AIN apunta que los cristianos siguen siendo la minoría religiosa más perseguida, en parte por su dispersión y por su número relativamente elevado, pero constata que los musulmanes experimentan igualmente un nivel "serio" de discriminación
(J. Bastante).- «Se ha detectado que el derecho a la libertad religiosa se vulnera de forma significativa en 82 de los 196 países del mundo (el 42%) o que se está deteriorando». Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo, que hoy ha presentado Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Un informe duro, que denuncia un empeoramiento general a nivel global, especialmente en los países árabes, atacados con saña por el Estado Islámico y los Extremismos.
En la mayor parte de los lugares en los que la situación de la libertad religiosa ha sufrido algún cambio se ha tratado de un empeoramiento. De los 196 países analizados, solo seis han mejorado. El deterioro de la situación se ha registrado en 55 países (el 28%), subraya el informe, que apunta una leve mejoría en Irán, Emiratos Árabes, Cuba o Qatar.
14 estados sufren persecución religiosa ligada al islam extremista. Se trata de: Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Iraq, Libia, Maldivas, Nigeria, Paquistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. En los seis países restantes (los más graves), la persecución religiosa está ligada a regímenes autoritarios. Se trata de: Azerbaiyán, China, Corea del Norte,Eritrea, Birmania (Myanmar) y Uzbekistán.
La AIN concluye que los países musulmanes son mayoritarios en la lista donde se perpetran las mayores violaciones de la libertad religiosa, pero sostiene que esta también está a la baja en naciones occidentales que son mayoritariamente o históricamente cristianas.
Dos factores explican esa última degradación: el desacuerdo respecto al rol que debe jugar la religión en la esfera pública, y la amenaza que pesa sobre la libertad religiosa por el aumento de la preocupación por los extremismos.
La AIN apunta que los cristianos siguen siendo la minoría religiosa más perseguida, en parte por su dispersión y por su número relativamente elevado, pero constata que los musulmanes experimentan igualmente un nivel «serio» de discriminación, imputable en su opinión «a otros musulmanes o a regímenes autoritarios».
La responsabilidad de la lucha contra la violencia para revertir esta situación depende en primer lugar de las propias comunidades religiosas, concluye la fundación.
En cuanto a España, aunque el informe califica de «baja» la persecución a grupos religiosos, denuncia que se encuentra «en deterioro». «La situación es estable, con la excepción de las repetidas amenazas de los partidos de izquierda, que están actualmente en la oposición y quieren romper» los Acuerdos Iglesia-Estado, apunta AIN, que denuncia cómo «quieren acabar con la exención del pago de impuestos sobre algunas propiedades de la Iglesia»
El «ataque más significativo a la libertad religiosa», se lee en el informe, «ha venido del Gobierno regional de Andalucía. Un grupo de presión autodenominado Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba ha lanzado una campaña, mediante la recogida de firmas por internet, para quitar a la Iglesia católica la propiedad de la Catedral, intentando que pase a ser de titularidad pública. El Gobierno regional de Andalucía respalda esta campaña y está estudiando de qué forma puede iniciar acciones legales y administrativas para reclamar la propiedad de este edificio, que es, de hecho, la catedral de la diócesis de Córdoba y sustraerla del control de la Iglesia católica».
«Si esta amenaza llegase a hacerse realidad, la propiedad de otros edificios, que están en manos de la Iglesia católica, podría estar en grave riesgo«, añade el estudio, que también apunta la actuación de «grupos radicales minoritarios» que «perpetraron ataques y/o actos vandálicos de bajo nivel en algunas iglesias». Entre ellas, citan el ataque a la catedral de La Almudena por parte del «Comando Mateo Morral», que también atentó en la basílica del Pilar.
«Con la reforma de la ley del aborto iniciada por el nuevo Gobierno, que en este momento intenta proteger tanto la vida del no nacido como el derecho de la madre embarazada -se lee en el informe, seguramente escrito antes de la paralización de la «ley Gallardón»-, varios grupos proaborto han decidido atacar a la Iglesia, a la que consideran responsable de estos cambios legales. En la parroquia de San Félix, en Sabadell, en la diócesis de Tarrasa (Barcelona), un grupo de proabortistas interrumpió la misa del gallo, gritando insultos y eslóganes a favor del aborto. Incidentes similares tuvieron lugar en la iglesia de San Miguel en Palma de Mallorca».
El informe también denuncia el ataque al cardenal Rouco «por un grupo de feministas radicales, que lo acosaron e insultaron durante una visita pastoral». «También en la universidad se han producido una serie de ataques llamativos, como el realizado por el decano de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid».
«En los últimos años, se han vertido duras críticas contra varios líderes de la iglesia por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y en numerosas ocasiones se les ha impedido expresarla en debates públicos», subraya el informe, quien realiza una encendida defensa de Juan Antonio Reig y Javier Martínez. «En ambos casos, las críticas fueron tan feroces que casi se les impidió ejercer el derecho a expresar su opinión», asegura la publicación.
El informe apenas da un párrafo para hablar de «otras religiones», citando únicamente que «la Comisión Islámica de España se ha quejado de que no se garantice la enseñanza de la religión musulmana en la escuela. Actualmente hay 46 profesores de religión islámica en España, mientras que el convenio de 1996 establecía que el Estado español tenía previsto que su número llegase a 400. De la misma forma no hay imanes musulmanes ofreciendo servicios de capellanía en los hospitales del país, tal y como se acordó en el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España de 1992, según el Observatorio para la Libertad de Religión y de Conciencia (OLRC). La comunidad islámica de España sigue pidiendo a las autoridades públicas más recintos para utilizar como lugares de rezo y enterramiento, peticiones a las que se oponen algunas autoridades locales».
