Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez que investiga un delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Betis dice que el comprador de sus acciones, Luis Oliver, se dedica a comprar empresas en crisis y que sus compañías «carecen de capacidad financiera» para la operación.
En dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil precisa que las empresas que intervinieron en la operación, firmada en julio pasado, fueron compradas por Luis Oliver y Ángel Vergara «por el precio de un euro, lo que indica que carecen de capacidad económica-financiera para cumplir sus obligaciones de la operación, y, en consecuencia, generar los recursos necesarios».
La operación, además, fue garantizada personalmente por Oliver, del que la Guardia Civil dice que «puede afirmarse que carece de propiedades inmobiliarias registradas a su nombre».
Se trata de un empresario que se dedica a «adquirir empresas en situación de crisis», para gestionarlas y «una vez superada la misma, volver a venderlas a su anterior propietario».
Además, las empresas avalistas de la venta del 53 por ciento de las acciones de Lopera «han perdido la relación que tenían con los grupos inmobiliarios y entidades financieras» que tenían en julio.
Los expertos de la Guardia Civil sostienen que la operación de compra-venta de las acciones por parte de Bitton Sport, la empresa de Oliver, «queda marcada por un acuerdo que hasta ahora no ha sido conocido, que es la pignoración de las acciones adquiridas por parte de Bitton Sport a FARUSA», propiedad de la familia Ruiz de Lopera.
«Contemplar un escenario de vuelta de la propiedad de las acciones del Real Betis a FARUSA no es en absoluto complicado, pues el hecho de que las acciones de encuentren pignoradas hace que un impago por parte de Bitton Sport no sería difícil dada su falta aparente de soporte financiero», añaden.
Dicha pignoración «supone que las acciones quedan en poder de FARUSA como acreedor pignoraticio, si bien los derechos políticos serían ejercidos por Bitton Sport», situación que la Guardia Civil califica de «especialmente reseñable el hecho de que no se haya dado a conocer».
Entre otras irregularidades, el informe dice que en la tarde del 21 de julio pasado, Oliver y Vergara compraron acciones del Betis a varios socios, pese a que «ese mismo día por la mañana» la propia Guardia Civil informó al entonces presidente de la entidad deportiva, José León, del auto de medidas cautelares emitido por la juez de instrucción y el directivo les declaró que «Oliver no era propietario de ninguna acción del Real Betis».
Al menos dos de los socios vendedores declararon a los investigadores policiales que la venta se gestó el mismo 21 de julio, que José León les recogió personalmente en su casa para llevarles al notario y que una vez allí «les hicieron ver la necesidad de hacer constar la existencia de un contrato previo».
Esta circunstancia «tiene especial relevancia no solo por la supuesta falsedad cometida en el acto notarial al hacer constar actos que realmente no habían sucedido», sino porque el nombramiento de Oliver como consejero por cooptación lo fue como consecuencia de su condición de propietario de determinadas acciones cuya venta fue suspendida, dice el informe.
La juez de instrucción, que ha imputado a Lopera por un presunto delito societario que habría causado al Betis perjuicios de 12,9 millones de euros, suspendió cautelarmente la venta de las acciones y mantiene en la actualidad a unos administradores judiciales encargados de la gestión de ese paquete mayoritario.
