Posible delito contra las normas europeas de prevención del blanqueo de dinero
El juez de investigaciones preliminares (GIP) de Roma Maria Teresa Covatta confirmó hoy el bloqueo de los 23 millones de euros incautados al Instituto para las Obras de la Religión (IOR), el «Banco del Vaticano«, ante un posible delito contra las normas europeas de prevención del blanqueo de dinero.
La jueza desestimó así la petición de desbloqueo presentada por los abogados de la defensa, Paola Severino y Vincenzo Scordamaglia, en base a una comunicación de IOR con la entidad financiera Credito Artigiano «para clarificar la naturaleza y la finalidad de las operaciones objeto de investigación».
Según la jueza, «el cuadro no parece haber cambiado a la luz del acuerdo de colaboración con Credito Artigiano», un acuerdo que Covatta calificó como «genérico» y en el que no se puede determinar cuándo fue efectivamente estipulado.
«No se han producido modificaciones sustanciales respecto al cuadro de indicios preexistente debido a la persistencia de lo que la Fiscalía define como ‘confusión global’ de la disponibilidad de las cuentas referidas a IOR«, añade la motivación.
La jueza María Teresa Covatta decretó el pasado mes de septiembre la incautación preventiva de 23 millones de euros depositados en una cuenta corriente del banco Credito Artigiano a nombre de IOR.
La Fiscalía de Roma indaga dos operaciones bancarias que preveían la transferencia de 20 millones de euros al banco de negocios JP Morgan, en Fráncfort (Alemania), y de otras tres entidades a la Banca del Fucino, por las que, según los investigadores, no se facilitó la información necesaria impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales.
Por estos hechos están siendo investigados el director del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente del Santander Consumer Bank (la división italiana del Grupo Santander), y el director de la entidad vaticana, Paolo Cipriani.
El delito de lavado de dinero negro, que responde en Italia a las normas comunitarias, implica multas de entre 5.000 y 500.000 euros y penas de reclusión entre los seis meses y un año. (RD/Efe)
