Era la primera vez que se discutía de ello a un nivel tan alto, por parte de un colegio de cardenales representativo de la Iglesia universal en torno al Papa.
(Sandro Magister).- Lo han discutido con el Papa la víspera del consistorio. Para algunos es peligroso centralizar todas las acusaciones en Roma. Para otros es un error proceder a base de decretos en vez de proceso canónicos regulares. Los pros y contras de una normativa de emergencia: las normas sobre la pederastia.
En la «jornada de reflexión y oración» anterior al consistorio de hoy, Benedicto XVI ha propuesto a los cardenales cinco temas de discusión.
Uno de estos era «la respuesta de la Iglesia a los casos de abusos sexuales«. Era la primera vez que se discutía de ello a un nivel tan alto, por parte de un colegio de cardenales representativo de la Iglesia universal en torno al Papa.
La discusión fue introducida por el cardenal William J. Levada, prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, y se ha prolongado por más de una hora, a puertas cerradas estrictamente.
La congregación enviará pronto una carta circular a las conferencias episcopales con indicaciones «para un programa coordinado y eficaz».
Pero se sabe que la línea adoptada en esta última década por las máximas autoridades de la Iglesia – con un crescendo de rigor culminado en el 2010 con las nuevas «Normas sobre los delitos más graves» – se presta a serias objeciones y da flanco a varios riesgos.
Las objeciones son ante todo de tipo jurídico. El 1º de diciembre próximo la facultad de derecho canónico de la Pontificia Universidad Urbaniana dedicará un congreso de estudio precisamente a las nuevas normas referentes a los casos más graves de abuso sexual, en particular con una ponencia del profesor John Paul Kimes del Pontificio Instituto Oriental.
Un elemento clave de las innovaciones normativas ha sido, a partir del 2001, la asignación de la competencia exclusiva sobre los delitos de pedofilia a la congregación para la doctrina de la fe.
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