El Grupo Prisa sufre una nueva derrota jurídica en la guerra del fútbol

(PD).- Prisa ha sufrido una nueva derrota en la guerra del fútbol. El Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid ha desestimado, una vez más, una petición de Audiovisual Sport (la empresa de Sogecable) para impedir el acceso de Mediapro a los estadios de fútbol de Primera y Segunda División.

El juzgado de primera instancia número 56 de Madrid ha desestimado una petición de Audiovisual Sport (AVS)-Sogecable para impedir el acceso de Mediapro a los estadios de fútbol de primera y segunda división A.

En un comunicado, Mediapro señala que el auto del juzgado «avala» su actuación en la guerra del fútbol y «legitima» el acceso de sus cámaras para la transmisión en directo y diferido de los partidos de la Liga.

Según el auto, al permitir el acceso de Mediapro a los estadios, los clubes de fútbol «se limitan a cumplir los contratos que tienen firmados» así como el contrato de 24 de julio de 2006 firmado entre AVS/Sogecable, Mediapro y Televisión de Cataluña.

A este respecto, AVS recuerda que la vigencia del mencionado contrato es precisamente la postura que viene defendiendo «desde el inicio de este litigio».

AVS manifiesta que Mediapro «ha roto» el contrato apropiándose de partidos para su emisión en abierto, excediendo el número pactado en el contrato (un encuentro por jornada de primera división) y ofreciendo partidos en un canal de pago creado por la propia Mediapro.

«Sin pagar un solo euro»
Además, lo ha hecho «en contra de su compromiso de que sólo Canal + retransmitiera un partido en pago por semana, incumpliendo su obligación de aportar a AVS los contratos firmados con los clubes y sin pagar un solo euro por los derechos que está usando fraudulentamente: más de 200 millones de euros», subraya AVS.

Por su parte, Mediapro opina que lo que AVS pretendía con su petición cautelar era «obviar las previas resoluciones en su contra» de la Audiencia Provincial de Madrid.

Por otro lado, Javier Tebas, representante legal de viarios clubes implicados en el caso (Almería, Málaga, Valladolid, Numancia, Osasuna, Mallorca y Sporting de Gijón) ha señalado que esta resolución «posibilita el mantenimiento del actual modelo de explotación».

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