¿Y si (las organizaciones) dicen no? Si una ONG u organización religiosa se niega a contribuir al programa debería perder sus exenciones fiscales
(Cameron Doody).- El gobierno australiano ha anunciado que pondrá en práctica una recomendación clave de la Comisión anti-abusos. A tal fin, promoverá un programa de indemnizaciones para víctimas de abusos sexuales sufridos en el seno de instituciones religiosas, estatales y benéficas del país.
«Un proceso justo, simple y generoso para indemnizaciones es la cosa más significativa que podemos hacer para supervivientes de abusos sexuales», dijo el ministro australiano de Servicios Sociales, Christian Porter, en la presentación del programa este viernes en Perth.
El plan del gobierno es que se establezca un consejo de expertos que decidirá sobre la indemnización que se debe a individuos que hayan sobrevivido abusos en iglesias, organizaciones benéficas, escuelas u orfanatos australianos, y que la institución correspondiente desembolse ese dinero.
En principio, el programa echará a andar en 2018 y durará hasta 2028, aunque se podría prorrogar en caso de que fuera necesario. Las indemnizaciones se limitarán a 150.000 dólares australianos en los casos más severos, y el gobierno ha prometido pagar las cantidades que correspondan a organizaciones que o bien ya no existan o bien no puedan hacer frente a tales obligaciones.
Aunque el anuncio del programa del gobierno fue en general bien acogido, grupos de afectados por los abusos sexuales advirtieron que aún es demasiado pronto para saber hasta qué punto se hará justicia de verdad a los supervivientes.
«Suena maravilloso, hasta que lees la letra pequeña», dijo Leonie Sheedy de la Care Leavers Australia Network al Sydney Morning Herald, refiriéndose al carácter opcional de dicho programa. «¿Y si (las organizaciones) dicen no? Si una ONG u organización religiosa se niega a contribuir al programa debería perder sus exenciones fiscales».
Andrew Collins, un superviviente de abusos de clérigos católicos en Ballarat, criticó, por su parte, que el límite de $150.000 estuviera $50.000 por debajo de lo que recomendó la Comisión.
«Ninguna Iglesia ni ningún gobierno podría pensar que es correcto moralmente que niños que fueron violados y que sufren los efectos de por vida solo reciban unos pocos miles de dólares», opinó Collins. «No manda ninguna señal disuasoria a las organizaciones involucradas».
El gobierno federal de Australia no puede forzar a los diferentes estados del país a que se apunten al programa, ni tampoco que lo hagan las diferentes iglesias y otras instituciones. No obstante, el director del Consejo Verdad, Justicia y Curación (Truth, Justice and Healing Council) de la Iglesia católica, Francis Sullivan, indicó que al menos su iglesia lo apoyará. «El programa es asequible para cada gobierno e institución», apuntó Sullivan en declaraciones recogidas por la ABC. «No se trata de dinero: se trata del reconocimiento de los que han sufrido».
Al mismo tiempo que recomendó que se estableciera un programa de compensaciones de este tipo, en septiembre del año pasado, la Real Comisión estimó que la cantidad total de reparaciones podría alcanzar los 4.000 millones de dólares (3.072 millones de dólares americanos, o 2.766 millones de euros). Solo el gobierno central, el responsable para las víctimas de abusos acontecidos en instituciones federales, podría verse perjudicado por demandas de hasta 770 millones de dólares, según informó el Herald.
