El PP maniobra para evitar que el Gobierno ZP pueda cerrar páginas web sin autorización judicial

(PD).- El Partido Popular quiere acabar con la facultad que el Gobierno de Zapatero adquirió hace menos de un año para cerrar, sin intervención alguna de la autoridad judicial, páginas web.

Explica Federico Quevedo en El Confidencial que, a tal fin, ha registrado una proposición de Ley que se debatirá en el pleno del Senado el próximo miércoles 29 y que defenderá el senador José María Chiquillo, para reformar la Ley 56/2007 de 28 de Diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

El PP considera que el Gobierno de Zapatero dejó una puerta abierta a la arbitrariedad y al autoritarismo, que es imprescindible cerrar. Según los populares, el comportamiento de Zapatero respecto a Internet recuerda mucho a cómo afrontó la Europa del siglo XV el nacimiento de la imprenta o a las primeras regulaciones que se hicieron, tras su aparición, de la radio y la televisión.

Para el Grupo Popular del Senado, “no es de recibo que un Gobierno, en teoría democrático y comprometido con las libertades, muestre tal grado de desconfianza, intolerancia e intervencionismo respecto a un fenómeno relacionado con las comunicaciones”.

Según el PP, es evidente que Internet encierra peligros, pero “el control gubernamental, sin mediación ni intervención judicial alguna, también”.

Por eso, en su reforma de la Ley, el PP plantea que se incluya una referencia a la intervención judicial, que sería preceptiva antes de proceder al cierre de cualquier contenido digital, como máxima garantía de la libertad de expresión. Los medios de Internet se equipararían así a los escritos y audiovisuales tradicionales.

Derecho a la libertad de expresión

En la exposición de motivos de su proposición de Ley, los populares recuerdan que la Ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se aprobó el pasado año, para reformar diversos aspectos de la legislación en materia de nuevas tecnologías, establece en su artículo 4 que las restricciones a la prestación de servicios podrán ser llevadas a cabo por “órganos competentes” y no requiere como indispensable una intervención judicial para adoptar las citadas medidas de cierre.

De esta manera podrían quedar limitadas las garantías de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, puesto que toda página web es una publicación y, por lo tanto, cualquier secuestro o control de sus contenidos estará afectando a un derecho fundamental.

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