento de Valladolid en septiembre de 2018.

En concreto, la sentencia ha anulado los apartados ‘2a’ y ‘2b’ que instan a retirar la simbología religiosa de los espacios religiosos y dejar de promover actos religiosos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha considerado que la sentencia es «bastante contundente» y que cita jurisprudencia nacional del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así, «se vulnera la Constitución y la jurisprudencia supranacional, algo que el Ayuntamiento de Valladolid conocía como señaló en las alegaciones».

Por tanto, la abogada ha indicado que el Consistorio «ha presentado una moción laicista a sabiendas de su ilegalidad».

Asimismo, la presidenta ha exigido responsabilidades políticas y ha manifestado que este hecho es peor que «un caso de corrupción».

«Es muy grave que un Ayuntamiento apruebe mociones que van en contra de la Constitución y vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos», ha enfatizado.

Castellanos ha asegurado que el fallo «sienta un precedente para todos los Ayuntamiento que estaban empezando a quitar símbolos católicos de espacios públicos».

Además, la presidenta ha expresado que presentará el mismo recurso en otros consistorios de Castilla y León en los que se ha aprobado la misma moción, como los municipios de Cacabelos y Ponferrada, y no ha descartado «acudir a la vía penal para inhabilitar a los partidos o cargos políticos que vulneran derechos fundamentales».

La abogada ha afirmado que cabe recurso, pero cuando hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal europeo de Derechos Humanos el «recurso es un trámite». «Sería prácticamente imposible que les diesen la razón», ha añadido.

Por último, Castellanos ha criticado la deriva tomada por Óscar Puente y su ambición de poder a cualquier precio.

«El alcalde ha sido capaz de pactar con los grupos más radicales de izquierda que pretenden que algunos puedan ejercer sus derechos pero que otros no podamos hacerlo y, por tanto, que no todos seamos iguales ante la ley», ha manifestado.

Castellanos ha insistido en que «la justicia ha dejado claro que lo que este alcalde pretendía, a propuesta de grupos radicales de izquierda, suponía incumplir la Constitución y vulnerar los derechos fundamentales de todo el colectivo católico».

La abogada ha considerado que el fallo le da la razón en el hecho de que los puntos señalados de la moción vulneran los derechos fundamentales previstos en los artículos 16, sobre la libertad religiosa, y 20, sobre la libertad de expresión, de la Constitución Española.

La moción fue presentada por el Grupo Municipal de Sí Se Puede y apoyada por el PSOE y Toma la Palabra para promover el «carácter laico» del Ayuntamiento en septiembre del año pasado.

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