(PD).- Es la «natural» influencia que tienen los poderosos. Aprovechando la marea, que sube desde hace unos meses contra Federico Jiménez Losantos, la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado continuar la instrucción de la querella interpuesta por Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo PRISA, editor de El país, contra la estrella de la COPE.
Según subraya con gran alharaca El País, los magistrados entienden que en las expresiones emitidas por Losantos dentro del espacio La mañana del 27 de octubre de 2006 existen indicios suficientes de delitos por injurias y calumnias al honor de Cebrián.
En un auto, la Audiencia revoca la resolución de sobreseimiento dictada el 19 de julio de 2007 por el juzgado de instrucción número 40 de Madrid.
En aquel momento, peor que un tiro le cayó al totem del progresismo español, Juan Luis Cebrián, la sentencia dictada por el juez de intrucción número 40 de Madrid, «llamado De la Hoz aunque nada tenga que ver con el martillo». El de PRISA presentó una querella, que fue desestimada y ahora es reabierto el caso, por injurias y calumnias contra Jiménez Losantos, «un petimetre savonarola local». Y el miembro de la RAE aprovechó su tribuna, El País, para caer con toda su fuerza sobre el locutor, pero, sobre todo, contra el señor juez. Malos humos se gasta.
El Consejero Delegado del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, dudó sobre si la conveniencia de escribir un artículo con su rúbrica o no. Pero apostó por el sí. «La poca vergüenza» ha titulado el de la RAE su pieza. Sin desperdicio. Así comienza el texto:
«El señor juez de instrucción del Juzgado número 40 de los de Madrid es un personaje siniestro, se comporta como el niño bonito de la judicatura y sus actos menoscaban el prestigio de la democracia, pero no demuestra padecer vergüenza alguna por ello».
El motivo de la querella fueron las expresiones calumniosas, pronunciadas por Jiménez Losantos contra Juan Luis Cebrián, por entender que atentan contra su «dignidad personal, su nombre y crédito social».
Jiménez Losantos acusó a Cebrián, entre otras cosas, de «haber utilizado el 11-M de manera miserable, manipulando los muertos en el atentado de manera canallesca, abyecta y mentirosa, que ha manipulado la masacre, que se ha dedicado a hacer el trabajo sucio…».
También le acusó de haber cercado las sedes electorales del PP la víspera de las elecciones del 14 de marzo de 2004, y de haber falsificado y manipulado las pruebas del sumario del atentado del 11-M.
La Audiencia subraya la «enorme carga difamatoria» de las expresiones de Jiménez Losantos y sostiene que «no cabe duda» de que «merecen la calificación de injuriosas».
Añade que los epítetos dirigidos a Cebrián son «objetivamente aptos para constituir un atentado a la dignidad personal». Además, considera que existe base para afirmar que en dicho programa se vertieron afirmaciones que podrían ser calificadas «como constitutivas de expresiones calumniosas».
La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido también un recurso de queja presentado por Cebrián para que dé trámite al recurso de apelación contra la decisión del juez por la que éste rechazó la ampliación de la querella solicitada por Cebrián.
Esta ampliación, que deberá ahora admitirse, considera que Jiménez Losantos persistió en la misma «actitud atentatoria al honor, habiéndose emitido un nuevo programa radiofónico en el que se vertían parecidos insultos y acusaciones a los que se emitieron en el programa que dio origen a la querella inicial».
Jiménez Losantos fue condenado el mes pasado a pagar 36.000 euros de multa por vejar e injuriar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, desde el programa La mañana.
El juzgado número 6 de lo Penal de Madrid consideró que utilizó de forma reiterada imputaciones gravemente ofensivas contra la dignidad de Ruiz-Gallardón.
Esto escribía Cebrián en El País a principios de agosto de 2007:
«El caso es que el señor juez de instrucción titular del Juzgado número 40 de Madrid, llamado De la Hoz aunque nada tenga que ver con el Martillo, acaba de dictar un auto en el que asevera que el uso de estos y otros peores vocablos, proferidos contra mí en su día, no constituyen nada delictivo.
(…) Por todo lo cual archivó hace días una querella interpuesta por mí en febrero contra un locutor de la radio episcopal, en cuyas ondas el octavo mandamiento y las enseñanzas del sermón de la montaña han quedado definitivamente abrogados.
(…) Mis opiniones ahora expresadas no me abrirán quizá mejor sendero entre la jungla procesal, pero servirán para comprender por qué jueces de la encarnadura del señor De La Hoz Que No Del Martillo continúan atropellando con sus autos último modelo a no pocos ingenuos contribuyentes, todavía empeñados en manifestar su / nuestra fe en los tribunales de justicia, que en mi caso sigue impoluta pese a incidentes como éste.
(…) La cuestión nos debería preocupar tanto más cuanto que desde hace años determinados medios, vinculados por lo común a la derecha política y al integrismo religioso, vienen atizando verbalmente la hoguera de la tensión, propiciando un ambiente irrespirable en nuestra vida política. Algunos portavoces parlamentarios han hecho suyo este estilo, jaleado desde determinados micrófonos y santificado desde muy elevados púlpitos.
(…) Ante la necesidad de explicar por qué considera adecuado que se empleen insultos y mentiras en la polémica periodística, el magistrado ha redactado un largo alegato en el que llama en su auxilio nada menos que a John Stuart Mill para argumentar su fallo».
El fundador del diario El País explica los motivos que le llevaron a tratar de enchironar al famoso periodista turolense:
«En su día decidí -lo mismo que hizo Jesús Polanco- querellarme contra un petimetre savonarola local que, desde la radio, incendia cada mañana con su intolerancia la convivencia española. No sólo pretendía yo reparar mi honor y el de mis colaboradores, sino comprobar también en qué medida la aplicación de las leyes podría resolver lo que el fanatismo y la ausencia de sentido común vienen provocando desde hace años en el debate público».
Y, con ironía gorda, concluye:
«Pero quizá estoy equivocado, y gracias a la resolución del señor juez De La Hoz Aislada Del Martillo -salvo que sea el de machucar herejes- saldré de mi error. Aprenderé entonces que llamar bellaco a una persona, tratar de destruir su nombre o su reputación, perjudicar sus empresas y amedrentar su entorno, corresponde al universo de la deliberación política y no al de los comportamientos antisociales. Si al señor juez no le da vergüenza esto, a mí tampoco. En adelante, de acuerdo con la permisividad sancionada por el uso, podremos dedicarnos todos a utilizar términos duros contra los discrepantes y organizar un pimpampum como es debido. Eso sí, no crea nadie que su culo ha de infundir necesariamente más respeto que el de los príncipes, expuesto ya al sarcasmo público».
