"Se trata de una decisión política que excede las competencias del Tribunal"
Veintisiete parlamentarios de la Asamblea del Consejo de Europa han firmado una declaración contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, por la que los crucifijos en las aulas italianas constituyen una «violación de los derechos humanos y educativos».
En esa declaración afirman: «nos desmarcamos totalmente» de esa sentencia, hecha pública el pasado 3 de noviembre.
Entre los parlamentarios firmantes no hay ninguno de Italia y España, países donde la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo un fuerte eco y reacción social.
Entre los firmantes se encuentran los legisladores andorranos liberales Amadeu Rosell y Joan Torres y también tres socialistas procedentes de Malta y Dinamarca. Firman asimismo miembros del PPE (Partido Popular Europeo, conservador) polacos, checos, austríacos y suizos, liberales irlandeses, británicos y georgianos, y del también conservador Grupo Demócrata Europeo.
También son signatarios el presidente de la delegación francesa en la Asamblea, el diputado de la UMP (Unión por un Movimiento Popular) Jean-Claude Mignon, así como el parlamentario canadiense Scott Simms, que acude a la Cámara como representante de un Estado observador.
El escrito señala que la sentencia se apoya en el artículo 9 del Convenio, que «garantiza la libertad de religión, pero no la igualdad entre las religiones». Sólo esta última garantía «obligaría al Estado a la neutralidad con las religiones» para garantizar la libertad de religión.
Además, aseguran que ninguna actividad religiosa «se impone» a los alumnos, así como ninguna «adoración de los crucifijos» en las aulas. Los crucifijos, dicen, «no son más que símbolos puramente religiosos» pero son «comúnmente considerados como representativos de la historia y la identidad italianas«.
Según los firmantes, la sentencia entra en conflicto con el «margen de apreciación» que obliga a tener en cuenta «las diferencias culturales, históricas y filosóficas» entre el Tribunal de Estrasburgo e Italia.
Además de pensar que «se trata de una decisión política que excede las competencias del Tribunal», los parlamentarios muestran su «inquietud» por cómo la sentencia «afectará los derechos de los países dotados con una religión de Estado para colgar símbolos religiosos en los espacios públicos».(RD/Efe)