No sólo los Franco se oponen a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos (El Prior del Valle de los Caídos: «La campaña mediática para destruirme ha sido brutal»).
Como revelan M. Jamardo y L. Sela en OKdiario este 9 de abril de 2019, las familias de algunos de los 153 enterrados, que no fueron caídos de la Guerra Civil, se niegan a que sus antepasados salgan de la Basílica (Sacar la momia de Franco obligará a desenterrar también a 20 monjes del Valle de los Caídos).
Los trámites administrativos creados ad hoc por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la exhumación de Franco están complicando, de nuevo, la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos (Las visitas al Valle de los Caídos se disparan: en febrero duplicaron a las de 2018).
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Pese a que más de 184 difuntos sepultados en la Basílica de Cuelgamuros -de los cuales 20 de ellos son monjes benedictinos- quedan afectados por el ‘decretazo’ socialista que modificó la Ley de Memoria Histórica, sus familias no han sido incorporadas como parte en el expediente. Y aunque varias se oponen a la decisión del Gobierno, precisamente por este motivo, no han podido pronunciarse hasta la fecha.
Entre las mismas, al menos, las de dos guardias civiles fallecidos tras 1939 en su lucha contra el ‘Maquis’, como se conoce popularmente a la guerrilla comunista antifranquista, y los descendientes de un ‘divisionario’ que descansa en el conjunto monumental desde 1954.
Sus nombres se encuentran en la relación documentada de los difuntos que recibieron sepultura en la Basílica de Cuelgamuros -a la que OKDIARIO tenía acceso, en exclusiva, el pasado mes de noviembre de 2018- una vez finalizada la Guerra Civil y a todos ellos se les aplica la norma de «reparación histórica» aprobada por el Gobierno y quedan, por tanto, obligados a salir de su ubicación actual.
Dicha norma, exigible desde el mismo momento de su entrada en vigor, el pasado mes de agosto, y para todos los casos sin excepción, estaría siendo vulnerada en los «acuerdos motivados» aprobados por el Consejo de Ministros.
Las decisiones posteriores del Ejecutivo han proporcionado un tratamiento diferente a los Franco frente a las 184 familias restantes, que desconocen formalmente su condición de interesados porque el Gobierno todavía no les ha notificado de manera oficial su situación -a diferencia de cómo ha procedido hasta la fecha con los herederos de dictador-.
Y ello pese a que los listados donde se recogen sus datos personales pormenorizados -nombre y apellidos, fecha de nacimiento y fecha y lugar de fallecimiento- están incorporados al expediente en el que se tramita el desarrollo del Real Decreto.
Además, tal y como publicaba este viernes ABC, al hilo de lo reflejado por la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo para oponerse a las medidas cautelares solicitadas por la familia en su recurso, la orden religiosa liderada por el abad Cantera se niega al traslado de los restos de los benedictinos «enterrados en el monasterio entre 1963 y diciembre de 2018».
El Gobierno consciente de su error
El texto inicialmente aprobado por el Ejecutivo recoge que «solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra».
Esta consideración, que afecta a un total de 184 restos mortales inhumados en el Valle de los Caídos pese a incumplir dicho requisito, no ha sido trasladada, publicitada ni impulsada, hasta ahora, a sus familias pese a que en el Gobierno socialista son conscientes de que la ley afecta por igual a los derechos de conformidad u oposición de todas ellas, más allá de los nietos del dictador.
Y es que en base al artículo 16 del Real Decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica se resuelve la prohibición de legislar sobre «caso único».
Es decir, no se permite ningún tipo de ley que pretenda regular un caso concreto y particular, de manera aislada. Motivo por el que el Gobierno aprobó la redacción actual como modificación a una norma anterior -la Ley 52/2007, de 26 de diciembre- bajo un título en el que «se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura».
Por ello, además, inició la causa como colectiva y general, declarando las exhumaciones de interés público:
«Este procedimiento tiene en cuenta los intereses de los afectados, tanto públicos como privados, y garantiza su derecho a ser oídos, su participación en el procedimiento y los recursos contra las actuaciones administrativas ante los órganos jurisdiccionales ordinarios competentes».
«El procedimiento diseñado prevé expresamente las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean».
Algo que ahora la Abogacía del Estado advierte, como desde un principio lo vienen haciendo tanto la familia Franco como el resto de recurrentes, es susceptible de inconstitucionalidad.
Detalles, ambos, que el Gobierno ha alterado en la práctica para evitar nuevas dilaciones en su promesa electoral que fijaba como fecha definitiva para la exhumación del dictador el próximo 10 de junio.
Así lo anunciaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo.
Los socialistas tendrán que subsanar esta nueva complicación iniciando, desde cero, un nuevo expediente administrativo e incluir en el mismo la personación de las 184 familias o representantes legales de las mismas, que corresponda. Todo ello, sin perjuicio de las decisiones judiciales que se adopten en el Tribunal Supremo en relación a la causa actualmente vigente.
