La iglesia de Costa Rica se mueve al ritmo contrario de Francisco en Roma. Gran parte del clero costarricense sabotea todo intento de reforma
En marzo de 2016, y luego de meses de conflicto, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) actuó de manera directa contra la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT). Han sido despedidos los tres docentes del área administrativa y, como consecuencia, han renunciado el director y su asistente.
Luego de un período de crisis institucional en la que un 25% de los estudiantes desertaron debido a los altos precios de aranceles y colegiatura, la Conferencia Episcopal nombró en 2014 a la señora María Eugenia Paniagua como rectora de dicha Universidad, quien se había destacado en el ámbito educativo costarricense por sus labores como exviceministra de Educación y exsecretaria general de la Coordinación Educativa y Cultural del Sistema de Integración Centroamericana.
En tiempo menor del provisto, los números evidenciaron una estabilización de la Universidad, así como el fortalecimiento de la Escuela de Ciencias Teológicas y la promoción de los procesos de re-acreditación de las carreras más significativas de la Universidad; dentro de ellas la de Educación Religiosa a cargo de la Escuela en mención.
No obstante, la gestión de la máster Paniagua no convenció al señor Arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien tomó la decisión de despedirla. A menos de dos años de su contratación, el Arzobispo Quirós, partiendo de justificaciones de poca monta y coadyuvado por un grupo de funcionarios insatisfechos, la separa de su cargo de manera sorpresiva para toda la comunidad universitaria que había sido testigo de las mejoras llevadas a cabo bajo su mandato.
En medio de la incertidumbre de la institución, y sin dar explicación alguna, días después el Arzobispo «ungió» como nuevo rector al señor Fernando Sánchez Campos, exdiputado del Partido Liberación Nacional y familiar cercano del expresidente Óscar Arias Sánchez. Sus antecedentes, marcados por la elaboración de un documento intitulado «memorandum del miedo» durante la campaña del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, no eran los más favorables. No obstante, en estos antecedentes se encontraba su labor como embajador de Costa Rica ante el Vaticano después de ser diputado.
Así las cosas, luego de ser «redimido» en Roma, asumió la UCAT en medio de un ambiente desfavorable por parte de estudiantes y funcionarios, los cuales reclamaron entre otras cosas que el señor Sánchez no contaba con los años de experiencia docente universitaria requerida por el gobierno para tal efecto (como consta en su hoja de vida), su pasado político bastante cuestionable, así como la cada vez más estrecha relación entre la CECOR y el Partido Liberación Nacional; aunado lo anterior a una serie de políticas y procedimientos que generaron incertidumbre y la consiguiente renuncia de docentes y administrativos de las carreras de Educación Especial y Administración de empresas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Registro y Admisiones, entre otras instancias víctimas del miedo y malestar laboral.
Persecución inquisitorial. Con el nombramiento de Sánchez era evidente que la persecución contra una escuela de teología -conformada por laicos en su mayoría- que venía siendo tildada por algunos sectores de cercana a la teología de la liberación, a las corrientes modernistas y que «creaba una cultura heterodoxa de lectura» en sus estudiantes, se iba a intensificar. Tal como el mismo Sánchez afirmaría en reunión del clero arquidiocesano a inicios de 2016, según testimonio de varios sacerdotes asistentes, resultaba incomprensible que la escuela de teología estuviera a cargo de laicos.
Pocos meses pasaron para la organización de una comisión teológica ad hoc encargada de estudiar la Escuela. El Arzobispo la conformó: su presidente fue el excanciller de la Curia Metropolitana y canonista, el sacerdote Mauricio Granados; el capellán de la universidad Juan Gabriel Alfaro; el profesor de dogmática y sacerdote Jafet Peytrequín (posteriormente elegido como sustituto en la dirección al final del proceso), y el entonces director de la Escuela.
La consigna planteada al inicio fue la revisión del contenido de los cursos, las publicaciones y la fidelidad al Magisterio eclesial por parte de los profesores. El otrora director, siempre de línea progresista, fundamentalmente ellacuriano, se vio confrontado e interrogado por sus «inquisidores». Dos semanas después comenzaron los despidos.
Finalizada la revisión doctrinal de los procesos académicos, la comisión emite un documento en el que se expresa que no existen problemas doctrinales en el desarrollo de los cursos y estructuras curriculares, y que el siguiente paso debe ser la discriminación del personal académico a cargo de los cursos y de las distintas áreas de trabajo.
Grupo «damnificado». El grupo de docentes, académicos e investigadores había continuado el diálogo con todos los sectores, cual imperativo de la universitas. Profesores de distintas escuelas teológicas (Roma, París, Hamburgo, Bogotá, Madrid, San Salvador, San José, etc.) evidenciaban la sana pluralidad teológica, la misma pluralidad por la que el Papa Francisco aboga siempre. Pero la eclesiología de Francisco no llega a Costa Rica. Roma y San José están distantes geográfica y teológicamente.
Específicamente la Escuela de Ciencias Teológicas de la UCAT estaba compuesta por tres docentes administrativos: Roberto Cordero, filósofo y encargado del Área Académica; José Rafael Alfaro, pedagogo y teólogo y encargado del Área de Extensión; y Hanzel Zúñiga, biblista y encargado del Área de Investigación. Todos ellos colaboradores de Luis Arturo Martínez, director de la Escuela, filósofo y teólogo, y de su asistente, Gabriela Chaves, psicóloga. La actuación contra cada uno de ellos fue medida y programada.
Al profesor Cordero se le venció su contrato y, el mismo día, sin previo aviso para él ni para su jefe inmediato, recibió su carta de despido y su no renovación de contrato. De fondo estaban sus críticas desde la filosofía latinoamericana. Al día siguiente, el director, convocado a una reunión presidida por el señor rector, el sacerdote Granados y otras autoridades fue comunicado que el profesor Alfaro también sería despedido aplicándosele el canon que prohíbe que un ex-sacerdote enseñe en una facultad católica. Tras esta excusa legal estaba su pasado cercano a las causas sociales. Luego pasaron al «complicado caso» del profesor Zúñiga: sus clases y escritos -dijeron en privado- son una afronta al Magisterio, son disidentes, y «hacen perder la fe de las personas».
Las quejas de múltiples sectores eclesiales (entre ellos el decano de teología del Seminario Nacional, el sacerdote Fernando Vílchez y el «vocero» de la CECOR, el también sacerdote Mauricio Víquez, ahora suspendido del ejercicio sacerdotal por supuestos actos homosexuales siendo el encargado de hablar de «familia» frente a los medios de comunicación) cuajaron finalmente contra dicha escuela de teología. Así se puso en marcha el despido y, en coherencia con su ética, la renuncia inmediata del señor Martínez. Como consecuencia de esto, la señorita Chaves también renunció. Así las cosas, la Escuela de Ciencias Teológicas quedó sin docentes administrativos.
Retroceso. Nunca se había visto algo así en Costa Rica desde que fueron intervenidos algunos profesores del Seminario Nacional en los años 90. Una estrategia terrorista y oportunista fue la empleada: esperar que la Escuela pasara el proceso del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de la carrera de Educación Religiosa para, estando ya aprobada, despedirles.
La visión de una teología más abierta, cercana al Vaticano II y a las teologías renovadoras, su condición laical y la falta de sujeción a directrices que afectaran directamente a los estudiantes fueron las causas de la destitución.
Toda esta línea quedaba evidenciada en la formación de los docentes de religión de los últimos diez años que hasta hoy promueven en sus aulas una Educación Religiosa intercultural y no en la línea confesional católica, como la quiere el Arzobispo, el cual -al parecer- negociará la Educación Religiosa Escolar costarricense como parte de las concesiones no otorgadas al gobierno en la negociación ya avanzada del concordato con la Santa Sede, así como se habría negociado la sorpresiva aceptación de la CECOR en la modificación del artículo 75 de la Carta Magna costarricense que declara la religión católica como la oficial del Estado.
Así las cosas, la nueva escuela de teología de la UCAT costarricense propondría contratar nuevos docentes, más ajustados al criterio del Arzobispo -principalmente docentes ya pensionados con poca preparación universitaria-, o sacerdotes graduados en Roma. Con esto se pretendería, además de un integrismo religioso marcado, bajar el perfil académico de los futuros graduados, los cuales no representarían un reto para el clero de las diferentes diócesis, que habría externado su inconformidad con la independencia y creatividad de sus fieles egresados de esta escuela de teología.
La iglesia de Costa Rica se mueve al ritmo contrario de Francisco en Roma. Gran parte del clero costarricense sabotea todo intento de reforma, disfraza el mensaje de apertura y persigue la pluralidad; a la vez que dedican muchos de sus esfuerzos a la instauración de misas tridentinas. Los «aires nuevos» aún no llegan a San José, mientras cada día esta iglesia neoconservadora parece ir sofocando las acciones de los laicos, a quienes se les descalifica a partir del esquema del «cristomonismo despneumatizado» (J. Estrada) de la jerarquía.