(PD).- A buenas horas mangas verdes. El juez Antonio Serrano entiende que en la Operación Puerto, la mayor trama mundial de dopaje en el ciclismo, no concurren los requisitos que conforman el delito contra la salud pública. Lo que no acalra es quien indemniza ahora a los 54 ciclistas cuyas carreras han quedado destrozadas.
El juez, para cubrirse la espalda, alerta de que existen prácticas dopantes en el ciclismo y afirma que la investigación de este caso «ha tenido lugar por la falta, al menos, de juego limpio».
La Ley no tiene nada que reprocharles a los implicados en la red de dopaje desarticulada en mayo de 2006 por la Guardia Civil: el médico Eufemiano Fuentes y su hermana Yolanda, el hematólogo José Luis Merino Batres, los directores Manolo Saiz, José Luis Labarta y Vicente Belda, el ex ciclista Alberto León y el médico Alfredo Córdova.
En 2006 doparse era legal en España. Por eso, a los imputados se les acusó sólo de un delito contra la salud pública. Ahora el juez Antonio Serrano, en un auto de 20 folios, dice que no han puesto en peligro «la vida o la salud de las personas».
Aunque la decisión puede ser recurrida por el fiscal y por la Federación Española, la «Operación Puerto» parece cerrada definitivamente. Ha resultado un juicio con balas de fogueo.
La «OP» no deja culpables, pero sí víctimas: varias decenas de ciclistas y auxiliares, en el paro y desacreditados.
Dos equipos decapitados, el Astaná de Saiz y el Comunidad Valenciana de Belda. Y, sobre todo, lega un deporte con la credibilidad agujereada. La imagen de los arcones con bolsas de sangre incautadas en los pisos madrileños de Fuentes permanecerá como un lápida sobre el pasado reciente del ciclismo.
Casi se cumple un año desde aquella mañana en la cafetería del Hotel Pío XII de Madrid. Era el 23 de mayo. En una mesa, disimulando, aguardaban varios miembros de la Guardia Civil.
Llevaban meses grabando llamadas telefónicas y vídeos de deportistas yendo y viniendo a un laboratorio madrileño. En otra mesa se sentaron Fuentes, Batres y Saiz.
El técnico cántabro llevaba una bolsa con 60.000 euros y otra, frigorífica, con cuatro dosis de «Synacthen», un corticoide, un alivio para la fatiga. Fueron detenidos. Y encarcelados.
El juez centró la investigación en el supuesto delito contra la salud pública. Mandó analizar en el Laboratorio de Farmacología de Barcelona las bolsas de sangre incautadas: 96 de hematíes, 89 de sangre entera y 39 de plasma.
En ocho de las 99 muestras controladas había restos de EPO, un producto dopante. Pero, según el auto, «la administración de las cantidades existentes en las bolsas no sería suficiente para provocar efectos perjudiciales».
La Ley aplicable en 2006 sancionaba la administración de «sustancias que puedan causar estragos». Y no es éste el caso, según el juez, «al no tratarse de medicamentos deteriorados o caducados».
Saiz recupera sus euros
Va incluso más allá: «No se conocen los efectos que pueda tener la administración crónica de EPO».
No se sabe si es perjudicial. Así, el juez considera que los hechos «no son constitutivos de delito».
Dicta el sobreseimiento del caso, da tres días para la presentación de los recursos y deja sin efecto las medidas cautelares. Habrá que devolver a Saiz sus 60.000 euros y a Fuentes y Merino Batres, los fármacos incautados.
Hasta hace un mes en España doparse era legal; lo ilegal era hacerlo mal, poniendo en peligro la vida de los deportistas. La «Operación Puerto» naufraga.
