(PD).- El Ministerio Público está en contra de la admisión a trámite de la querella presentada por la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, contra el periodista Federico Jiménez Losantos y el historiador César Vidal por un delito de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas al considerar que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, más cercanos, en su opinión, a las injurias.
El escrito firmado por el fiscal jefe Javier Zaragoza, ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular el juez Ismael Moreno, que deberá decidir ahora si admite o no a trámite la denuncia, informaron hoy fuentes jurídicas.
La demanda presentada por los abogados Antonio Segura y Antonio García, la primera interpuesta contra Losantos por este delito, se basa en las manifestaciones realizadas por César Vidal en su programa nocturno de la Cope el pasado 11 de marzo, en relación con los actos realizados por la conmemoración de los atentados del 11-M, así como las efectuadas por Jiménez Losantos al día siguiente. Vidal y Losantos se refirieron en sus respectivos programas a la señora Manjón como una mujer «mentirosa» y «trastornda». Dijeron que su «única finalidad no es la búsqueda de la verdad sobre la muerte de su hijo, sino sentar en el banquillo a Aznar».
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que las manifestaciones de Jiménez Losantos y Vidal «se incardinan dentro de una campaña sistemática de menosprecio, descrédito y humillación a todos los que han respetado el Estado de Derecho» en relación con el sumario en el que se investigó el 11-M y la sentencia que dictó la Audiencia Nacional. Según el escrito, las expresiones que la querellante imputa al periodista y el historador, «no pueden ser consideradas como un delito de menosprecio o humillación a las víctimas» dado que para que así fuera los insultos deberían «proceder del entorno del terrorismo» o de quienes legitiman los actos de las organizaciones terroristas.
En opinión de Zaragoza las expresiones proferidas a través de programas de radio «quedan al margen de la protección de la norma penal». «Ni por el contexto, ni por el contenido, ni por los fines perseguidos puede sostenerse que nos encontremos ante un delito de menosprecio o humillación a las víctimas», añade.
El fiscal jefe especifica que este rechazo a admitir la querella se realiza sin perjuicio de que se ejerzan «las acciones penales pertinentes en el caso de que se consideren injuriosas tales expresiones por afectar al honor de la querellante». La competencia -agrega- corresponde «a los órganos jurisdiccionales territoriales».
