Han empezado a correr rumores de que el aireo de los alegatos contra Pell venga a ser un intento preventivo de desacreditar a la Iglesia ante un posible voto sobre el matrimonio homosexual
(Cameron Doody).- Este domingo, de regreso a Roma desde la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, el Papa Francisco exteriorizó sus dudas acerca del caso de abusos sexuales a menores del cardenal George Pell. La postura papal del ‘in dubio pro reo’ garantizaría, por el momento, la continuidad del purpurado al frente del «ministerio» de Finanzas del Vaticano.
Desde que un programa televisivo australiano reveló los pormenores de las nuevas alegaciones que pesan sobre el cardenal el miércoles pasado ha transcendido información de una cadena de errores de la policía del Estado de Victoria y del canal estatal australiano, la ABC. Estos errores podrían derivar hacia una situación en la que los alegatos contra Pell no puedan ser contrastados en ningún tribunal, debido a importantes perversiones durante todo el proceso judicial.
En lo que a los desaciertos de la policía se refiere, no solo parece haber habido filtraciones de fuentes oficiales que habrían nutrido los testimonios de las presuntas víctimas entrevistadas por el programa The 7.30 Report, sino que -y aún más grave- la policía se sigue negando a investigar de dónde han procedido dichas filtraciones.
El espacio televisivo, en su reportaje original, afirmó que la única cooperación entre sus periodistas y los policías de Victoria había sido la confirmación de que la investigación sobre Pell sigue siendo una operación «muy viva». Pero «la cantidad de detalles revelados en The 7.30 Report resulta difícil de entender sin algún tipo de colaboración oficial, por muy indirecta que sea», como señaló el viernes en una tribuna el vice-rector de la Universidad Católica de Australia, Greg Craven, en el periódico The Australian.
Estas insinuaciones de abuso de poder de la policía victoriana cobran más veracidad al recordar –como ha hecho el sacerdote jesuita y profesor de derecho, Frank Brennan– que la policía victoriana, bajo el comisario jefe Graham Ashton, ha perseguido con particular voracidad a la Iglesia desde al menos el 2012.
Ese año fue duramente criticada en el curso de una comisión de investigación del parlamento estatal la respuesta institucional a la crisis de los abusos de menores que la archidiócesis de Melbourne había desarrollado, con la ayuda del gobierno y la policía del estado (la Melbourne Response), siendo el cardenal Pell arzobispo y Ashton un enlace entre la policía y la curia archidiocesana.
Las supuestas filtraciones al 7.30 Report se suman a las que habrían dado lugar al reportaje en el periódico The Herald Sun, en febrero de este año, que reveló por primera vez la existencia de la investigación policial contra Pell: fugas de información que el cardenal Pell denunció inmediatamente ante la Comisión independiente Anti-Corrupción de Victoria pero que, a más de cinco meses de los hechos, aún no han sido investigadas debidamente. Y eso que la Comisión tiene el encargo de fallar dentro de los dos meses. El comisario Ashton, por su parte, mantuvo tan recientemente como el jueves pasado que no ha habido ninguna filtración, por lo menos e lo que al 7.30 Report concierne.
A su vez, la ABC -la cadena estatal australiana que emitió el reportaje que detalló las nuevas alegaciones de abusos contra el cardenal Pell- ha sido atacada en la prensa nacional, después de que se conociera la existencia de otra testigo, no entrevistada en la crónica original, que no recuerda haber visto ninguna actuación inapropiada de Pell en el club de surf de Torquay, en el vestuario del cual el entonces sacerdote se habría expuesto ante un grupo de niños en el año 1986.
Ya que Australia se prepara para un nuevo referéndum sobre el matrimonio homosexual, han empezado a correr rumores de que el aireo de los alegatos contra Pell pueden ser un intento preventivo de desacreditar a la Iglesia, y su autoridad moral, ante la posibilidad de la nueva votación.
Lo que sí es cierto es que la ABC siempre ha mostrado, en la política y los asuntos sociales, una tendencia izquierdista. Algo que el periodista Andrew Bolt recodró esta semana, al comparar el caso Pell con el que se siguió contra de líder del Partido Laborista opositor, Bill Shorten, que fue acusado de violación en 2014.
Pese a las similitudes entre los dos procesos -pues las alegaciones contra Shorten también se remomtaban a varias décadas (en su caso, al 1986), la ABC se abstuvo de dar el nombre de Shorten hasta que la fiscalía decidiera archivar la causa. Política que no ha mantenido, no obstante, en el caso del purpurado.
Por todas estas desviaciones al proceso al cardenal Pell -y por otras razones seguramente- el Herald Sun ha informado, citando fuentes, que el director de la fiscalía victoriana, John Champion, habría devuelto el dossier contra Pell a la policía que lo elaboró, negándose a actuar sobre el caso.
Aunque esto está aún pendiente de confirmar, y a pesar de que la policía del Estado, por su propia cuenta, puede todavía proceder a la imputación de Pell, todo parece indicar que las filtraciones, los rencores y las parcialidades podrían librar a Pell de ser juzgado por hechos que, al menos, merecen ser testados en un tribunal de una manera justa y pausada.
