La Asociación Española de Abogados Cristianos llevará ante el Tribunal Constitucional la ley LGTBI aprobada por el PP en la Comunidad de Madrid en 2016 (Abogados Cristianos se querella contra los activistas LGTBI que irrumpieron en la Catedral de Alcalá de Henares).
Lo hará a través de una cuestión de inconstitucionalidad enmarcada dentro del proceso Contencioso-Administrativo que va a iniciar contra la Comunidad de Madrid por el expediente sancionador abierto a la coach, Elena Lorenzo, por realizar terapias de acompañamiento.
Según la Ley LGTBI aprobada por el PP en la Comunidad de Madrid, Lorenzo podría ser sancionada con hasta 45.000 euros.
Para la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, «se trata de una multa totalmente desproporcionada, incluso superior a sanciones penales».
Castellanos denuncia que la Ley LGTBI de Madrid «pone a todos los ciudadanos en peligro».
«Se trata de una normativa que se inmiscuye en el ámbito privado y que además es desde todo punto de vista inconstitucional al considerar que cualquiera es culpable hasta que se demuestre lo contrario», añade.
Abogados Cristianos anuncia además querellas contra la persona que suplantó la identidad de Lorenzo en una red social dirigida a homosexuales, así como contra todos los que en este tiempo la han amenazado o calumniado.
Polonia Castellanos asegura que «este tipo de leyes fomentan la persecución y el acoso, como ha pasado en este caso».
«Ella (Elena Lorenzo) ha denunciado la suplantación de identidad, las amenazas y las calumnias, y no ha obtenido respuesta por parte de ninguna administración», indica.
«Es indignante que se permitan este tipo de comportamientos cuando provienen de ciertos colectivos que parecen tener privilegios en esta sociedad. Llama la atención que hay otros coach que hacen el mismo tipo de acompañamiento que hace Elena Lorenzo y no se les ha sancionado por el mero hecho de que son homosexuales», lamenta.
Por otra parte, Abogados Cristianos también ha demandado al Consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ante el Tribunal Superior de Justicia de la región por aplicar en colegios de forma ilegal un protocolo sobre transexualidad.
Según informa en un comunicado, «la Consejería de Educación lleva meses aplicando este protocolo en varios colegios de la Comunidad de forma irregular. Sin avisar al alumnado ni a los padres y sin publicarlo en los boletines oficiales».
La demanda se extiende también a la directora general de Innovación y Equidad Educativa, María del Pilar González, «responsable directa de la aplicación del protocolo con la que Abogados Cristianos se reunió en cuanto tuvo conocimiento del asunto».
Esta organización de juristas considera que la medida puesta en marcha por la Junta de Castilla y León «vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución, tales como el derecho a la libertad de educación de los padres o la libertad ideológica».
Castellanos explica, además, que «este protocolo contempla medidas tan peligrosas como limitar la patria potestad de los padres si no están de acuerdo con el proceder de la Administración».
Critica también que la iniciativa de la Junta «incluye formación temprana en sexualidad impartida por activistas con marcado tinte ideológico en detrimento de profesionales acreditados».
Por último, condena que el protocolo «prescinde de toda información previa a los padres y fomenta el uso de cuartos de baño y vestuarios mixtos».
