El litigio abierto entre las diócesis de Barbastro-Monzón y Lérida hace casi 25 años, con el decreto vaticano de ajustes de los límites diocesanos a los políticos y administrativos, llega este jueves 16 de mayo de 2019 a los tribunales (Los obispos de Barbastro-Monzón y Lérida se enfrentarán esta semana en un juicio civil).
Los obispos de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y de Lérida, Salvador Giménez, comparecerán ante un tribunal de justicia para tratar de resolver un pleito sobre 111 piezas del patrimonio histórico-artístico de las parroquias adscritas al obispado altoaragonés.
La demanda civil interpuesta por el Obispado de Barbastro fue dirigida inicialmente contra el consorcio del museo leridano, donde permanecen las piezas reclamadas desde Aragón, aunque finalmente ha implicado a la diócesis catalana al plantear su titular de forma sorpresiva que 83 de las piezas eran de su propiedad.
Una afirmación que contradice las tres resoluciones dictadas por los tribunales vaticanos entre 1995 y 2008 para instar la devolución de los bienes a las parroquias aragonesas como sus legítimas propietarias, pero también el reconocimiento de anteriores obispos de Lérida de la propiedad aragonesa de los bienes, según informa Efe.
A la demanda central del Obispado de Barbastro para exigir la devolución de los bienes se suma la planteada por la diócesis de Lérida para reclamar la propiedad de 83 de las piezas, las más valiosas, y la interpuesta por el consorcio para exigir los gastos de conservación de los bienes en el caso de ser devueltos.
La diócesis de Barbastro-Monzón cuenta la presencia, como parte coadyuvante del Gobierno aragonés, mientras que la de Lérida y del consorcio esperan una decisión de última hora del juez para integrar en el procedimiento a la Generalidad.
Se trata de un litigio que plantea un enfrentamiento «insólito» entre dos diócesis por la propiedad de unos bienes que contó con el beneplácito de la Santa Sede para que, reconocida inicialmente la propiedad aragonesa, se actuara contra el museo para conseguir la devolución de las piezas.
En reiteradas ocasiones, la diócesis de Lérida alegó no poder retirar las piezas del museo donde permanecen depositadas, al estar bajo la jurisdicción de la ley de patrimonio del Gobierno catalán.
Una protección que el Vaticano recomendó eludir en 2009 a uno de los antecesores en el Obispado de Lérida, Joan Piris, mediante una querella contra los responsables de gestión del museo.
Ahora, el titular del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Barbastro deberá resolver una cuestión en torno a unos bienes tasados por el conservador del museo de Lérida en más de 8 millones de euros, que previsiblemente llegará al Tribunal Supremo.
Sobre el proceso pesa la sombra de lo ocurrido con las piezas del Monasterio de Sijena, cuyo traslado ordenaron los tribunales oscenses con el auxilio de la Guardia Civil ante la negativa de las autoridades catalanas a facilitar la devolución.
Esta actuación motivó una querella criminal contra los exconsejeros catalanes de Cultura, Santi Vila y Lluis Puig, por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación, todavía por resolver.
Fuentes jurídicas han asegurado que no descartan que las piezas de las parroquias, en el caso de ser ratificada la propiedad aragonesa, deban de ser objeto a una operación similar a la llevada a cabo con los bienes de Sijena.
Los distintos peritos y expertos convocados por ambas partes plantearán sus respectivos argumentos en defensa de sus posiciones, con el nombre del obispo leridano Josep Messeguer como pieza fundamental en la defensa de la postura catalana.
Josep Messeguer, según la representación catalana, se hizo con las piezas de las parroquias mediante supuestas donaciones y compras a sus titulares, una posibilidad que la parte aragonesa cuestiona dado que el Vaticano no permite este tipo de operaciones en el seno de la iglesia.
Un puesta en cuestión, han añadido las citadas fuentes, que ya respaldaron los tribunales vaticanos en sus decretos al no dar validez ni credibilidad a los documentos aportados por la diócesis catalana en relación a las supuestas operaciones.
Estas fuentes han añadido que tras el conflicto surgido entre Aragón y Cataluña por los bienes de las parroquias, el Vaticano decidió dar marcha atrás a otras delimitaciones de ajustes eclesiásticos para evitar nuevos conflictos.
Tres años después de aprobarse el decreto de segregación de las iglesias catalanas, la Nunciatura Apostólica en España descartó desgajar de la diócesis de Tortosa (Tarragona) varias parroquias situadas en la Comunidad Valenciana, según dichas fuentes, ante las tensiones surgidas entre fuerzas nacionalistas de ambos territorios.
No ha podido ser el diálogo
El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ha mostrado su confianza en la justicia para resolver este litigio por la vía civil para recuperar las 111 piezas de arte sacro en depósito en Lérida.
A las puertas del Juzgado de Barbastro, antes de entrar en la vista oral, Pérez ha reiterado que ésta ha sido la última alternativa que ha tenido para hacer justicia. «He intentado el diálogo pero no ha podido ser», ha manifestado.
Asimismo ha recalcado que representa a 44 comunidades cristianas, en alusión a las parroquias propietarias de los 111 bienes. «He hecho lo que tenía que hacer. Estoy aquí no por Ángel sino por las 44 comunidades cristianas. Estoy dispuesto a darlo todos por ellas», ha dicho. «Es un momento triste y hubiera deseado no llegar hasta aquí. Pero he hecho todo lo posible».
Tras el ha llegado el obispo Emérito, Alfonso Milián, que ha recordado que con Xavier Salinas ya se firmó un acuerdo reconociendo la propiedad aragonesa, ante el Nuncio del Vaticano en España. Acuerdo que ratificó Joan Piris. «Si hubiera sido por él ya hubieran sido entregadas». Y ha lamentado haber llegado a esta esta situación «pero hay que hay que hacer lo que se tiene que hacer».
No se conocen documentos de compraventa
Alberto Velasco, conservador del Museo de Lérida, ha admitido este jueves, en el juicio que se celebra en Barbastro por la propiedad de los bienes de las parroquias aragonesas, que no ha visto ningún documento de compraventa de las 111 piezas reclamadas desde Aragón.
En respuesta a una pregunta del letrado del Gobierno de Aragón e instado por el juez a responder con un simple «si o no», Velasco ha reconocido no haber visto ningún documento que acreditara que el obispo Messeguer, a finales del siglo XIX y principios del XX, adquiriera las piezas a las parroquias.
El interrogatorio del abogado del Ejecutivo aragonés ha generado una cierta tensión, ya que el letrado ha cuestionado la imparcialidad del conservador para comparecer como testigo tras publicar dos artículos en contra de las sentencias de devolución de los bienes de Sijena y defender éste su derecho a la libertad de expresión.
Citado por la representación legal del Museo de Lérida, el conservador ha hecho previamente una exposición en defensa de la labor de Messeguer en defensa de obras «expuestas a peligros», como ventas sin autorización o la propia Guerra Civil española.
Ha apuntado, incluso, que muchos de los bienes no recogidos por el obispo desaparecieron, y que las ofertas hechas a las parroquias por este obispo «igualaban o superaban» las de los anticuarios, que empezaban a interesarse entonces por el arte medieval.
Velasco se ha amparado en la tesis doctoral de su compañera conservadora en Lérida, Carmen Berlabé, para defender que las piezas se depositaron de forma pactada en el museo mediante compras, permutas o donaciones.
«Vengo a contribuir a que se sepa la verdad, no mi verdad», ha contestado Velasco al ser cuestionada su imparcialidad por el letrado de Aragón, al que ha tenido que reconoce que no ha visto ningún documento válido de compraventa.
