El Gobierno ZP quiere «ganarle» la Copa América al de Valencia


(PD/Agencias).- El Consejo de Ministros aprobó este viernes los estatutos del Consorcio Valencia 2009, nombró a los representantes de la Administración Central en el mismo y dio luz verde a los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros derivados de la celebración de la 33 edición de la Copa del América.

El acuerdo es imprescindible para cumplir los compromisos adquiridos con la empresa organizadora del evento en el contrato suscrito entre America’s Cup Management (ACM) y la Administración Central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia el pasado 4 de septiembre, para la organización de la 33 edición de la Copa del América, cuya sede en 2009 volverá a ser Valencia.

El cumplimiento de lo acordado por las tres administraciones y ACM implica que el Consorcio Valencia 2009 debe abonar el primer plazo del pago del canon, quince días después de la firma del contrato.

Según el Gobierno, la aprobación de los estatutos no podía retrasarse más allá de este viernes, a pesar de que no se haya podido conseguir el acuerdo definitivo sobre algunos aspectos de los mismos entre las tres administraciones implicadas.

«Nosotros hemos buscado siempre el acuerdo y lo vamos a seguir buscando», dijo Fernández de la Vega, quien, no obstante, subrayó que el «mayor contribuyente» para este evento es el Gobierno, a la vez que abogó de nuevo por buscar el consenso.

Barberá, crítica

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró que los estatutos del Consorcio Valencia 2009 «no están negociados ni con la Generalitat ni con el Ayuntamiento», y establecen que el Gobierno será el primero en presidir el ente organizador de la Copa del América.

El Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento mantienen discrepancias sobre la presidencia del consorcio, el organismo que debe regir junto a la empresa organizadora de la Copa del América de vela, ACM, la 33 edición, que se celebrará en Valencia en 2009.

Barberá quiere mantener este cargo, que ya ocupó durante la pasada edición de la competición náutica, mientras que el Gobierno ha propuesto que la presidencia sea rotatoria, de forma que cada administración la ostente durante un periodo de ocho meses.

La alcaldesa explicó hoy ante los periodistas que el Gobierno envió a las 13.30 horas de ayer un correo electrónico dirigido al Ayuntamiento en el que adjuntaba un documento titulado «estatutos definitivos» y le informaba de que éstos se iban a aprobar este viernes en el Consejo de Ministros.

Barberá señaló que este documento carece de validez mientras las otras dos Administraciones implicadas no rubriquen el mismo texto, con el que no están de acuerdo y que, según indicó, establece que el Gobierno ostentará la presidencia del consorcio durante los ocho primeros meses.

El Ayuntamiento y la Generalitat se oponen a este orden de turnos porque consideran que el Gobierno quiere ostentar la presidencia del ente de cara a las próximas elecciones generales, para las que faltan «siete meses», apuntó Barberá.

En respuesta al Ejecutivo central, que asegura que ningún alcalde ha presidido los entes organizadores de anteriores ediciones de la Copa del América, Barberá repuso: «y menos un ministro».

Además, retó al Gobierno a aplicar el sistema de rotaciones en otros entes que agrupen a la Administración central con la autonómica, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o con la municipal, como la Comisión Nacional de la Administración Local.

Por todo ello, Barberá acusó al Gobierno de realizar un ejercicio de «intransigencia», de «irresponsabilidad» y de haber entrado en esta negociación «como un elefante en una cacharrería».

La alcaldesa incidió en que ella tiene «muchas cosas que hacer» y no tiene la intención de «estar dedicada a cómo afrontar el capricho de protagonismo de una ministra», a la que acusó de haber escondido, durante el pasado mes de julio, sus intenciones de acceder a la presidencia del consorcio.

Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, manifestó su «oposición frontal» a los estatutos, una decisión «unilateral», una «afrenta a las instituciones valencianas» motivada por el «interés partidista».

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