Un sacerdote dijo haber cometido abusos contra más de cien menores
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el «prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos».
Esas son algunas de las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern.
El texto, de 700 páginas, ha visto la luz con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, al tiempo que se ha eliminado toda referencia a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos, por lo que se utilizan seudónimos para proteger la identidad de otros.
El informe, fruto de tres años de investigaciones, asegura que la política y tácticas ocultistas de la Iglesia se pueden resumir bajo la frase de tintes mafiosos «no preguntes, no hables».
«La Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento», explica el texto.
«Las autoridades del Estado -prosigue- facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal».
La Comisión investigadora de la Archidiócesis de Dublín ha examinado las acusaciones de 450 personas presentadas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de diecinueve miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.
El purpurado llegó a acudir a los tribunales para impedir la entrega de unos 5.000 documentos archivados durante su ejercicio al frente de la Archidiócesis, petición que le fue denegada.
Cuando abordó las denuncias de maltratos sexuales, Connell estableció en dos ocasiones juicios secretos bajo los términos de la Ley Canónica, según el informe.
Aunque la Comisión no halló pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Archidiócesis, detalló varios casos tan estremecedores como los recogidos en el llamado «Informe Ryan» del pasado mayo.
Un sacerdote, por ejemplo, admitió haber cometido abusos sexuales contra más de 100 menores, mientras otro confesó que, durante el ejercicio de más de 25 años de Ministerio, abusaba de menores cada «dos semanas».
En otra instancia, el informe denuncia que la policía irlandesa (la Garda) tardó 20 años en presentar cargos contra un sacerdote.
«Altos cargos de la Garda, incluido el Comisionado (máximo responsable) en 1960, consideraban que los curas estaban fuera de su alcance. Hay algunos casos en que los agentes, de hecho, informaban a la diócesis sobre denuncias en lugar de investigarlas», añade el texto. (RD/Efe)
