(PD).- «El acoso que sufren permanente las 24 horas del día Telma Ortiz y su pareja es insoportable. No se puede consentir que Telma tenga que vivir su postparto a escondidas, en un infierno como el que está viviendo para no ser fotografiada», ha argumentado Fernando Garrido, abogado de Telma Ortiz, en el juicio que enfrenta a la hermana de la princesa de Asturias y su pareja contra la prensa rosa.
Telma, que trabaja para la Agencia de Cooperación Internacional en Filipinas, aunque ahora está de baja por maternidad, desea que sólo se capten imágenes de ella y de su familia cuando participen en actos oficiales como familia de la princesa de Asturias.
Quiere delimitar su vida privada de la pública. El caso, que ha comenzado a verse esta mañana en el Palacio de Justicia de Toledo, puede sentar un precedente sobre la frontera entre el derecho a la información y el del respeto a la vida privada.
«No son personajes públicos ni por cargo, ni por profesión ni por haber hecho ostentación pública ni por parentesco». Por eso, la petición de medidas cautelares para que no se publiquen fotos de su vida privada es «idónea, necesaria y equilibrada», ha seguido argumentando el letrado Fernando Garrido, quien citó el caso de los hermanos de los presidentes del Gobierno, a quienes «nadie conoce».
Garrido también criticó la «irrelevancia» de algunas de informaciones publicadas respecto a Telma Ortiz, en las que salió su imagen acompañada de titulares como «Telma en moto por Madrid», «Telma sabe cuidarse para mantener una piel sin brillos» o «Telma se coloca las gafas de sol».
Éste tipo de informaciones no responden al requisito de «interés general» necesario para informar sobre la vida de los personajes públicos.
Ésta es la primera vez que un personaje público presenta una demanda previa (es decir, que no demanda a los medios después de la publicación de una fotografía, sino en previsión de lo que puedan publicar).
La petición de medidas cautelares afecta a televisiones nacionales y varias autonómicas, agencias de noticias, revistas del corazón nacionales y varias empresas editoras.
Para plantear esta demanda, la pareja se ha amparado en el artículo 9 de la Ley de 5 de mayo de 1982 que desarrolla el derecho fundamental establecido en el artículo 18 de la Constitución sobre la protección al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.
La vista ha comenzado hacia las diez de la mañana en la Sala de Matrimonios del Palacio de Justicia. Alrededor de una treintena de personas se han manifestado en defensa de la prensa rosa a las puertas del lugar.
El portavoz de la plataforma nosgustalaprensarosa, Aitor Gómez, ha manifestado:
«La manifestación no es contra la hermana de la princesa de Asturias. No tenemos nada contra ella. Sólo queremos ser portavoces de una buena parte de la sociedad a la que le gusta y disfruta con la prensa rosa y no le da vergüenza decirlo».
Para facilitar el seguimiento de la vista, dada la expectación prevista, se han habilitado dos salas destinadas a los periodistas.
Derecho a la información y derecho a la intimidad
El debate no es nuevo y preocupa considerablemente al mundo de la prensa y del famoseo. El presidente de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP), Enric Bastardes, ha hablado esta mañana sobre el tema.
Considera que es importante que haya una «doctrina jurídica clara» sobre estos casos porque se dirimen los límites al derecho a una información relacionada con el cotilleo de la vida privada de unos famosos.
«A día de hoy, no ponemos la mano en el fuego por la prevalencia entre derecho a la intimidad o derecho a la información, porque es cierto que se producen abusos del derecho a la información, pero también por parte de gente que se querella en defensa de su vida privada cuando ésta la ha construido para salir en los medios», ha señalado.
A su juicio, las fronteras no están claras y es preciso que la Justicia hable con nitidez, porque «hablamos de derecho a la información cuando estamos hablando de cotilleo sobre la vida privada».
¿Tienen los famosos armas suficientes para defender su vida privada?
Otros expertos consultados sostienen que en España existe un marco jurídico suficiente para entablar acciones en defensa de la intimidad y la propia imagen. La Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue aprobada en el año 2000, preveía de forma genérica la posibilidad de ejecutar provisionalmente todas aquellas sentencias que declarasen la vulneración de derechos fundamentales.
Pero, en 2003, esta ley sufrió una modificación que ha provocado que quienes acuden a los tribunales para denunciar una intromisión en sus derechos constitucionales al honor, la intimidad o la propia imagen hayan de esperar una media de más de nueve años para ver satisfechas sus pretensiones.
