«Franco Wanted» y Carrillo… ¿para cuándo?

"Franco Wanted" y Carrillo... ¿para cuándo?

(PD).- Garzón se ha lucido con un auto en el que exige al Registro Civil que certifique la muerte del general Franco en el plazo de diez días para «declarar extinta su responsabilidad penal» en la Guerra Civil. El juez transforma lo que hasta ahora eran diligencias previas sobre los desaparecidos en la Guerra y el franquismo en un procedimiento penal contra Franco, Mola, Serrano Suñer,… a los que acusa de delitos asimilables al genocidio. David Gistau le pone la pimienta.

David Gistau deja este viernes un magnífico «AL ABORDAJE», su columna en el diario El Mundo, sobre el tema de Garzón y su auto de la Guerra Civil. Bajo el título de «Franco Wanted» dice:

A la espera de que se declare competente para investigar el genocidio de los dacios e imputar a Trajano, quien por cierto tiene tallada en su columna del Foro toda una confesión, Garzón ya ha tenido la deliciosa ocurrencia de abrir diligencias contra Franco. Quien, de no evitarlo el certificado de defunción solicitado, pasaría a estar en busca y captura -«¿Ha visto usted a este hombre?», preguntaría la Policía mostrando un sello de los antiguos o una vieja moneda de duro con el perfil del espadón- e incluso podría inaugurar el método de interrogatorio a través de oui-ja: «Si te alzaste en el 36, lleva el vaso al Sí…».

Esta última garzonada no hay que entenderla como un ejemplo de mentecatez burocrática comparable a la de aquel juez austriaco que abrió una investigación para aclarar las circunstancias del asesinato de Oetzi, el Hombre de Hielo que llevaba 5.300 años sepultado bajo las nieves alpinas. De lo que se trata, superando todo sentido del ridículo, es de infligir a Franco y su cúpula un trato de simples criminales que los derribe de la hornacina histórica. Por eso Garzón no percibe que la ley de Amnistía del 77 o la renovación de ciclo de la Transición estorben su propósito. Porque el propósito del auto, una suerte de respuesta tardía a Madrid, de Corte a Checa con mucho peor escritura, no es judicial, sino político. Situar a su autor como un perfecto hombre del Régimen que cumple con los parámetros sectarios de la revisión histórica y que hace coincidir su Franco Wanted con un vacío institucional en la presidencia de la Audiencia Nacional que no se llena a base de dejar que escapen narcos turcos ni de igualar la vanidad con un proceso que, como el de la fotosíntesis, necesita luz, en este caso la de los focos.

Y le recuerda Gistau que ahí está Santiago Carrillo:

Más provechoso, pero menos fotogénico, habría sido abrirle diligencias a Castro. O al mismo Carrillo, que es el único personaje de aquellos tiempos que no puede esconderse en el burladero de un certificado de defunción, y sin embargo no aparece en la lista de Garzón. Como los animales de la granja revolucionaria de Orwell, todos los muertos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y esta percepción moral impuesta por la propaganda y por la ignorancia histórica es la que permite al auto de Garzón ser maniqueo y parcial hasta unas dimensiones groseras.

Garzón no es el primer héroe moderno que agarra a Franco por las solapas. Ya anduvo por Nuevos Ministerios aquel Mendiluce que optaba a la alcaldía de Madrid, desafiando a la estatua para que bajara del caballo. Tan atemporal y fatuo, el desafío de Garzón a Franco, si es que ha muerto, cosa que en la Audiencia está por probarse, recuerda a la famosa anécdota de Manuel Ortega, mozo de espadas de El Gallo. Después de viajar desde Sevilla a Madrid, el tren le bufó vapor en el andén de Atocha: «Esos cojones, en Despeñaperros». Esos cojones, en Cuba, o con los supervivientes culpables de las checas. Y del chivatazo del bar Faisán, ¿alguna novedad en la Audiencia?

PÚBLICO Y SU PORTADA MEMORABLE

Memorable es este viernes la portada del diario de los amigos de Zapatero. Sin esconder su entusiasmo por la «garzonada», Público dice: «72 años, 2 meses y 28 días después del golpe del 36… Franco y sus generales acusados de crímenes contra la humanidad». Para ilustrar de la línea del periódico de Roures y Nacho Escolar, sirva esta columna de Manuel Saco: «16 Oct 2008 El delito de genocidio del régimen franquista, por fin».

Está todo tan raro que el hecho de llegar acuerdos entre los grandes partidos puede ser considerado una actitud subversiva. De ello está teniendo pruebas sobradas estos días Mariano Rajoy, con algunos sectores del fundamentalismo de la estrategia de la tensión alarmados por lo que consideran una falta de firmeza de su líder. Todos ellos, convenientemente excitados por los medios de la ultraderecha mediática y episcopal. Aunque la historia explotó ya hace tiempo, con la defección de Oreja y San Gil, cuentan en los aledaños de Génova 13 que el malestar se está extendiendo ahora al ritmo con el que crecen las palmadas y las sonrisas que Rajoy le dedica a Zapatero.

Recordad que anteayer acordaron reavivar el Pacto de Toledo y formar la “Mesa de Reformas Estructurales” de la economía. Antes, ambos partidos, tal como nos anunció Rubalcaba, habían llegado a un acuerdo sobre la ley de las víctimas del terrorismo. No sé a dónde vamos a ir a parar.

Porque en este último punto sí que existen distintas sensibilidades que parecen irreconciliables. Para empezar, la propia definición de quién es víctima del terrorismo, y quién no, ralentizó durante décadas la lucha antiterrorista, un concepto que en lugar de unir a los demócratas sirvió de munición para el debate electoral más repugnante y suicida.

La derecha liderada por George W. Bush reparte los carnets internacionales de terrorista a su antojo, y nuestra derecha mimética dice amén. Salen y entran en la lista de los malos, al antojo de la CIA, Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia… según vayan soplando los vientos de los intereses geoestratégicos.

La izquierda española, en cambio, exige el pago de una deuda histórica. Tiene pendiente desde hace sesenta años que alguien defina como terrorismo de Estado el ejercido por el régimen golpista, sus escuadrones falangistas de la muerte y los autores de las pantomimas de juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a miles de inocentes.

Los herederos políticos de aquellos bárbaros querrían jugar con la lista a su antojo, como hace el emperador Bush, y bautizar los crímenes de aquella guerra y postguerra española como “santa violencia”, en palabras que firmaría sin duda el santo farsante Escriva (más tarde Escribá) de Balaguer. Pero llegó Baltasar Garzón y mandó parar. El juez parece decidido a imputar por fin un delito de genocidio al régimen franquista, tras las denuncias presentadas por las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior. Aunque tiene tantos sumarios pendientes en su juzgado que no sé hasta donde podrá o sabrá llegar.

En no pocos círculos jurídicos dudan de que esto sea el comienzo del gran juicio pendiente. Desconfían del edificio jurídico sobre el que está montado el sistema de denuncias. Pero llegue o no a buen puerto, me temo que para el PP aquellos muertos y desaparecidos jamás tendrán la consideración de víctimas del terrorismo a los que amparar con ley alguna. Y menos, aún, si lo dice Garzón.

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