La imoutada tilda en Facebook de "pseudosacerdote" al sacerdote español
El Vaticano comenzará mañana a interrogar a los cinco imputados por el caso «Vatileaks 2», la filtración de secretos y documentos clasificados de la Santa Sede, y el primero en declarar será el sacerdote español Lucio Vallejo.
El resto de imputados son la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el excolaborador del monseñor español, Nicola Maio, y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros que publicaron los documentos confidenciales.
El proceso por el «robo» de estos secretos, en palabras del papa Francisco, comenzó el pasado martes y se prevé que su desarrollo sea rápido. Por el momento se celebrarán audiencias todos los días de la semana, una por la mañana y otra vespertina.
El primero en responder a las preguntas del tribunal, presidido por Giuseppe Dalla Torre, será Vallejo Balda, el único de los imputados que permanece bajo prisión preventiva en la Gendarmería vaticana desde el primero de noviembre.
El español fue elegido por Francisco para dirigir la ya disuelta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que proceden la mayor parte de los documentos divulgados.
La siguiente será integrante de la COSEA Francesca Chaouqui, quien permaneció detenida junto a Vallejo durante algunas horas y posteriormente puesta en libertad por haber colaborado y estar embarazada.
La acusada, de 32 años de edad, ha reivindicado en múltiples ocasiones su inocencia y no ha dudado en arremeter contra el español, a quien tilda en Facebook de «pseudosacerdote».
Y es que la evolución de este caso ha revelado la acérrima enemistad que compartían el monseñor español y la joven italiana, a quien Vallejo ya denunció ante la Secretaría de Estado vaticano el pasado 17 de julio en una carta publicada hoy por «La Repubblica».
En la misiva, dirigida al número dos de la Santa Sede, Pietro Parolín, Vallejo lamentaba «la evolución tan tristemente problemática» de Chaouqui, próxima en su opinión a «ambientes y problemáticas importantes».
Por su parte la ex relaciones públicas ha afirmado que fue Vallejo quien entregó los archivos de la COSEA a los periodistas y le ha acusado de orquestar junto a otras personas una campaña de descrédito contra ella.
En cualquier caso el juicio ha comenzado envuelto en la polémica, ya que varios acusados han denunciado públicamente que en el mismo no se respeta el derecho a la defensa ni la libertad de prensa, no amparada por las leyes vaticanas.
Los imputados fueron informados horas antes de que diera comienzo el proceso de que solo podrían estar asistidos por un abogado acreditado ante la Santa Sede, lo que les obligó a prescindir de sus letrados de confianza y a aceptar los propuestos por el Vaticano.
Por otro lado esta es la primera ocasión en la que dos periodistas son juzgados por la Santa Sede: se trata de Nuzzi y Fittipaldi, los respectivos autores de «Via Crucis» y «Avarizia», que describen una serie de irregularidades en las cuentas curiales.
La fiscalía vaticana les acusa de ejercer presiones sobre el resto de imputados para conseguir el material clasificado que incluyen en sus libros, si bien los dos periodistas han denunciado que el juicio supone una violación a la libertad de prensa.
Justifican sus publicaciones al alegar que por el momento el Vaticano no ha negado ninguna de los hechos que presentan y critican a las autoridades de su país, Italia, por no intervenir en su situación de ciudadanos italianos juzgados en un Estado extranjero, el Vaticano.
Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos documentos.
El Código de Derecho Canónico establece penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien se «procure ilegítimamente o revele noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación».
Este delito cuenta con un agravante en el caso de que dicha información fuera de «interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado»: de ser así los imputados podrían recibir una condena de entre cuatro y ocho años. (RD/Agencias)
