¿Cuántas medidas más en lo que respecta al logro de la justicia para las víctimas y la prevención de los abusos están siendo dificultadas por consideraciones internas anacrónicas, burocráticas y jerárquicas?
(Cameron Doody).- Alegato durísimo de la ex-miembro de la comisión anti-pederastia del Vaticano, Marie Collins, contra el cardenal Müller. En una carta al Prefecto de Doctrina de la Fe, a la que ha tenido acceso RD, la irlandesa le acusa al purpurado de perjudicar a las víctimas de abusos al oponerse al establecimiento del tribunal de obispos negligentes y al aferrarse a normas «anacrónicas, burocráticas y jerárquicas».
Collins arranca su carta afeando a Müller que afirmara en su reciente entrevista con Corriere della Sera que no entendía que se hablara de una «falta de cooperación» entre su dicasterio y la comisión vaticana de protección de menores cuando, a su juicio, ha habido un «contacto permanente» entre ambos organismos desde que la comisión echó a andar en marzo de 2014.
La irlandesa recuerda al purpurado que ningún oficial de Doctrina de la Fe acudió a ninguna reunión hasta más de dos años después de la creación de la comisión -concretamente, hasta septiembre de 2016. También le asevera que los miembros de la comisión no han recibido nunca «ningún informe formal ni han visto ningún resultado positivo» en lo tocante a tal «contacto permanente».
De hecho, como continúa Collins en su misiva, el único representante del dicasterio que ha tomado parte en las reuniones de la comisión, Claudio Papale, dimitió en 2015, si bien es cierto que los miembros de la misma no fueron avisados de su retirada hasta un año más tarde. Hecho que la irlandesa acusa a Müller de ignorar, dado que en conversación con el periódico italiano el cardenal afirmó que «uno de nuestro personal forma parte de ella (la comisión)».
Cuestiones de contacto entre las dos instituciones aparte, Collins reserva sus críticas más fuertes al cardenal Müller por lo que sigue percibiendo como su oposición al llamado «tribunal de los obispos negligentes» que el Papa Francisco quiere establecer para juzgar a los prelados que encubren o obstaculizan la investigación de sacerdotes pederastas.
Müller sostuvo a Corriere que dicho tribunal nunca fue más que un «proyecto» descartado tras «un diálogo intenso entre los varios dicasterios involucrados en la lucha contra la pedofilia en el clero». Tras decidir, también, que el dicasterio de los obispos ya tenía todas las «herramientas» necesarias para juzgar a los prelados encubridores. Tal defensa la arrasa Collins al observar que el 10 de junio de 2015 la Santa Sede anunció que el Papa no solo había aprobado la nueva sección dentro de Doctrina de la Fe, sino que también había establecido que se designara «recursos suficientes», un personal estable y hasta un secretario para la misma.
«Me gustaría darle las gracias, cardenal, por confirmar con sus palabras que mi declaración sobre la comisión fue cierta. La comisión lo recomendó, el Consejo de Cardenales y el Papa lo aprobaron, y luego fue rechazado por su congregación«, se limita a escribir Collins. Pero que tiene razón en afirmar que la oposición de Müller al tribunal ha entorpecido la lucha contra la pederastia en la Iglesia es un hecho que queda demostrado por la pregunta retórica que airea:
«Si ya existen todas las medidas necesarias para abordar los casos de los obispos negligentes con respeto a la protección de menores, ¿por qué entonces no se le ha sancionado o destituido a ningún obispo por semejante negligencia? Si no es que falten leyes, ¿será que falta la voluntad?«
En cuanto a las otras dos quejas que Collins alegó provocaron su marcha de la comisión -en concreto, la renuncia de Doctrina de la Fe de colaborar en la elaboración de directrices anti-pederastia para la Iglesia mundial, por un lado, y su negativa a contestar a las cartas de víctimas que le llegaban, por otro- Müller afirmó que no tuvo constancia de ninguno de los «incidentes alegados». También manifestó que sus quejas «se basan en un malentendido» de lo que consiste el trabajo de su congregación. Declaraciones ambas que Collins contesta tildándolas de «inconsistentes» con el compromiso que el dicasterio debe tener de erradicar los abusos de la Iglesia.
«Me enseñaron a creer que todos somos iguales ante Dios, pero parece que hay una perspectiva diferente en su congregación en lo relativo al obispo local y una víctima de abusos», escribe Collins, refiriéndose a la defensa montada por Müller de que contestar a los supervivientes de agresiones corresponde al obispo local. «Parece que para usted la preocupación de que el obispo local se sienta despreciado pesa más que la preocupación de que se desprecie a la víctima».
Al hilo de esta cuestión teológica, la irlandesa le lanza al purpurado otra pregunta retórica devastadora: «¿Cuántas medidas más en lo que respecta al logro de la justicia para las víctimas y la prevención de los abusos están siendo dificultadas por consideraciones internas anacrónicas, burocráticas y jerárquicas?»
Collins termina su carta al cardenal Müller con una nota personal, recordándole al purpurado de que, aunque él no se acuerde, los dos sí han tenido ocasión de conocerse en persona. Para la irlandesa, no obstante, más que cualquier conexión personal que haya podido establecerse lo que de verdad importa es el compromiso de la comisión de traer «una mayor protección de niños y adultos vulnerables donde sea que la Iglesia católica esté presente en el mundo».
«Si hay problemas», escribe Collins en esa línea, «no hay nada que ganar manteniendo la pretensión de que todo vaya bien».
«Pediría que en vez de recurrir a la postura que la Iglesia asume de defecto de negación y ofuscamiento, cuando se ventila una crítica como la mía, la gente de la Iglesia se merece una explicación en condiciones». «Tenemos derecho a transparencia, honestidad y claridad», prosigue Collins, antes de expresar un deseo para el futuro: «La disfunción no puede nunca más queda escondida detrás de las puertas cerradas de la institución. Esto solo pasa mientras los que saben la verdad se mantengan callados».
