El triste balance de la libertad de prensa en Marruecos tras diez años de reinado de Mohamed VI

Con motivo de cumplirse el décimo aniversario de la llegada al trono de Marruecos de Mohamed VI, el 23 de julio de 1999, Reporteros sin Fronteras (RSF) señala que, después de unos progresos reales al comienzo del reinado, se han multiplicado los retrocesos y crispaciones, sobre todo a partir de 2002.

Actualmente la prioridad sigue siendo la reforma de un código de prensa que es demasiado severo. En efecto, en el transcurso de los últimos diez años la justicia marroquí ha distribuido 25 años de cárcel entre algunos periodistas, y dos millones de euros en multas a diversos medios de comunicación.

Es innegable que en estos últimos diez años han mejorado las condiciones de trabajo de los periodistas marroquíes porque las “líneas rojas”, si bien siguen existiendo, han retrocedido gracias a la tenacidad de la prensa independiente y al deseo de flexibilización del propio Mohamed VI. A pesar de los riesgos de acciones judiciales, ahora los periodistas marroquíes pueden abordar con cierta audacia temas que hace diez años eran totalmente tabúes, como el Rey y la monarquía, el gobierno, el Islam, la sexualidad, el Sahara occidental…

También hay que aplaudir el hecho de que en este momento no haya ningún periodista encarcelado por un “delito de prensa”, aunque también es cierto que sigue habiendo muchos detenidos de opinión.

Desde 1999 la prensa marroquí ha vivido una auténtica explosión de cabeceras de prensa escrita, tanto en diarios como en semanarios. Por otra parte, una primera oleada de liberalización del audiovisual marroquí, iniciada en 2006, tuvo como consecuencia el aumento del número de radios y canales de televisión, que ofrecen al público un pluralismo desconocido hasta entonces en el reino.

Sin embargo, la segunda oleada de concesiones de licencias de radios y televisiones, en febrero de 2009, se ha considerado decepcionante por unanimidad, a pesar de la imparcialidad del Consejo Superior de la Comunicación Audiovisual (CSCA). De hecho solo van a conseguir autorización para emitir cuatro nuevas radios regionales, y con vocación temática (de entre 23 candidatas). No se ha concedido ninguna licencia televisiva.

Aunque ahora Marruecos tolera la existencia de medios de comunicación más críticos, y de una mayor libertad editorial, el Palacio sigue sin aceptar el auténtico rol de la información. El poder deja un margen de maniobra a los periodistas de la prensa escrita porque solo el 1% de la población marroquí compra periódicos. Y además esa independencia solo compite a algunas cabeceras, entre las que están Tel Quel, Le Journal hebdomadaire, etc.

Las trabas, arcaísmos y reacciones arbitrarias se mantienen. Hay periodistas y fotógrafos que padecen frecuentemente la brutalidad policial, y a los que se confisca el material. El 10 de febrero de 2009 veinte agentes de las fuerzas de seguridad hicieron una incursión en los locales del semanario en lengua árabe Al Ayam, por el único motivo de que tenía una foto sin publicar de una mujer miembro de la familia real. El periódico había solicitado autorización para publicarla.

Cerca de 25 años de cárcel para periodistas desde 1999

Por otra parte, el código de prensa marroquí sigue manteniendo penas de privación de libertad. La última revisión del código se remonta a mayo de 2002, y provocó la rabia de los periodistas. Aunque las penas de cárcel por delitos de prensa se redujeron significativamente (un máximo de cinco años por atentar a la dignidad del rey, frente a los veinte años de antes), siguen manteniéndose en sus principios.

En paralelo, se amplió en el artículo 41 -el más severo- la noción de “difamación” de la religión musulmana y la integridad territorial. Por otra parte, el poder de prohibir (o suspender) los periódicos ya no es una prerrogativa administrativa sino judicial. Una disposición que puede ser positiva en sí misma pero que está muy lejos de ser suficiente en el marco marroquí, donde la justicia no es independiente.

Por tanto se impone una reforma, en el sentido de una despenalización de los delitos de prensa. El código de prensa, a la vez represivo y vago, sigue representando una amenaza. En los últimos años han condenado a penas de cárcel a periodistas y bloggers como Alí Lmrabet, Abderramán Badraoui, Anas Tadili, Mustafá Hormatallah, Younès Erraji o Fouad Mourtada.

“El caso Lmrabet” ocupó muchas páginas en las crónicas de 2003. Alí Lmrabet, director de las publicaciones satíricas –las primeras del género en Marruecos- Demain magazine y Douman, fue acusado entonces de “atentado al régimen monárquico, desacato a la persona del rey y atentado a la integridad territorial”, y condenado a tres años de cárcel. Salió en libertad, por indulto real, el 7 de enero de 2004, pero sus periódicos siguen prohibidos y él mismo tiene prohibido, desde el 12 de abril de 2005, ejercer la profesión durante diez años.

La reforma de 2002, tres años después del acceso al trono de Mohamed VI, representó un primer endurecimiento y el comienzo de una cierta flexibilización del régimen. En mayo de 2003, la aprobación de una ley antiterrorista volvió a despertar temores en la profesión dado que algunos pasajes, demasiado vagos, relativos a la cobertura de la cuestión terrorista, podían prestarse a interpretaciones abusivas. En 2007, los miembros del gobierno y los profesionales de la prensa empezaron a hablar de un nuevo proyecto de reforma del código de prensa, que actualmente se encuentra en punto muerto.

Más de dos millones de euros en multas a redacciones de periódicos desde 1999

En los últimos cuatro años, la disminución de las condenas a penas de prisión incondicional ha tenido como contrapartida un aumento en el número de procesos abiertos oficialmente, o no, por el Palacio, a responsables de periódicos. Estas condenas a multas exorbitantes y desproporcionadas tienen el objetivo de asfixiar las publicaciones.

Al Massae y su director, Rachid Nini, fueron condenados en octubre de 2008 al pago de una multa de 6 millones de dirhams (550.000 euros) por “difamar” a los fiscales reales de la región de Ksar El Kébir. El 29 de junio de 2009, los tres diarios Al-Jarida, Al-Aoula y Al- Ahdath Al-Maghria, y Al-Massae, fueron condenados a pagar en conjunto la suma de tres millones de dirhams (270.000 euros), en concepto de daños y perjuicios por “atentado a la dignidad de un Jefe de Estado”, como consecuencia de la publicación de unas tribunas de opinión en las que criticaban al presidente libio Muamar El Gadafi.

Veinticuatro horas después, el mensual Economie & Entreprises fue condenado, en apelación, al pago de 5,9 millones de dirhams (531.000 euros) por “difamar” a un holding real.

Hay también otros problemas que subsisten. El acceso a la información continúa siendo difícil y ni la justicia, ni las fuerzas de seguridad, respetan la protección del secreto de las fuentes.

Además, se siguen censurando algunas publicaciones extranjeras cuando no gusta su contenido. Al número 2991 del semanario francés L’Express se le prohibió la entrada en Marruecos (y después en Argelia y en Túnez) a causa de la portada del 30 de octubre de 2008 sobre el Islam, que llevaba el titular: “El enfrentamiento Jesús-Mahoma. Su itinerario. Su mensaje. Su visión del mundo”. Las autoridades se apoyaron en el artículo 29 del código de prensa que les autoriza a prohibir publicaciones “cuando atenten a la religión islámica, el régimen monárquico, la integridad territorial, al respeto debido al rey o al orden público”. Más recientemente, el 16 de julio de 2009 el Ministerio de Comunicación ha prohibido el número 975 (del 9 al 16 de julio de 2009) del semanario francés Courrier internacional.

Conclusiones:

Más liberal que su padre Hassan II, el rey Mohamed VI hace gestos contradictorios en cuanto a su auténtica voluntad de democratizar el régimen y al país. A este respecto, una reforma profunda del código de prensa representaría un paso beneficioso.

Reporteros sin Fronteras pide la abrogación de los artículos que incluyen penas de privación de libertad, una mayor proporcionalidad en las condenas, sobre todo en las económicas y, más globalmente, una formulación más clara de las disposiciones más represivas, como el artículo 41 que deja un amplio margen a la arbitrariedad del poder judicial. Deben abolirse, o dotarse de condenas menos graves, las disposiciones que castigan declaraciones consideradas “ofensivas” o “ultrajantes” para los responsables marroquíes y extranjeros, y aquellas que reprimen las declaraciones que “atentan” contra la monarquía, el Islam o la integridad territorial del país, o las que contienen “noticias falsas” que “alteran el orden público”.

Una justicia independiente, unos periodistas mejor formados, unas fuerzas de seguridad entrenadas en la cultura de derechos humanos y una administración más transparente, deben responder a esos objetivos. Es necesario, finalmente, que el Palacio considere la libertad de información como un pilar de la democratización y modernización de Marruecos, y no como una caja de Pandora que amenaza a la monarquía.

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