Simplemente estamos celebrando las misas en nuestras casas, hasta que recibamos permiso para construir un templo. Pero no nos lo dan.
Apiñados en el salón de una pequeña casa, varios cientos de cristianos, todos vestidos con sus galas de domingo, comentan entre susurros el sermón. «Pero como indonesios y como seguidores de Cristo, seguiremos con el culto«, dice el sacerdote invitado Pieterson Purba como respuesta a la noticia de que las autoridades locales planean clausurar su rudimentaria iglesia y obligar su traslado. «Y como no tenemos ningún otro sitio a donde ir, seguiremos rezando aquí mismo, en esta casa». Lo cuenta Peter Geeling en Global Post.
Una semana más tarde, el 28 de febrero, un grupo exaltado de musulmanes fundamentalistas les atacó por segunda vez durante la misa matinal, exigiéndoles que se marchen del barrio. «¿A dónde nos vamos?», se pregunta un miembro de la congregación.
Durante casi 20 años, esta parroquia, parte de la Iglesia Protestante Cristiana Batak en el barrio Pondok Timur Indah de Bekasi, un suburbio industrial de Yakarta, ha estado pidiendo al Gobierno de Indonesia permiso para construir un lugar propio para rezar. Pero las autoridades han rechazado reiteradamente las peticiones, esgrimiendo como motivo unas leyes que indican que es el gobierno el que debe de decidir el emplazamiento de los lugares de culto.
Esta escena se está desarrollando cada vez con más frecuencia a lo largo de Indonesia. La Comunidad de Iglesias del país ha denunciado un aumento del cierre obligado de lugares de culto durante el año pasado. Según esta organización, al menos 10 iglesias tuvieron que suspender sus servicios debido a amenazas de la gente o por intervenciones del Gobierno. En todos los casos se mencionó la falta de permisos oficiales como el motivo de los ataques.
La ley indonesia requiere que el 60 por ciento de los residentes de una comunidad apoyen la construcción de cualquier institución religiosa antes de que se emitan los permisos oficiales. Esos requisitos son a menudo imposibles de cumplir para los cristianos, que suman menos del nueve por ciento de la población total del país, y para otros grupos religiosos minoritarios.
Aunque no es un estado islámico, Indonesia es el país del mundo con mayor población de musulmanes. El país es una democracia, y tanto su constitución como su ideología, la Pancasila, protegen la libertad religiosa. Pero varias leyes antiguas, como las que regulan la construcción de edificios religiosos y las que hacen de la blasfemia un delito, parecen contradecir el espíritu de la constitución en vigor.
«Estas leyes son claramente discriminatorias hacia los grupos religiosos minoritarios», asegura Uli Parulian Sihombing, abogado experto en derechos humanos. El problema no se limita tan sólo a los cristianos. También se han cerrado en los últimos años algunas mezquitas. En la remota isla de Papúa, que es mayoritariamente cristiana, varias mezquitas a medio construir tuvieron que ser clausuradas por carecer de permiso oficial. «La ley se tendría que revocar, por el simple hecho de que está violando la constitución del país«, añade Sihombing.
La ley también fomenta la violencia, aseguran los activistas de los derechos humanos. El pasado 8 de febrero, domingo, la congregación de Pondok Timur Indah se enfrentó a una muchedumbre violenta. Un grupo de unas 200 personas se reunió frente a su improvisada iglesia durante la misa de la mañana, coreando consignas exigiendo el cierre del local. La policía terminó dispersando a la gente y clausurando temporalmente la casa. «Tuvimos que terminar la misa en la calle», dice Luspita Simanjuntak, al frente de la parroquia desde hace tres años.
Una semana más tarde, miembros del Islamic Defender’s Front (Frente Defensor del Islamismo), un grupo fundamentalista famoso por sus ataques violentos contra clubes nocturnos y restaurantes que sirven alcohol, se reunieron frente a otra iglesia en Bekasi para forzar su cierre. En diciembre, otro grupo de musulmanes radicales atacó otra iglesia de Bekasi, arrancando árboles, destrozando lámparas y ventanas. Y a finales de enero, dos iglesias y la casa de un cura en el norte de Sumatra fueron incendiados por no tener permisos.
Para algunas autoridades locales, la ley sin embargo tiene lógica. Nyman, el funcionario encargado del barrio de Pondok Timur Indah, asegura que ni él ni nadie del vecindario se consideran anti cristianos. «Tienen derecho a practicar su religión», asegura. «El problema es el lugar. Su congregación está creciendo, y sus servicios provocan tráfico y desestabilizan el vecindario».
Nyman asegura que ya ha avisado a la congregación de que tiene que buscar un nuevo lugar para celebrar los cultos, donde haya más cristianos o más comercios. «Hemos ido extendiendo una y otra vez el plazo, pero tienen que encontrar un nuevo sitio», insiste.
Al no poder reunir el apoyo necesario para construir la iglesia, la parroquia de Pondok Indah Timur se ha convertido en un grupo semi nómada, cambiando de casa en casa para poder celebrar las misas. «El Gobierno nos obliga a trasladarnos una y otra vez», dice Simanjuntak, que lloró abiertamente en una manifestación exigiendo protección para las iglesias que se celebró en Yakarta el 9 de febrero, un día después de que la muchedumbre obligase a cerrar la suya.
«Simplemente estamos celebrando las misas en nuestras casas, hasta que recibamos permiso para construir un templo. Pero no nos lo dan. Ni siquiera responden a nuestras cartas», se lamenta.
