Lopera destaca que se hayan despejado «las dudas» sobre la titularidad de las acciones de Farusa

El ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha indicado, mediante un comunicado remitido a Europa Press por su abogado defensor, que se han despejado «las dudas» sobre la titularidad de las acciones de ‘Farusa’, saliendo así al paso de las últimas informaciones referidas al procedimiento penal seguido contra él por presunto delito societario en la gestión del Betis en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Así, considera que el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 17 de septiembre pasado confirma que la cuestión de la suscripción y desembolso de todas las acciones de ‘Farusa’ «está fuera del objeto de la esta causa». En consecuencia, añade, esta nueva resolución de la Sala despeja «las dudas vertidas por los peritos sobre la titularidad de las acciones del Betis vendidas por ‘Farusa’ a ‘Bitton Sport’ y deja sin fundamento alguno las medidas cautelares que paralizaron su venta, por lo que debieran ser inmediatamente revocadas».

Lopera también considera que en el mencionado Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se desarrolla una investigación que abarca desde acuerdos de la Junta Directiva del Betis, del año 1991, hasta escrituras notariales, pagos y decisiones del Consejo del club fechados en el mes de agosto de 2010. «Como cualquiera puede comprender, un procedimiento penal que abarca hechos ocurridos a lo largo de diecinueve años carece de sentido, y constituye una investigación general prohibida en nuestras leyes» , apunta.

UN JUEZ INSTRUCTOR «NI JUZGA NI PUEDE ACUSAR»

El ex dirigente estima, asimismo, que un juez de instrucción, conforme a las leyes vigentes, «ni juzga ni puede acusar», ya que su obligación, sus facultades y sus poderes se justifican «por la función de investigar delitos, acopiando todos los datos que resulten de interés, tanto los que perjudiquen a los investigados como los que les favorezcan».

Por ello, se agrega, «a pesar del tenor de algunas resoluciones dictadas», Lopera solicita a los medios de comunicación que eviten en sus titulares «hacer una condena pública anticipada e injusta, pues hasta ahora tan sólo está abierta una mera investigación judicial».

Además, se indica que, por medio de los autos de 16 de julio último y 3 de agosto, pendientes de recurso ante la Audiencia Provincial, el órgano que los ha dictado se ha atribuido el ejercicio de los derechos políticos de las acciones del paquete de control del Betis.

Como consecuencia, en tanto no sean revocadas tales resoluciones, la gestión y dirección del Betis ha quedado vinculada a la actuación de un juzgado de instrucción que lleva a cabo una investigación que, por su amplísima extensión temporal, pudiera ser larga.

Así, Lopera manifiesta que «esta situación jurídica sin precedentes, excepcional, manifiestamente irregular y anómala, es por completo distinta de otros supuestos de administraciones judiciales conocidas en el ámbito del fútbol profesional, que fueron realizadas, desde luego, sin alterar las mayorías accionariales».

CONFIANZA EN LOS TRIBUNALES

Finalmente, Manuel Ruiz de Lopera expresa de nuevo su confianza en los tribunales y en que, tras el análisis de los hechos investigados, quede acreditado que no son constitutivos de delito alguno.

Igualmente, recalca su «decidida voluntad de impulsar en su momento oportuno, y siempre que no perturbe el normal curso de esta investigación en curso, la depuración de las responsabilidades que fueran constatadas y la exigencia de reparación de los perjuicios ocasionados», a quienes pudieran estar actuando de forma consciente en contra o fuera de los cauces previstos en la ley.

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