El Vaticano tiene el mayor índice de criminalidad del mundo
(José Manuel Vidal).- Este sábado, Paolo Gabriele, el mayordomo infiel del Papa Ratzinger, se sentará en el banquillo de los acusados.
Es la primera vez en la historia reciente de la Santa Sede que un prisionero va a ser juzgado en el Vaticano acusado de robar documentos papales y otros objetos de valor del mismísimo apartamento de Su Santidad.
¿Cuál es y cómo funciona la maquinaria judicial vaticana, compleja y recientemente remodelada por Benedicto XVI?
«El ordenamiento judicial del Vaticano es un aparato suficientemente equilibrado y eficiente, incluso ágil, armónico y capaz de una eficiencia impresionante».
Lo dijo recientemente el promotor de Justicia o fiscal general, el abogado Nicola Picardi, uno de los protagonistas del juicio al ‘cuervo’ del Vatileaks.
Explica el Fiscal:
«Se trata, pues, de un sistema judicial de un Estado moderno, tras haber superado «las concepciones originales de Estado patrimonial, de Estado teocrático o hierocrático y de Estado aparato, para someterse, tras las innovaciones introducidas por Benedicto XVI, al propio derecho y, de esta forma, transformarse en un Estado de derecho».
Un Estado de derecho con ciertas peculiaridades. En el Vaticano, el Estado más pequeño del mundo con sus 44 hectáreas, hay dos grandes tipos de tribunales: los religiosos y los civiles o penales.
Los primeros se ocupan de asuntos religiosos, aunque afecten a la vida real, como la anulación de un matrimonio, la excomunión de un fiel, la prohibición de celebrar sacramentos a un cura indigno o la regulación de los bienes de una congregación religiosa.
Todos estos asuntos de índole religiosa o que competen a personas físicas o jurídicas eclesiásticas pasan o bien por el Tribunal de la Rota (los asuntos matrimoniales) o por el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, que preside el cardenal Raymond Burke.
El Vaticano tiene el mayor índice de criminalidad del mundo
Por su parte, los casos civiles, penales y criminales se adjudican a los correspondientes tribunales civiles de la Santa Sede.
Hay que tener en cuenta que, aunque parezca paradójico y a pesar de contar sólo con 492 habitantes censados, el Estado del Vaticano tiene el mayor índice de criminalidad del mundo: 640 procesos civiles y 226 penales en 2011.
La mayoría son delitos menores: robos en los Museos, denuncias contra carteristas y descuideros que actúan en la basílica y en la Plaza de San Pedro o diversos altercados en las colas.
A esos delitos se han añadido recientemente los de carácter financiero y económico, gracias a la normativa anti reciclaje que entró en vigor hace dos años.
Aún así, se trata de una cifra mínima de delitos, sobre todo si se tiene en cuenta que los Museos vaticanos y la Basílica de San Pedro reciben 18 millones de visitantes, turistas y peregrinos, al año.
Por otra parte, y según los Pactos Lateranenses, firmados por Italia y la Santa Sede en 1929, el Vaticano puede remitir al Estado italiano los delitos cometidos en la Plaza de San Pedro. Esa fue, por ejemplo, la decisión tomada por la Santa Sede en el caso del atentado de Ali Agca contra Juan Pablo II en 1982.
Los Pactos también prevén que el Vaticano pueda entregar a la Justicia italiana a los que hayan cometido delitos no sólo en la Plaza de San Pedro, sino en el interior del territorio vaticano. Y es lo que suele hacer en la mayoría de los casos. Entre otras cosas, porque en el Vaticano no hay cárceles, sólo tres celdas acondicionadas para servir de prisión preventiva, pero no para cumplir penas de larga duración.
Durante siglos, las mazmorras del Papa, al igual que su banco, estuvieron en la colindante fortaleza de Castel Sant’Angelo, antiguo mausoleo de Adriano, a orillas del Tíber. Pero, con la caída de los Estados Pontificios en 1870, la fortaleza pasó a formar parte de Italia y el Vaticano se quedó sin cárcel y sin banco.
Cuatro niveles de Justicia
Hoy, el Banco Vaticano o Instituto para las Obras de Religión (IOR) tiene ahora su sede en el Vaticano, desde su creación por parte de Pio XII en 1942. Y la Santa Sede cuenta también con las citadas tres celdas a guisa de cárcel en su Palacio de Justicia o Palacio del Tribunal.
Se trata de un edificio situado cerca de la basílica de San Pedro y justo al lado de la Casa Santa Marta, el moderno hotel edificado por Juan Pablo II, para acoger dignamente a los cardenales durante el cónclave y en sus frecuentes visitas a Roma.
La Justicia civil vaticana dispone de cuatro niveles. El primero, es el Juez Único, un cargo que ejerce Piero Antonio Bonnet. Ante él pasó ya, en diversas sesiones, el acusado Paoletto, interrogado por el fiscal Picardi, en presencia de los dos abogados defensores que, entonces tenía el mayordomo. Recientemente, uno de ellos, el abogado Carlo Fusco, amigo de la infancia de Gabriele, dejó su defensa por «divergencias» con el defendido.
Tras ser visto por el Juez Antonio Bonnet que ejerció de juez-instructor, el caso del mayordomo va a pasar a manos del Tribunal del Vaticano. Un tribunal integrado por tres miembros. Lo preside Giuseppe Dalla Torre, acompañado por Paolo Papanti y Venerando Marano.
En la sala del Tribunal, presidida por un crucifijo en la pared, estarán también el Fiscal, Nicola Picardi y el juez instructor, Antonio Bonnet, así como los dos acusados: Paolo Gabriele, el mayordomo, asistido por su abogada Cristina Arru, y el informático Claudio Sciapelleti, con su abogado Gianluca Benedetti.
La sentencia de este Tribunal podría ser recurrida en tercera instancia al Tribunal de Apelación, integrado exclusivamente por eclesiásticos. Y un último hipotético recurso podría dirigirse al Tribunal Supremo, formado por y tres cardenales y presidido por el purpurado norteamericano, Raymond Burke.
Según el juez vaticano, Paolo Papanti, el mayordomo puede ser condenado a un máximo de ocho años de cárcel. Al final de todo este recorrido procesal siempre cabe la posibilidad de que el Papa, que dijo querer a su mayordomo como a un hijo, le conceda la gracia y le perdone, sea cual sea la sentencia.
Eso sí, Gabriele no podrá volver a trabajar en el Vaticano: El reglamento de la Curia, aprobado por el Papa Wojtyla en 1999, prevé «el despido de oficio» para los trabajadores que comentan delitos u actos de indisciplina. A no ser que el Papa, juez absoluto y máximo del Vaticano, disponga lo contrario.
