Wojtyla no pudo indultar a Alí Agca porque la plaza de San Pedro está bajo jurisdicción italiana
(Jesús Bastante).- Benedicto XVI «estudia la situación sobre cómo proceder, pero puedo decir que la eventualidad del indulto es muy concreta, verosímil». El portavoz vaticano, Federico Lombardi, apuntaba este fin de semana a la posibilidad de que el Pontífice concediera esta gracia a su ex mayordomo, condenado a año y medio de prisión domiciliaria por el robo de documentos en el caso «Vatileaks». ¿Qué supondría dicho indulto?
Distintos canonistas, consultados por RD, han coincidido en asegurar que el más que posible indulto papal -que podría darse antes de que este jueves inaugure solemnemente el Año de la Fe, en conmemoración a los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II- impediría, en la práctica, que «Paoletto» fuera juzgado por alguna otra causa conectada con el «Vatileaks». Un perdón completo, que no obstante no supondría el reingreso de Gabriele en la curia vaticana. Y es que una cosa es el perdón, y otra la confianza.
«Una vez que el Papa conceda el indulto, no se puede proseguir ninguna causa contra Paoletto«, afirma el profesor de Comillas Carlos Corral. Por su parte, el profesor Rafael Navarro Valls incide en que «lo más probable que haga el Papa es, en el mismo acto de concesión del indulto de la pena recaída en el proceso por delito de robo con agravante, extender el indulto a otros delitos conexos con éste, es decir, aquellos otros por los que se investigue o impute al indultado al incoarse el juicio en el que ha recaído sentencia firme».
Así, añade el canonista, «no podría iniciarse juicio nuevo contra, por ejemplo, cargos graves relacionados con la fuga masiva de documentos secretos de la Santa Sede o el atentado contra la seguridad del Estado Vaticano».
Paolo Gabriele fue condenado a 18 meses -a cumplir en su domicilio, pues la Santa Sede ya no tiene, desde 1929, una cárcel en el estricto sentido de la palabra- por los tribunales vaticanos en base a los artículos 402, 403.1 y 4040.1 del Código de Derecho Canónico. Según algunos expertos, la condena habría sido reducida a la mitad (se esperaban entre tres y cuatro años de prisión) en virtud de una normativa aplicada por Pablo VI en 1969 que permite reducir a la mitad las penas. De igual modo, el juicio tomó en cuenta el Código Penal de 1889, de Humberto I, rey de Italia en 1889; ambos documentos son la fuente normativa del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Además, la Ley Fundamental vigente del Estado Vaticano del 22 de febrero de 2001, en sus Artículos 1° y 19, señala que «el Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial», y que «la facultad de conceder amnistías, indultos, multas y gracias está reservada al Sumo Pontífice«. Algo que también se repite en los Tratados de Letrán, suscritos entre la Santa Sede y el Estado italiano.
Algunos han querido ver en el «Vatileaks» puntos de conexión con el juicio contra Alí Agca por el intento de atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. A diferencia de éste, el delito cometido por Gabriele se produjo dentro de los muros vaticanos, donde sólo puede aplicarse la normativa de la Santa Sede. En cambio, en el caso del terrorista turco, los disparos se produjeron en la plaza de San Pedro, cuya vigilancia, según los Tratados de Letrán, corresponde a la policía italiana. Si ésta arresta allí a un delincuente, cae bajo la jurisdicción vaticana sin necesidad de autorización de la Santa Sede. De ahí que Wojtyla no pudiera indultar a Alí Agca, sino solamente solicitar el perdón al Estado italiano.
«El horizonte judicial de este proceso apunta al perdón«, sostiene Navarro Valls, quien insiste en que «cuando Ali Agca fue condenado a cadena perpetua por la judicatura italiana, la intercesión de Juan Pablo II (al que intentó asesinar) favoreció la conmutación de la pena. También ahora la tendencia pontificia de atemperar la justicia con la misericordia probablemente actuará de nuevo».