(PD).- El Tribunal Superior de Justicia de Valencia llamó a declarar a Francisco Camps como imputado por el caso de los trajes. Con retardo, el diario El País editorializaba: «Y por más que ahora sus portavoces traten de hacer contorsiones de rábula para minusvalorar la decisión del tribunal, imputado es imputado». De la misma manera, el juez Garzón se va a sentar en el banquillo por un delito de prevaricación. Con su doble vara de medir, dice el editorialista: «El Supremo ha entreabierto una peligrosa cancela admitiendo a trámite la querella contra Garzón». Dos semanas después imputado ya no es imputado.
Bajo el título de «imputado es imputado», el diario de El País decía:
«El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha citado como imputado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a su segundo en el Partido Popular de aquella comunidad, Ricardo Costa, en relación con la investigación abierta por cohecho en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. La decisión del tribunal demuestra que la instrucción del juez Baltasar Garzón sobre la presunta implicación de la Generalitat no podía ser despachada con la ligereza empleada desde el principio por la dirección nacional del PP. Y por más que ahora sus portavoces traten de hacer contorsiones de rábula para minusvalorar la decisión del tribunal, imputado es imputado».
Meridianamente clara la tesis. Pero, sólo dos semanas después, conocida ya la imputación del juez Baltasar Garzón -instructor del caso Gürtel-, por sus investigaciones sobre el franquismo y la Guerra Civil, el diario El País olvida su tajante «imputado es imputado». Ahora hay otros flecos a los que agarrarse. «Una querella temeraria» se titula:
«La querella por prevariación que ha interpuesto el sindicato Manos Limpias contra el juez Garzón por la causa abierta contra el franquismo constituye un monumento a la temeridad y a la mala fe. Y lo lamentable es que el Tribunal Supremo no sólo no haya puesto coto a una actuación así, sino que le haya dado alas admitiendo a trámite la querella con el argumento de que ab initio -es decir, en una inicial aproximación al caso- no resulta absurda e irracional la hipótesis de la prevaricación respecto de un juez cuya actuación ha estado sometida a una fuerte controversia procesal sobre su competencia en la causa que tramitaba».
«No es anecdótico en este caso fijarse en quién ha puesto en marcha la maquinaria judicial contra Garzón. Lo de menos es que el dirigente y posiblemente único militante del sindicato querellante sea un conocido ultraderechista; lo relevante es que se trata de un experto en la fabricación de querellas al servicio de sus opciones o intereses políticos e ideológicos en las más diversas causas, instrumentalizando para ello la acción popular, como sabe el Tribunal Supremo».
«Tampoco es anecdótica la esquizofrenia judicial mostrada por el PP en el caso: celebra por todo lo alto la posible imputación de Garzón mientras parece no haberse enterado todavía de la de Camps; y ensalza al Supremo por su actuación contra Garzón mientras que su secretaria general acusa al Tribunal Constitucional de actuar «al margen de la realidad» por haber validado la candidatura de II-SP a las elecciones europeas y la tercera de la lista para las europeas afirma no tener «ningún respeto» a este tribunal por haber actuado así».
Y concluye:
«El Supremo ha entreabierto una peligrosa cancela admitiendo a trámite la querella contra Garzón».
