Han transcurrido más de dos años desde el inicio de la represión contra los Testigos de Jehová en Rusia, pero las cosas no cesan de empeorar para sus feligreses (¿Sabes por qué en Rusia están deteniendo a los testigos de Jehová?).
Centenares de locales han sido requisados, cientos de creyentes han solicitado asilo político en Finlandia, mientras una treintena de ellos se encuentran encarcelados en prisión preventiva.
Las más de 300 organizaciones de los testigos en Rusia han solicitado al Tribunal Europeo de Derechos del Hombre que se pronuncie contra su ilegalización, mientras instituciones internacionales u oenegés como Human Rights Watch o Amnistía Internacional critican los arrestos y la presión a la que son sometidas.
Los Testigos de Jehová no eran muy activos en Rusia, pero hace unos años comenzaron a salir a la calle para repartir sus publicaciones y colocar sus stands como en otros países en los que tienen presencia. Esta manifestación de proselitismo llamó la atención en un país donde las cuestiones religiosas están dominadas por la Iglesia Ortodoxa rusa, que cuenta además con el apoyo del poder.
La libertad de movimientos de esta confesión terminó en el 2017, cuando el Tribunal Supremo les declaró ilegales. Desde entonces, la presión sobre esta organización no ha hecho más que aumentar. El último choque con la ley acaba de producirse en Daguestán.
Agentes de seguridad del Estado (FSB) han detenido en esta región del Cáucaso norte a 15 testigos de Jehová. Como en ocasiones anteriores, se les acusa de llevar a cabo actividades ilegales que se encuadran en lo que la ley rusa califica como «extremismo».
El FSB acusa a los líderes de estos grupos locales de haber recibido formación en el extranjero para reclutar nuevos miembros en esta región del Cáucaso.
Un portavoz de los Testigos de Jehová no pudo confirmar la cifra de detenidos, pero admitió la existencia de redadas el pasado 1 de junio en cuatro ciudades de Daguestán.
El Ministerio de Justicia sostiene que los testigos constituyen una «amenaza contra la salud». La organización fue culpabilizada porque sus miembros se niegan a las transfusiones de sangre. Un experto del ministerio les acusó de mantener «una actitud agresiva contra muchos países, incluida Rusia» debido a sus orígenes estadounidenses.
Exmiembros sostienen que el grupo religioso «mantiene un absoluto control de la vida de las personas».
La Comisión Europea se manifestó en su momento en contra de la sentencia y el presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró contrario a la acusación de extremismo en diciembre del 2018. Señaló que era «un disparate» y que había que estudiar la cuestión «con atención». De hecho, como argumentó la defensa, la negativa a más transfusiones no está incluida en la ley contra el extremismo.
